Bruselas plantea requisitos mínimos y verificables para acabar con el 'blanqueo verde' de algunos productos

“Camiseta fabricada con botellas recicladas”, “entrega con compensación de CO2”, “embalaje fabricado con el 30% de plástico reciclado”, “crema solar respetuosa con el océano”... Todos esos reclamos ecológicos que los consumidores encuentran en los productos suenan muy bien, pero la Comisión Europea quiere establecer unas condiciones que garanticen que son verdad. Por eso el gobierno comunitario ha planteado una directiva en la que señala unos requisitos mínimos para las compañías que hacen ese tipo de anuncios sobre las propiedades 'verdes' de los productos. En definitiva, luchar contra el conocido como 'greenwashing'.

Un estudio elaborado por la Comisión Europea en 2020 reveló que el 53,3% de ese tipo de anuncios ecológicos eran vagos, engañosos o infundados y que el 40% carecían de fundamento. Por eso, una vez que se aprueben las nuevas reglas, los 27 tendrán que garantizar a través de autoridades de verificación independientes que se cumplen los requisitos 'verdes', como el respaldo científico o la identificación del impacto ambiental y su compensación.

La propuesta de Bruselas contempla una excepción para las empresas de menor tamaño (las que tienen menos de diez empleados y dos millones de facturación) y evitar el “impacto desproporcionado”. La intención, eso sí, es que aplique para las empresas europeas, pero también para aquellas que están fuera de la UE y que pretenden hacer reclamos ecológicos para la venta de sus productos.

Derecho a reparar un producto hasta 10 años tras la compra

El gobierno comunitario también ha hecho una propuesta para tratar de limitar los cinco millones de toneladas de desechos que anualmente acumula la UE. La iniciativa persigue incrementar las reparaciones de dispositivos técnicos (como aspiradores, teléfonos, tablets, lavadoras, secadoras, lavavajillas, etc.) en detrimento de la actual política imperante de reemplazos.

Así, se incluye el 'derecho a la reparación' de manera generalizada para los productos que estén dentro de la garantía. En ese periodo, los vendedores tendrán la obligación legal de ofrecer la reparación salvo cuando sea más cara que la sustitución.

Una vez se haya superado el plazo de garantía, la Comisión Europea señala que los fabricantes estarán obligados a reparar los productos hasta diez años después de la compra (en función del tipo la horquilla puede ser menor), salvo que el arreglo sea imposible técnicamente. Lo que no establece la propuesta es un baremo de precios, aunque fuentes comunitarias consideran que las reparaciones acabarán siendo atractivas por la ley de la oferta y la demanda.

Bruselas sostiene que habrá una serie de herramientas para que la reparación sea más fácil y accesible, como la creación de una plataforma online para poner en contacto a los consumidores y los reparadores así como a estos con los vendedores de bienes reacondicionados. “La plataforma permitirá realizar búsquedas por ubicación y estándares de calidad facilitando a los consumidores a encontrar ofertas atractivas y aumentando la visibilidad para los reparadores”, señala la Comisión en un comunicado.

Este es el primer paso para estas propuestas de la Comisión Europea, que ahora tendrán que ser analizadas por el Consejo de la UE y la Eurocámara antes de la negociación a tres bandas para su aprobación definitiva.