Bruselas retoma las medidas de ajuste para controlar el déficit con unas reglas y sanciones a la carta para cada país

Los 27 recuperarán el próximo año el Pacto de Estabilidad que quedó suspendido con la irrupción de la pandemia para que los gobiernos pudieran hacer frente a la crisis con inéditos incrementos del gasto público. Ahora tocará apretarse el cinturón, pero con unas reglas más flexibles que las que operaban hasta ahora y que estuvieron en vigor durante la crisis financiera de la pasada década. Bruselas ha planteado un sistema 'a la carta' para que los estados miembros lleguen a los objetivos máximos del 3% del déficit y del 60% de deuda pública en el que la Comisión Europea negociará individualmente con los planes de ajuste. La idea es reforzar el sistema de sanciones, que en el pasado nunca llegó a aplicarse, para que los países que incumplan esas trayectorias reciban multas más asequibles a través de un modelo gradual.

“Nuestras propuestas permiten una rendición de cuentas más creíble como contrapartida a un marco de supervisión que da más flexibilidad a los estados miembros para diseñar sus trayectorias fiscales”, ha resumido el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, en la rueda de prensa en la que ha presentado la propuesta para el nuevo marco fiscal de la UE.

Ya no habrá obligaciones comunes sino “reglas más simples que tengan en cuenta las diferencias de los estados miembros”, según fuentes comunitarias. La Comisión Europea se sentará con los países para establecer “trayectorias técnicas” que conduzcan a cumplir con los objetivos de déficit y deuda. Hasta la suspensión de las reglas fiscales en 2020, los que estuvieran por encima del 3% del déficit y del 60% de deuda la tenían que reducirla en una veinteava parte cada año. Eso podía suponer la asfixia financiera para algunos países, como Grecia, Italia, España o Francia que tienen altos ratios.

Ajuste anual del 0,5% del déficit

La deuda de trece estados miembros supera el 60% del PIB que la UE fija como tope y la situación está especialmente disparada en Grecia (171,3%), Italia (144,4%), Portugal (113,9%), España (113,2%), Francia (111,6%) y Bélgica (105,1%). Once estados miembros tuvieron un déficit excesivo en 2022. Los mayores desajustes se registraron en Italia (8%), Hungría y Rumanía (6,2%) y Malta (5,8%). España ocupa la quinta posición con un 4,8% por debajo de lo inicialmente previsto por el Gobierno. La bajada fue sustancial dado que el año anterior se situó en el 6,9%.

Alemania, que ha elevado la presión en las últimas semanas porque tiene reticencias hacia la negociación unilateral entre la Comisión y los estados, quería que la deuda excesiva tuviera que reducirse al menos un 1% cada año. Pero ese planteamiento no lo ha asumido el gobierno comunitario. Lo que sí recoge la propuesta de la Comisión es un ajuste fiscal del 0,5% anual para aquellos países con un déficit superior al 3%.

Las reticencias de Alemania

Los estados presentarán a la Comisión planes de ajuste de cuatro años -que se podrán ampliar hasta siete si hay reformas e inversiones que cumplan con las “prioridades” de la UE, que van desde la estabilidad fiscal hasta cuestiones como las transiciones ecológica o digital-. Una de las normas es que el “esfuerzo de ajuste no se posponga hacia los años finales del periodo” sino que sea “proporcional” a lo largo de todo el periodo. Con esa cláusula, pretende evitar que los hipotéticos recortes se dejen para después de las elecciones, por ejemplo. Otra de las condiciones es que el gasto público no podrá crecer más que la previsión de crecimiento económico.

No obstante, la propuesta no da libertad total a la negociación de la Comisión y los estados miembros, que es una de las suspicacias que tienen los países más duros, como Alemania, dado que los planes tienen que ser avalados por el Consejo de la UE en el que se sientan los 27.

Multas cada seis meses hasta el 0,5% del PIB

A cambio de dar una mayor flexibilidad a los países para reducir el exceso de déficit y deuda, la Comisión Europea introduce un sistema de sanciones que, a priori, es más asumible que el anterior, cuyo nivel de exigencia supuso que jamás de aplicara, a pesar de que se llegó a abrir el procedimiento a España y Portugal en 2016. Los países que incumplan las sendas de estabilidad pactadas tendrán una multa del 0,05% de su PIB cada seis meses que se irán acumulando hasta un máximo del 0,5%. En el caso español, supondría unos 660 millones de euros cada medio año hasta un máximo de 6.600.

Lo que ha explicado el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, es que los procedimientos de déficit excesivo se abrirán cuando los países no cumplan las trayectorias establecidas, pero que podrá hacerse también “por defecto” en el caso de países con “retos sustanciales de deuda”.

La negociación del Pacto de Estabilidad será una de las batallas en la UE en los próximos meses y corresponderá a España, como presidencia rotatoria, pilotar las negociaciones. Los 27 se han emplazado a tener un acuerdo -que también tendrá que avalar la Eurocámara- antes de que acabe el año para que las reglas fiscales estén operativas en 2024, que es la fecha que se han dado los estados miembros para recuperar la ortodoxia fiscal.