Bruselas mantiene el plazo para los planes de estabilidad de España y pide información sobre la respuesta al coronavirus

A veces se acusa a Bruselas de ser una burbuja burocrática. Sea o no cierto, lo que es indiscutible es que hay una serie de normas que hacen que la maquinaria comunitaria no se pare nunca. Y una de esas normas es que, llueva, nieve o la UE se encuentre sumida en la mayor de las crisis económicas y humana desde la Segunda Guerra Mundial, hay que entregar una serie de documentación antes de que acabe el mes de abril.

¿Por qué? Porque toca, de acuerdo con las normas comunitarias.

Así, los 27 entregarán antes del 30 de abril los respectivos programas de Estabilidad y de Reformas. Así lo fija el Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas. Es decir, el control que ejerce la UE sobre las economías de los países.

En ambos documentos, los gobiernos explican la evolución de la economía, la agenda de reformas y el cumplimiento de las recomendaciones específicas formuladas por las instituciones, además de exponer el escenario macroeconómico y fiscal a medio plazo.

Un escenario profundamente incierto y dependiente del impacto del coronavirus, tanto por su magnitud como por su duración.

España llega a esta crisis después de crecer un 2% en 2019, por encima de la media de la zona euro por quinto año consecutivo. Pero el frenazo va a ser considerable, en la línea de Francia, como ha anunciado el FMI, que prevé una caída del 8% del PIB y una subida del paro hasta el 20,8% para España en 2020 por el coronavirus.

A pesar de esta situación excepcional, la Comisión espera que los Estados miembros remitan sus programas de estabilidad y convergencia antes de que acabe abril, en cumplimiento de la legislación comunitaria.

El Ejecutivo comunitario, en todo caso, quiere que el proceso de rendición de cuentas se alivie teniendo en cuenta la situación de incertidumbre actual, y reconoce que no va a ejercer una presión excesiva sobre las autoridades públicas en estos momentos, explican fuentes diplomáticas.

Así, la Comisión Europea ha facilitado unas líneas maestras mínimas para redactar los programas económicos de los países. Las directrices han sido acordadas por el Comité Económico y Financiero esta semana.

De esta manera, los Estados miembros deben detallar las principales iniciativas presupuestarias adoptadas para responder a la pandemia del coronavirus, así como las perspectivas y planes para el futuro inmediato. Los Gobiernos también pueden proporcionar información adicional sobre estos datos mínimos.

Lo que sí pide la Comisión Europea es que los Estados miembros incluyan los siguientes elementos en sus programas: un resumen de la estrategia general a nivel nacional y las principales iniciativas políticas en respuesta al coronavirus; un resumen del escenario macroeconómico descrito en los programas de convergencia y estabilidad, incluida una perspectiva del impacto en el empleo y en la situación social; un repaso de las políticas clave para responder a los principales desafíos de la pandemia identificados en los informes de los países.

Obligación

Los programas de estabilidad se remiten al Consejo de Ministros de la Unión Europea y a la Comisión Europea junto con el programa nacional de reformas . La remisión se efectúa en cumplimiento de obligaciones europeas: cada año, en el mes de abril, todos los Estados miembros de la Unión Europea tienen que presentar ante la Comisión Europea sus Programas Nacionales de Reformas (PNR) y sus Programas de Estabilidad.

El objetivo es coordinar las políticas económicas nacionales y lograr los objetivos establecidos para la Unión Europea en su conjunto.

Con el programa de estabilidad, la Comisión y los ministros de economía evalúan si los Estados miembros van por buen camino para alcanzar los objetivos presupuestarios a medio plazo, y para ello se basan en dos elementos: el análisis del saldo estructural y el valor de referencia del gasto.

En ambos documentos, los gobiernos explican la evolución de sus economías, los avances en la agenda de reformas y el cumplimiento de las recomendaciones específicas formuladas por las instituciones, además de exponer el escenario macroeconómico y fiscal a medio plazo.