El PP de Pablo Casado sigue con su ofensiva en Bruselas contra el Gobierno de coalición, centrada en las últimas semanas en sembrar sospechas sobre la gestión de los fondos de recuperación. España tiene adjudicados 140.000 hasta 2026, algo menos de la mitad en transferencias y otro tanto en créditos. El Gobierno, de momento, sólo ha pedido la parte de las subvenciones, tras presentar un plan de recuperación a finales de abril pasado aprobado con nota por Bruselas. A partir de ahí, ya ha recibido 9.000 millones en prefinanciación y otros 10.000, a finales de 2021, correspondientes al primer tramo de la ejecución del plan, es decir, correspondiente a la culminación de hitos, metas, inversiones y reformas acordados para la primera mitad de 2021.
Y así lo recordaba la propia presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
Sin embargo, la eurodiputada del PP Isabel Benjumea ha preguntado este martes en la comisión conjunta de Empleo y Asuntos Económicos al comisario de Finanzas, Paolo Gentiloni, y el vicepresidente económico, Valdis Dombrovskis, sobre los mecanismos para fiscalizar la ejecución en España del fondo de recuperación y resiliencia.
Y ambos le han recordado lo que dice el reglamento que ella misma votó en la Eurocámara: que el fondo europeo de recuperación y resiliencia se fundamenta en que el dinero llega después de que se cumplen los objetivos, no antes. Es decir, después de que se ejecuten los compromisos, no antes, en función de las transiciones verde y digital y las recomendaciones del semestre europeo.
“Quería preguntar qué medidas va a poner en marcha la Comisión Europea para garantizar que se dé una ejecución real del mecanismo de resiliencia para la recuperación económica”, ha dicho Benjumea, “y en concreto quiero referirme al caso español, donde la Comisión Europea ha entregado 9.000 millones y luego otros 12.000 [sic] millones [en realidad fueron 9.000 + 10.000 millones] y no sabemos los datos reales de ejecución”.
“El éxito de los planes de recuperación depende de la ejecución real de los fondos, necesitamos que el dinero que la Comisión Europea está enviando a los Estados llegue a los ciudadanos”, ha insistido Benjumea.
El comisario europeo de Finanzas, Paolo Gentiloni, le ha respondido: “En relación con España, la decisión fue tomada de forma rápida porque muchos de los objetivos estaban relacionados con decisiones e iniciativas ya cumplidas y adoptadas por las autoridades, algo que es legal y que han hecho otros países”.
“Ahora estamos empezando la evaluación de nuevas reformas e hitos, como la del mercado laboral y de las pensiones. Y en este caso, apoyamos mucho los acuerdos alcanzados con los agentes sociales [como es el caso de la reforma laboral pactada entre Gobierno, CEOE y sindicatos]”, ha proseguido Gentiloni.
El vicepresidente económico de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, ha sido el encargado de recordar a Benjumea el funcionamiento del mecanismo: “Es un instrumento que se fundamenta en cumplir objetivos, el dinero se da cuando se cumplen metas. Cuando se han cumplido inversiones y reformas, y la Comisión Europea verifica si ese es el caso, entonces se desembolsa el dinero”.
Dombrovskis, además, ha recordado que hay gráficos de seguimiento y de cumplimiento del plan y los objetivos de los 27 Estados miembros “público y disponible”.
El vicepresidente de Los Verdes en la Eurocámara y eurodiputado de Catalunya en Comú, Ernest Urtasun, ha subrayado que el cuestionamiento del PP de Casado no está siendo sólo hacia el Gobierno de España, sino también hacia la Comisión Europea y los comisarios, corresponsables de que el dinero europeo sea usado correctamente.
La Comisión Europea ya ha recordado hace dos semanas que la UE y los Estados cuentan con mecanismos de control de los fondos tras la ofensiva de Isabel Díaz Ayuso y Pablo Casado.
La portavoz comunitaria para asuntos económicos, Veerle Nuyts, ha afirmado: “Es muy importante recordar que el Fondo de Recuperación y Resiliencia requiere de un marco de control que se adapte y sea proporcional a su naturaleza única como un programa basado en objetivos”.
Así, Nuyts ha señalado que “los sistemas nacionales de control de los Estados miembros serán el principal instrumento para salvaguardar los intereses financieros de la Unión, y los Estados miembros deben garantizar el cumplimiento de las leyes nacionales y de la Unión, incluida la prevención, detección y corrección efectiva de conflictos. de intereses, corrupción y fraude, y doble financiación. Los Estados miembros deben explicar, y España lo explicó en su Plan de Recuperación y Resiliencia, las disposiciones pertinentes para lograr precisamente eso. Aunque no comentamos un posible impacto de este procedimiento [la denuncia de Isabel Díaz Ayuso ante el Supremo] en la implementación [del plan], queremos recordar que la Comisión espera que el plan español se implemente según lo acordado”.
La portavoz comunitaria, además, ha explicado que “siempre que hay una solicitud de pago”, como la que presentó España en noviembre, “los Estados miembros deben firmar una declaración de que los fondos se utilizaron realmente para el fin previsto”.
Asimismo, ha recordado Nuyts, “la Comisión también pondrá en marcha su propio sistema de control, con la posibilidad de realizar verificaciones sobre el terreno, por ejemplo, para asegurarse realmente de que los fondos se usaron de manera adecuada”.
“En cualquier caso”, ha insistido, “también está la OLAF [agencia europea antifraude], el Tribunal de Cuentas, la Fiscalía Europea y la propia Comisión Europea, que pueden acceder a datos relevantes e investigar el uso de los fondos si es necesario, e incluso si se han cumplido los hitos y objetivos”.
En este sentido, si la Comisión Europea encuentra “irregularidades graves y el Estado miembro no toma las medidas oportunas y apropiadas para corregirlas y recuperar los fondos correspondientes, la Comisión también puede tomar medidas”.
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