La Comisión Europea ha lanzado este miércoles una investigación sectorial sobre las ayudas públicas que conceden España y otros diez países a las compañías eléctricas para garantizar la seguridad de suministro a través de los denominados 'mecanismos de capacidad', pagos que reciben determinadas centrales (sobre todo, los ciclos combinados de gas, pero también las de carbón, fuel y ciertas hidráulicas). Bruselas quiere verificar si favorecen a determinados productores o tipos de tecnología o si se establecen barreras que obstaculizan el flujo de electricidad entre los Estados miembros.
Además de España, el resto de países investigados son Francia, Alemania, Italia, Polonia, Bélgica, Croacia, Dinamarca, Irlanda, Portugal y Suecia. En todos estos Estados miembros existen mecanismos de capacidad o planes para ponerlos en marcha. Como regla general, estos mecanismos prevén compensaciones suplementarias a las eléctricas, además de los ingresos que obtienen de la venta de electricidad en los mercados, a cambio de que mantengan las capacidades existentes o realicen inversiones en nuevas capacidades para garantizar la seguridad de suministro.
“Los Gobiernos tienen un interés legítimo de garantizar que haya un suministro suficiente de electricidad y que los hogares y la industria no sufran apagones”, ha dicho la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, en un comunicado.
No obstante, Vestager ha dejado claro que su papel es garantizar que “las medidas públicas para impulsar las inversiones en el suministro de electricidad no favorezcan indebidamente a determinados productores o tecnologías, o creen obstáculos al comercio a través de las fronteras nacionales”. “Por ejemplo, en algunos casos puede ser más eficaz invertir en mejorar las interconexiones de la red de electricidad entre los Estados miembros que construir nuevas plantas de electricidad”, ha apuntado la responsable de Competencia.
Para Vestager, esta investigación sectorial “envía una señal clara a los Estados miembros para que respeten las reglas de la UE en materia de ayudas de Estado cuando pongan en marcha mecanismos de capacidad y contribuye al objetivo de construir una auténtica Unión de la Energía en Europa”.
El aviso de Cañete
Hace un mes, en una visita a Madrid, el comisario europeo de Energía y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, vaticinó un panorama “muy complicado” para las eléctricas tradicionales, por las enormes inversiones en redes que deberán acometer en los próximos años y ante los sistemas tarifarios en vigor, que instó a liberalizar. En una charla en FAES (la fundación del PP), Cañete instó a “ver cómo se plantea” la retribución de las fuentes tradicionales (esencialmente centrales de gas natural) que sirven de “back up” a las energías renovables. El “problema de los pagos por capacidad” a estas tecnologías de respaldo es “para mí una pesadilla”, porque “en cada país se apoya de una manera”, dijo, en un aviso que hoy suena a advertencia.
Se trata de la primera investigación sectorial que el Ejecutivo comunitario lanza en materia de ayudas públicas. Hasta ahora, las iniciativas similares de Bruselas se habían circunscrito a los posibles problemas de competencia en determinados sectores.
Bruselas enviará ahora una serie de cuestionarios a las autoridades públicas y los actores del mercado en los 11 Estados miembros investigados. Asimismo, se reserva el derecho de ampliar sus pesquisas a otros Estados miembros. Después evaluará las respuestas y publicará un informe preliminar antes de finales de año, que someterá a consulta pública. Los resultados finales de su investigación se conocerán a mediados de 2016.