La maquinaria de la burocracia europea tendrá que adaptarse a las precipitadas fechas propuestas por el Gobierno español para aprobar las cuentas públicas. El presidente del Gobierno está decidido a aprobar la ley de Presupuestos Generales del Estado antes de disolver las Cortes y convocar elecciones, lo que acelera el calendario legislativo en España pero también en Bruselas. España está obligada por el acuerdo conocido como Two-Pack a remitir un borrador del Presupuesto a Bruselas y escuchar su opinión (aunque no es vinculante) antes de aprobar el Presupuesto. Para que esto suceda, la Comisión tendrá que hacer horas extra y dar su opinión por anticipado y de forma excepcional a España, en lugar de hacerlo de forma simultánea con el resto de los países, como única salida a que no se incumplan los acuerdos.
Lo cierto es que el calendario europeo fija unas fechas tope para ir cumpliendo con sus pasos pero no mínimas. Hasta ahora no se contemplaba la posibilidad de que un país decidiera adelantar precipitadamente sus fechas como ha hecho España y cerrar unas cuentas del próximo ejercicio a mitad de año. Así las cosas, la Comisión exige que como límite los países le envíen sus Proyectos de Ley (borradores) el 15 de octubre y Bruselas les da su opinión como muy tarde el 30 de noviembre. Desde la Comisión insisten en que no es ilegal hacerlo antes.
Estas fechas están a años luz de las que maneja el Ejecutivo de Rajoy. Si lo desea, España podría remitir ya la semana que viene el borrador, pero en ningún caso puede esperar hasta el 30 de noviembre a escuchar la opinión de Bruselas. Eso supondría que Rajoy no podría llevar los presupuestos aprobados en las Cortes para poder convocar elecciones. El tiempo mínimo que debe transcurrir entre su disolución y la convocatoria son de 54 días. Así que aprobar los Presupuestos el 1 de diciembre supondría convocar elecciones el 24 de enero ya que legalmente la última fecha para convocar elecciones es el 17 de enero.
Fuentes de la Comisión aseguraron hace un mes a este diario que España no tendría otro remedio que esperar a escuchar la opinión de Bruselas para aprobar sus cuentas. Pero esta semana, la postura del Ejecutivo comunitario cambió radicalmente. Un portavoz oficial asegura ahora que se le emitirá a España una recomendación (en jerga de Bruselas la opinión sobre las cuentas) “lo antes posible” y que esto puede hacerse antes del 30 de noviembre. Otras fuentes comunitarias aseguran a este diario que habrá que hacer una excepción con España y emitir una opinión por separado, para luego hacerlo con el resto de forma simultánea como se acostumbra de forma “normal” (sic).
Desde la Comisión recuerdan, eso sí, que los calendarios legislativos de los países deben “dar tiempo suficiente a la Comisión Europea para que pueda dar su opinión sobre las cuentas públicas”. No está escrito cuánto tiempo es esa opinión pero, en cualquier caso, desde agosto España ya puede enviar su borrador así que sobre el papel Bruselas tiene tiempo de sobra de estudiarlo (aunque no han cancelado sus vacaciones para hacerlo como sí se ha tenido que hacer en España).
El año pasado el país que remitió antes su Presupuesto fue Finlancia y lo hizo el 2 de octubre. España lo hizo el mismo día que vencía el plazo, el 15 de octubre. Como se puede ver en los registros de la Comisión, después se emitieron las recomendaciones el mismo día, el 28 de noviembre, sin ninguna excepción. El calendario europeo marca el mes de noviembre como el mes en el que Bruselas emite sus recomendaciones, pero tampoco esto le dejaría margen al Ejecutivo. Si tuviera que esperar aunque fuera al 2 de noviembre a aprobar las cuentas tendría que convocar elecciones el domingo 27 de diciembre.
Si Rajoy se decanta por una de las fechas que supuestamente está meditando para las elecciones, 29 de noviembre, los Presupuestos tendrían que aprobarse como tarde el 2 de octubre, lo que obligaría a Bruselas a emitir su recomendación a España a finales de septiembre. Aunque no hay plazos escritos, cabe recordar que la Comisión quiere que su opinión se tenga en cuenta durante el trámite parlamentario, es decir, que debería estar aún en tramitación en el Senado cuando la emita y que le queden algunas sesiones por delante.
Esta cuadratura del círculo de los tiempos de Bruselas y Madrid hace creíble la opción del 20 de diciembre como fecha para los comicios. Eso permitiría a Bruselas emitir su opinión a medidados de octubre y que las cuentas se aprobaran el 23 o 26 de octubre. Esto cuadra con la información que ofrecen fuentes de Hacienda que aseguran que para el 15 de octubre las cuentas aún estarán en tramitación parlamentaria.
Todas estas prisas y apuros dan buena cuenta de que la insólita idea de Rajoy de dejar cerradas las cuentas públicas antes de convocar las elecciones acelerará los procesos que serán difíciles de hacer con el rigor acostumbrado. Cabe recordar que las cuentas se han tenido que elaborar con datos de ingresos y gastos hasta junio, lo que multiplica las posiblidades de que se desvíen las partidas de lo presupuestado aún más de lo normal. Tampoco la Comisión contará con los datos más avanzados para poder saber si España cumplirá o no su objetivo de déficit y si las medidas adoptadas este año están dando sus frutos. Las previsiones se harán sobre un alambre más fino que nunca.