Una ley europea para fijar un impuesto mínimo del 15% a las multinacionales. La Comisión Europea ha presentado este miércoles una propuesta sobre el impuesto de sociedades, que fundamentalmente lleva a la legislación de la UE el acuerdo fiscal de la OCDE y el G20.
En octubre pasado, los 137 países de la OCDE, después del acuerdo en el G20, aprobaron reglas para fijar impuestos de sociedades, algo que se llevaba años negociando.
El pilar 1 del acuerdo requiere que las empresas paguen más impuestos donde operan. Y el pilar 2 introduce una nueva tasa impositiva mínima global del 15% para las empresas con ingresos superiores a 750 millones de euros.
La Comisión Europea ha presentado una propuesta de directiva que convierte el pilar 2 en legislación europea. Es decir, garantizar una tasa impositiva efectiva mínima global del 15% para los grandes grupos empresariales que operan en la Unión Europea. “La propuesta cumple el compromiso de la UE de actuar con extrema rapidez y estar entre los primeros en implementar el histórico acuerdo global de reforma fiscal alcanzado por la OCDE y el G20”, dice la Comisión Europea sobre una propuesta que “establece cómo se calculará la tasa impositiva efectiva por jurisdicción, con reglas claras y legalmente vinculantes que garantizarán que las multinacionales paguen una tasa mínima del 15% por cada jurisdicción en la que operan”.
Las normas propuestas se aplicarán a cualquier grupo grande, tanto nacional como internacional, incluido el sector financiero, con ingresos financieros de más de 750 millones de euros al año, y con una empresa matriz o una filial ubicada en un Estado miembro de la UE.
Eso sí, según el acuerdo de la OCDE/G20, “las entidades gubernamentales, las organizaciones sin ánimo de lucro, los fondos de pensiones o los fondos de inversión matrices de un grupo multinacional no entrarán en el ámbito de aplicación de la directiva, porque dichas entidades suelen estar exentas del impuesto de sociedades nacionales, ya sea porque la entidad está desempeñando funciones gubernamentales o cuasi gubernamentales, o para garantizar que los fondos o pensiones no corran el riesgo de doble imposición”.
La tasa impositiva efectiva se establece por jurisdicción, dividiendo los impuestos pagados por las entidades en la jurisdicción entre sus ingresos. Si la tasa impositiva efectiva para las entidades en una jurisdicción en particular está por debajo del mínimo del 15%, entonces se activan las reglas del pilar 2 y el grupo debe pagar un impuesto adicional para elevar su tasa hasta el 15%.
Este impuesto adicional se conoce como “regla de inclusión de ingresos”. Esta recarga se aplica independientemente de si la subsidiaria está ubicada en un país que se ha suscrito al acuerdo internacional OCDE/G20 o no.
Las reglas prevén que cuando los ingresos y beneficios en una jurisdicción están por debajo de una cierta cantidad mínima, entonces no se cobrará ningún impuesto adicional sobre los beneficios del grupo obtenidos en esta jurisdicción, incluso cuando la tasa impositiva efectiva sea inferior al 15%. “Esto se conoce como exclusión de minimis”, dice Bruselas.
Además, las empresas podrán excluir del impuesto complementario una cantidad de ingresos que sea al menos el 5% del valor de los activos empresariales y el 5% de la masa salarial. Esto se denomina “substance carve-out”, reducción de la base imponible sobre la que se aplicará el impuesto mínimo mundial (a priori 15%).
Los Estados miembros deberán llegar a un acuerdo unánime en el Consejo para que se aplique la directiva propuesta este miércoles por la Comisión Europea. También será necesario el voto del Parlamento Europeo y la opinión del Comité Económico y Social Europeo.
Resistencias
Pero las esperanzas de que el proceso vaya a ser fácil dentro de la UE se han frustrado después de que Hungría, Estonia y Polonia hayan mostrado su descontento, informa Politico, en un momento en que Budapest y Varsovia se encuentran en pleno pulso con Bruselas y el TJUE por su deriva autoritaria.
Hungría y Estonia ya bloquearon el acuerdo sobre un nuevo mandato para el grupo del código de conducta de la UE sobre impuestos a las empresas en el Ecofin de diciembre, por preocupaciones sobre el acuerdo de la OCDE y el papel de la Comisión Europea en el grupo.
Hungría tiene un impuesto de sociedades del 9%, y está en plena batalla con la Comisión Europea por el acceso al dinero del fondo de recuperación, que sigue bloqueado en Bruselas.
Estonia, que tiene un sistema único de impuestos de sociedades basado en la distribución, teme que el nuevo acuerdo afecte su atractivo para la inversión extranjera directa.
En paralelo, Francia, que asume en enero la presidencia semestral rotatoria del Consejo de la UE, está deseosa de sellar el acuerdo dentro de su mandato, que requiere unanimidad de todos los países de la UE.