Los planes presupuestarios del Gobierno han recibido este miércoles, como los del resto de socios de la eurozona, el respaldo por parte de Bruselas. El documento fue entregado hace un mes a la Comisión Europea y ahora se publican los dictámenes del Ejecutivo comunitario sobre cada Estado miembro dentro del análisis del Semestre Europeo –mecanismo de gobernanza económica de la Comisión Europea– dentro del paquete de otoño del Ejecutivo comunitario. “Los dictámenes tienen en cuenta la actual crisis sanitaria, el alto nivel de incertidumbre y la grave recesión económica resultante del brote de la COVID-19”, explica Bruselas. Eso sí, la Comisión Europea también alerta de desequilibrios crecientes, sobre todo en la deuda, que va camino del 120% del PIB, así como el paro, que puede superar el 17% en 2021; y afirma que sus cálculos de ingresos con los nuevos impuestos anunciados por el Gobierno son menos optimistas.
“España es uno de los países que está afrontando un nivel de deuda pública alto y por lo tanto tiene que ser particularmente cuidadoso en cuanto a la estabilidad a medio plazo”, ha afirmado el vicepresidente económico de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis.
En cuanto a los planes presupuestarios de España, el comisario de Finanzas de la Comisión Europea, quien firma el documento, “considera que el Proyecto de Plan Presupuestario de España se ajusta globalmente a la recomendación adoptada por el Consejo el 20 de julio de 2020 [en el que no había objetivos cuantitativos por la crisis de la pandemia]. La mayoría de las medidas establecidas en el Proyecto de Plan Presupuestario apoyan la actividad económica en el contexto de considerable incertidumbre”.
“Dado el nivel de deuda pública de España y los altos desafíos de sostenibilidad a medio plazo antes del estallido de la pandemia”, prosigue Bruselas, “es importante que España se asegure de que, al tomar medidas presupuestarias de apoyo, se mantenga la sostenibilidad fiscal a medio plazo”.
En este sentido, el Ejecutivo comunitario “invita a España a revisar periódicamente el uso, la eficacia y la adecuación de las medidas de apoyo y estar preparada para adaptarlas, según sea necesario, a las circunstancias cambiantes”.
Bruselas también prevé “que España presente su plan de recuperación y resiliencia en 2021” para canalizar los fondos europeos de recuperación –140.000 millones en el caso de España, de los cuales 72.000 son a fondo perdido–. “El reglamento por el que se establece un mecanismo de recuperación y resiliencia [que se está negociando ahora con el Parlamento Europeo] establecerá cómo evaluará la Comisión Europea que las reformas e inversiones incluidas en el plan de recuperación y resiliencia son coherentes con las prioridades políticas de la Unión Europea y los retos identificados en el contexto del Semestre Europeo. Esta evaluación de la Comisión Europea informará la aprobación del plan por parte del Consejo”, explica la Comisión Europea.
La Comisión Europea ha concluido que “todos los planes se ajustan en general a las recomendaciones” del Consejo Europeo del verano. “La mayoría de las medidas apoyan la actividad económica en un contexto de considerable incertidumbre”, reconoce Bruselas. “Algunas medidas de los proyectos de planes presupuestarios de Francia, Italia, Lituania y Eslovaquia no parecen ser temporales o estar acompañadas de medidas compensatorias”, afirma la Comisión Europea, mientras que Lituania ha presentado su borrador basado en un escenario sin nuevos presupuestos, por lo que se le pide un plan actualizado.
“Para Austria, Bélgica, Chipre, Estonia, Finlandia, Alemania, Grecia, Irlanda, Letonia, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Portugal, Eslovenia y España, las medidas son (en su mayoría) temporales”, dice Bruselas, que añade: “Para Bélgica, Francia, Grecia, Italia, Portugal y España, dado el nivel de su deuda pública y los altos desafíos de sostenibilidad a medio plazo antes del estallido de la pandemia COVID-19, es importante asegurarse de que, al tomar medidas presupuestarias de apoyo, se preserva la sostenibilidad fiscal a medio plazo”.
Informe del mecanismo de alerta de desequilibrios
En febrero de 2020, la Comisión Europea concluyó que España “estaba experimentando desequilibrios macroeconómicos, en particular relacionados con una elevada deuda externa e interna, tanto del sector público como del privado, en un contexto de elevado desempleo. La posición de inversión internacional neta, la deuda pública, la tasa de desempleo y los indicadores de la tasa de actividad superaban los umbrales comunitarios”.
Bruselas pronostica que el crecimiento del PIB caerá como por la crisis de la COVID-19 en España, del 2% en 2019 al -12,4% en 2020, mientras prevé un crecimiento del 5,4% en 2021, dejando el nivel del PIB nominal un 6,1% más bajo que en 2019.
Según la Comisión Europea, “la deuda de los hogares se encuentra por encima de los umbrales fundamental y prudencial, y un aumento del desempleo podría reducir la capacidad de reembolso. Se prevé que tanto la deuda de las empresas como de las familias en relación con el PIB aumenten en 2020, en gran parte debido a la caída del PIB por la COVID-19”.
Además, el Ejecutivo comunitario prevé que la relación entre la deuda pública y el PIB, ya elevada, aumentará en unos 25 puntos porcentuales en 2020, hasta el 120% del PIB y que, en general, se mantendrá en este nivel en 2021.
En cuanto al sector bancario, “tiene una fuerte liquidez y está adecuadamente capitalizado, mientras que la rentabilidad es moderada. Los préstamos dudosos han disminuido hasta el 3% en 2019, pero es probable que aumenten con la crisis de la COVID-19”.
