Bruselas promete cambios en el sistema de ayudas de Estado para impulsar las inversiones en vivienda pública

Los técnicos de la Comisión Europea llevan tiempo dando la voz de alarma sobre la crisis de la vivienda. En los dos últimos informes sobre la situación económica de España, por ejemplo, alertaban del alto precio de los alquileres y de la falta de vivienda asequible. Ahora el asunto se cuela de lleno en la agenda europea como uno de los pilares del nuevo mandato de Ursula von der Leyen, que se ha comprometido a lanzar un Plan Europeo de Vivienda Asequible y a flexibilizar el régimen de ayudas de Estado para impulsar el apoyo a la vivienda pública. 

Las ayudas que los gobiernos destinan a los sectores económicos son una fuente de conflicto en muchos casos entre los estados miembros dado que países como Alemania, que tienen un mayor músculo financiero son capaces de canalizar más subsidios, que normalmente van a sectores estratégicos y, por eso, la UE pone límites para no perjudicar a la competencia dentro del mercado único. La novedad en este caso es que se destinaría a un derecho básico. 

“La Comisión Europea tiene posibilidad de modificar las ayudas de Estado para posibilitar que los países puedan invertir en materia de vivienda social sin que eso compute en el déficit fiscal”, explicó en una entrevista en elDiario.es la jefa de los socialistas en el Parlamento Europeo, Iratxe García. La política de vivienda ha sido una de las exigencias que ha planteado el grupo en la negociación con Von der Leyen, que ha cogido el guante también respecto a las inversiones de los fondos de cohesión.

“Europa se enfrenta a una crisis de vivienda con gente de todas las edades y familias de todos los tamaños afectadas. Los precios y los alquileres están disparados y la gente lucha por encontrar viviendas asequibles”, reconoció la candidata en el discurso de su reelección. El asunto forma parte de las prioridades políticas que forman la hoja de ruta para el periodo 2024-2029 en la que ha trufado medidas para seducir a las fuerzas progresistas –como los socialdemócratas, sobre vivienda y también a su derecha con propuestas como la simplificación administrativa o la política de seguridad y defensa. 

Con un incremento del precio de la vivienda de un 50% en la UE a lo largo de la última década, según los datos de Eurostat, Von der Leyen ha asumido por fin esa parte de la agenda, que encargará a un comisario concreto del nuevo gabinete, aunque la UE no tiene competencias expresas y son una potestad de los estados miembros.

La intención de Von der Leyen es que ese comisario elabore un Plan Europeo de Vivienda Asequible que aborde “factores estructurales” que han llevado a esta situación, aunque la alemana ya ha apuntado a un déficit de inversión en vivienda social. Entre sus labores estará, por tanto, la elaboración de “una estrategia para la construcción de viviendas”. También “ofrecerá asistencia técnica a las ciudades y a los Estados miembros y se centrará en la inversión”, según recoge la hoja de ruta del futuro gobierno comunitario. 

La parte de los fondos es la que más interesa al Gobierno de Pedro Sánchez, cuya ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha celebrado las palabras de Von der Leyen. España ha ejecutado todos los fondos Next Generation que se presupuestaron para alquiler social y apuesta por seguir esa vía para superar la crisis que provoca que la vivienda cada vez ocupe un porcentaje mayor de los ingresos de las familias.

“Propondremos inyectar liquidez en el mercado permitiendo a los Estados miembros duplicar las inversiones previstas de la política de cohesión en viviendas asequibles”, recoge el documento presentado este jueves por Von der Leyen.

Otra de las fórmulas para mejorar la inversión del sector es el Banco Europeo de Inversiones que preside Nadia Calviño y con el que Von der Leyen pretende trabajar para desarrollar una suerte de “plataforma paneuropea de inversión en vivienda asequible y sostenible para atraer más inversión privada y pública”. Ya hay algunos proyectos de este tipo. Hace unos días el BEI y la Generalitat de Catalunya anunciaron un acuerdo para un préstamos de 460 millones de euros para construir 4.300 viviendas sociales.