La negociación del reglamento en el Parlamento Europeo a finales del año pasado no fue fácil: había varios elementos en disputa que separaban mucho al Parlamento Europeo y al Consejo –los Gobiernos–, cuya presidencia de turno el semestre pasado recaía en Alemania. En particular, la condicionalidad macroeconómica de los fondos, que podía traer consigo que se interrumpieran los pagos si algún Estado no cumplía las reglas de deuda y déficit que ahora están suspendidas y que se espera vuelvan a estar vigentes en 2022. Esto es algo que preocupa mucho a países como Italia, España, Portugal o Grecia, a los que la crisis va a dejar con cifras elevadas de deuda y déficit. “Hemos parado algunas cosas que habrían sido muy duras para muchos países, incluido España”, afirmaba Eider Gardiazabal, la ponente socialista por parte de la Eurocámara, en una entrevista con elDiario.es.
Al final, el Parlamento Europeo consiguió rebajar esa condicionalidad macro en la herramienta que regulará cómo se reparten los 672.000 millones de euros del fondo de recuperación y resiliencia que gestionarán los gobiernos y que pondrá en marcha la UE este año por medio de una emisión de deuda por parte de la Comisión Europea: España, en sus presupuestos generales, cuenta con unos 27.000 millones para 2021, que seguramente empiecen a llegar a partir del verano. España tiene en juego para todo el periodo 140.000 millones en total, 72.000 en transferencias y 68.000 en préstamos.
En las negociaciones, la Eurocámara pudo reconducir esa condicionalidad que reclamaban, sobre todo, Alemania y los autodenominados frugales, comandados por Holanda. Pero hay otras condicionalidades que recogen las directrices publicadas este viernes por la tarde por la Comisión Europea, actualizadas tras las negociaciones por el reglamento.
En las nuevas directrices, el Ejecutivo comunitario afirma: “Los Estados miembros deben acompañar cada solicitud de pago con la información necesaria para que la Comisión Europa pueda evaluar el cumplimiento de las condiciones de desembolso, y la Comisión podrá solicitar información adicional si es necesario. Si los objetivos y metas no se cumplen satisfactoriamente, se suspenderán los pagos y, eventualmente, se podría reducir la contribución financiera”.
“Los Estados miembros”, dice el Ejecutivo comunitario, “también acompañarán cada solicitud de pago con una declaración de gestión que confirme que los fondos se utilizaron para el fin previsto, que la información presentada con la solicitud de pago es completa, precisa y fiable y que los sistemas de control establecidos dan las garantías necesarias de que los fondos se gestionaron de conformidad con todas las normas aplicables, en particular las normas sobre prevención de conflictos de intereses, prevención del fraude, corrupción y doble financiación de acuerdo con el principio de buena gestión financiera; y un resumen de las auditorías realizadas, incluyendo el alcance de estas auditorías en términos de gasto cubierto y período de tiempo cubierto y un análisis de las debilidades encontradas y las acciones correctivas tomadas”.
Así, afirma la Comisión Europea, “podrá suspender los desembolsos en cualquier momento si se evidencian irregularidades graves (es decir, fraude, corrupción, conflicto de intereses). En tal caso, la Comisión puede solicitar acceso a información más detallada registrada por el Estado miembro, incluidos datos sobre los beneficiarios finales de los proyectos o inversiones necesarias para alcanzar los objetivos y metas, y llevar a cabo, si es necesario, controles adicionales o una auditoría”.
“Estamos pidiendo un fuerte compromiso para hacer reformas, y más detalles sobre objetivos y metas. Creo que estamos en la buena dirección con España, pero por supuesto tenemos que trabajar juntos todavía unos pocos días y semanas”, dijo el comisario de Finanzas, Paolo Gentiloni, tras el último Eurogrupo.
La Comisión Europea ya ha advertido a los gobiernos de que la crisis de la pandemia está agravando los desequilibrios macroeconómicos que ya existían en la eurozona previamente. “El compromiso de la Comisión Europea es aumentar la ambición de las reformas en los planes nacionales para garantizar que las reformas e inversiones tienen los detalles necesarios sobre el calendario, objetivos y metas”, Gentiloni.
Las nuevas directrices “reflejan el hecho de que el alcance del fondo de recuperación se estructura en torno a seis pilares”, tal y como se pactó con el Parlamento Europeo: “Transición verde; transformación digital; crecimiento y empleo inteligentes, sostenibles e inclusivos; cohesión social y territorial; salud y resiliencia; y políticas para la próxima generación, niños y jóvenes, incluida la educación y las habilidades”.
Los Estados miembros, dice Bruselas, “deberían explicar cómo los planes contribuyen a la igualdad y los principios del pilar europeo de derechos sociales. También deben incluir un resumen del proceso de consulta a nivel nacional, así como los controles y el sistema de auditoría establecidos para garantizar la protección de los intereses financieros de la Unión. Los Estados miembros deben demostrar que sus planes propuestos contribuyen con al menos el 37% de la asignación total del plan al objetivo climático y el 20% a la transición digital”.
“El clima, lo social y el género han sido tres objetivos que hemos reforzado mucho”, explicaba Gardiazabal: “La lectura del Consejo era una visión económica muy cerrada sin otras perspectivas. Hemos introducido una triple visión, para que los criterios de evaluación cuando se hable de las recomendaciones por país incluyan una evaluación de las medidas en relación con el impacto en el crecimiento económico, el impacto social; las políticas de género; y a reducir el impacto que ha tenido la crisis en las mujeres y en los colectivos vulnerables.No podíamos tener solo una visión global, sino que también una visión concentrada en mujeres y en colectivos vulnerables, que son los que pagan las crisis, como los jóvenes. Pero todo eso ha salido, con mucho trabajo. Ha sido mucha responsabilidad, pero hemos parado algunas cosas que habrían sido muy duras para muchos países, incluido España”.