Del mismo modo, “el mercado laboral continuó mejorando en 2019, aunque el desempleo y la segmentación del mercado laboral siguieron siendo motivo de preocupación. Se prevé que la tasa de desempleo aumente a casi el 17% en 2020 y luego aumente ligeramente más en 2021. La tasa de actividad disminuyó ligeramente entre 2016 y 2019, en parte debido a que más personas están estudiando”, afirma la Comisión Europea: “España entró en la crisis del COVID-19 con vulnerabilidades vinculadas a la deuda externa, del sector privado y pública y un elevado desempleo. Con la crisis de COVID-19, los ratios de endeudamiento y el desempleo han ido en aumento. En general, la Comisión Europea considera apropiado, considerando también la identificación de los desequilibrios en febrero pasado, seguir examinando la persistencia de los desequilibrios o su corrección”.
El Informe del Mecanismo de Alerta (AMR) es un dispositivo de detección para detectar posibles desequilibrios macroeconómico y concluye que, si bien los desequilibrios macroeconómicos se estaban reduciendo hasta el estallido de la crisis de la COVID-19, los riesgos de desequilibrio parecen estar aumentando en los Estados miembros que ya estaban experimentando desequilibrios previos a la pandemia de COVID-19. Así, Bruselas “recomienda que se preparen revisiones en profundidad para identificar y evaluar la gravedad de los posibles desequilibrios macroeconómicos para los mismos 12 Estados miembros que ya habían sido identificados con desequilibrios o desequilibrios excesivos en febrero de 2020: Croacia, Chipre, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Países Bajos, Portugal, Rumania, España y Suecia.
“La crisis actual ha exacerbado ciertos desafíos existentes y presenta nuevos riesgos. Esto pone de relieve la necesidad de hacer el mejor uso posible de las medidas de apoyo de la UE disponibles y garantizar que las inversiones y las reformas en la zona del euro funcionen para abordar los desequilibrios”, afirma la Comisión Europea.
En relación a los informes de seguimiento posteriores al programa por déficit excesivo heredado de la anterior crisis para España, Portugal, Chipre e Irlanda, “en el caso de España, los esquemas de apoyo de las autoridades españolas y europeas han mitigado el fuerte impacto económico de la pandemia y los riesgos crediticios. Sin embargo, los desafíos para la economía real y el sector financiero han aumentado. Las recientes subastas de deuda han reflejado la continua confianza del mercado en la economía y la deuda soberana de España a pesar del brote de coronavirus”.
La Comisión Europea calcula que el Gobierno ingresará bastante menos de lo que dice en 2021 con los nuevos impuestos. En relación con el de las transacciones financieras, que grava el 0,2% del valor de las adquisiciones de acciones de grandes empresas españolas, el Ejecutivo español calcula recaudar 850 millones de euros. Este nuevo impuesto entrará en vigor a mediados de enero. Las previsiones de la Comisión Europea para el otoño de 2020 incluyen un menor rendimiento de los ingresos, de unos 425 millones, “habida cuenta de los importes recaudados en otros Estados miembros”.
En cuanto al impuesto sobre los ingresos por actividades digitales, el Gobierno espera 968 millones de euros. Es un impuesto que grava los ingresos procedentes de la prestación de servicios de publicidad online, servicios de intermediación online y venta de datos de usuarios. Este nuevo impuesto entrará en vigor a mediados de enero, según el Gobierno. Las previsiones de otoño de 2020 de la Comisión Europea incluyen un rendimiento de los ingresos ligeramente inferior: “Unos 800 millones, habida cuenta de las cantidades recaudadas en otros Estados miembros”.
En lo que tiene que ver con las nuevas medidas legislativas de lucha contra el fraude fiscal, cifradas en 828 millones por el Ejecutivo. Las previsiones de otoño de la Comisión para 2020 reducen la cantidad de ingresos esperada de las medidas para luchar contra el fraude fiscal, debido a las incertidumbres que rodean su implementación: 425 millones de euros.
En el anteproyecto de presupuesto 2021, el Gobierno especificó que se aplicarán cambios en la imposición en parte de los dividendos y plusvalías de las filiales generadas en el exterior por valor de 473 millones de euros, y en el aumento de la tasa impositiva sobre la base imponible de las grandes empresas y en el tipo impositivo de la renta personal para los salarios más altos y sobre el ahorro (aumento de 3 puntos porcentuales para una renta del capital de más de 200.000 euros y de 2 puntos porcentuales para una renta laboral superior a 300.000 euros). En total, esto generaría 617 millones, por encima del impacto presupuestario inicialmente estimado del borrador de plan presupuestario presentado a Bruselas.
El Gobierno también incluyó Incrementos de la tributación indirecta sin detalles (1.509 millones de euros) que en el anteproyecto de presupuesto 2021 no se especificó como tal, afirma Bruselas. Además, añadió el incremento del tipo del IVA del 10% al 21% para las bebidas azucaradas (340 millones de euros), que “incluyó en el proyecto de presupuesto de 2021 con la misma estimación del impacto presupuestario”.
La “fiscalidad verde sin detalles” asciende a 1.311 millones de euros: “En el proyecto de presupuesto de 2021, se especificaron aumentos en los impuestos sobre el gasóleo para consumidores no profesionales (450 millones de euros) y en los impuestos sobre los residuos (861 millones de euros)”, explica Bruselas, que habla de la fiscalidad del plástico de un solo uso (491 millones de euros): “Este nuevo impuesto necesita una nueva ley pendiente de aprobación9 con todas las especificidades de los parámetros impositivos (base imponible, tipo impositivo, etc.)”.