La Comisión Europea plantea prolongar hasta marzo de 2024 las ayudas estatales a empresas por la crisis energética. Bruselas ha enviado a los estados miembros la propuesta de mantener tres meses más la flexibilidad en las ayudas de estado que se puso en marcha con el marco temporal de crisis tras el estallido de la guerra de Ucrania. Esa relajación permite compensaciones para hacer frente a los elevados precios de la energía, aunque en los últimos meses se ha producido una bajada sustancial en comparación con el récord marcado hace justo un año.
La prórroga de tres meses que ahora plantea Bruselas, y que espera a la respuesta de los estados miembros antes de aplicarla, permitiría, por ejemplo, mantener las ayudas públicas de hasta dos millones de euros. “Esto permitirá a los Estados miembros, en caso necesario, ampliar sus regímenes de ayuda y garantizar que las empresas aún afectadas por la crisis no se queden sin la ayuda necesaria en el próximo periodo invernal de calefacción”, señala la Comisión en un comunicado.
“Mientras prosigue la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, la situación económica de la UE da muestras de resistencia frente a las sacudidas sufridas. Las previsiones económicas de verano de 2023 de la Comisión señalan que la economía de la UE sigue creciendo, aunque con menor impulso. La situación de los mercados energéticos y, en particular, los precios medios del gas y la electricidad parecen haberse estabilizado. Además, los riesgos de escasez de suministro energético han disminuido, entre otras cosas gracias a las medidas adoptadas por los Estados miembros para diversificar las fuentes de energía. Al mismo tiempo, las previsiones económicas del verano de 2023 señalan que la guerra en curso de Rusia contra Ucrania y las tensiones geopolíticas más amplias, en particular en Oriente Medio, siguen planteando riesgos y siguen siendo una fuente de incertidumbre”, agrega el ejecutivo comunitario.
Pero la ampliación que plantea Bruselas no afecta a todo el marco temporal de crisis. Así, el apoyo a la liquidez en forma de garantías estatales y préstamos bonificados, y las medidas destinadas a apoyar la reducción de la demanda de electricidad no se prorrogarán más allá del 31 de diciembre de 2023, que es la fecha establecida.
Bruselas plantea esa ampliación de la flexibilización de las ayudas de estado, pero lleva meses instando a los gobiernos a que vayan retirando las medidas especiales que se adoptaron para paliar los efectos de la crisis energética. Uno de los elementos que tendrá que evaluar es el tope al precio del gas que se avaló en España y Portugal hasta el 31 de diciembre de 2023, que es cuando caducan la mayoría de medidas.