La Comisión Europea felicita a España por la reforma laboral. Así lo he explicado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, después de una reunión con el comisario europeo de Empleo, Nicolas Schmitt, en el marco del consejo informal de ministros del ramo de la UE en Burdeos.
“Ha mostrado su satisfacción”, ha afirmado Díaz, “y nos ha transmitido la enhorabuena por el papel jugado con la primera reforma que es con acuerdo, también en el seno de la Unión Europea”. La propia vicepresidenta segunda tuiteaba: “[El comisario] Nicolas Schmit ha felicitado a nuestro país por una reforma laboral que nos acerca a lo mejor de Europa y que hace del Diálogo Social su bandera”.
Fuentes conocedoras de la reunión han explicado a elDiario.es que el comisario estaba contento por el acuerdo de la reforma laboral, que calificó de histórico por haber llegado a través de un acuerdo social, algo que no había pasado antes.
La vicepresidenta ha explicado que, en la conversación con el comisario europeo de Empleo, el Ejecutivo comunitario ha reconocido “el impacto positivo que ya está teniendo en el mercado de trabajo España” la reforma recién aprobada: “Han mostrado una enorme satisfacción. España no solamente va a la vanguardia, sino que está garantizando políticas sociales centrales y, sobre todo, con el trabajo decente en el centro”.
Díaz también ha explicado que la Comisión ha felicitado a España, así mismo por el diálogo social, a través del cual se han cerrado más de una decena de acuerdos entre Trabajo, sindicatos y empresarios en España: “Somos un país ejemplar en el despliegue del diálogo social”.
El reconocimiento de la Comisión Europea en la reunión, según las fuentes, también llegó por que España ha sido de los primeros países que ha presentado el plan de gobierno para el 2030 relativo al pilar social europeo con criterios, y lo ha hecho con “criterios muy ambiciosos”, algo que ha sido reconocido por el comisario europeo.
En la reunión con el comisario de Empleo, Díaz también anunció que España iba a depositar el convenio 190 de la OIT en Ginebra. La ministra de Trabajo Yolanda Díaz anunció justo antes de que se destara la pandemia su voluntad de ratificar el convenio 190, contra la violencia y el acoso en el trabajo. El paso tenía una relevancia especial porque iba a suponer la entrada en vigor del tratado internacional, que necesita de la ratificación de al menos dos países y en ese momento solo había iniciado el proceso Uruguay.
Pero llegó la pandemia y el proceso previo a la ratificación se alargó ante otras urgencias fruto de la crisis del coronavirus. El segundo Estado en ratificarlo finalmente fue Fiji y se han sumado desde entonces Argentina, Ecuador, Mauricio, Namibia y Somalia. Ahora, el Ejecutivo ha completado los “dictámenes y trámites preceptivos previos” y da el primer paso para que España se una a la ratificación del convenio.
La vicepresidenta ha destacado desde que llegó al Gobierno la importancia del convenio 190 contra la violencia y el acoso por varias novedades en su perspectiva protectora. Por un lado, incluye dentro del acoso no solo el que se ejerce de manera vertical (de un superior a una persona subordinada) sino también aquel que se produce entre iguales (un compañero de trabajo a otro).
Además, la ministra de Trabajo ha subrayado su alcance a los becarios y becarias, aunque no sean asalariados, así como en aquellos espacios que están al margen del centro de trabajo, como reuniones fuera de la oficina, los viajes de trabajo y los cursos de formación laboral, en los que también se debe proteger frente al acoso laboral.
En la reunión con Schmit, además, Díaz ha hablado de los temas que como país está preparando el Ministerio de Trabajo y Economía Social y la Vicepresidencia segunda para la presidencia española rotatoria de la UE en el segundo semestre de 2023; asuntos ligados al diálogo social, a la desconexión, a los cuidados, a los algoritmos, y los riders, entre otros.
Campaña del PP sin respuesta
Este nuevo espaldarazo de Bruselas a las políticas económicas del Gobierno llega tras la campaña del PP de Pablo Casado en Bruselas contra la gestión de los fondos europeos, que van vinculados a inversiones y reformas como la del mercado de trabajo.
La campaña de ataques del PP de Pablo Casado por la gestión de los fondos europeos no solo es una ofensiva contra el Gobierno de España. Cuestiona también la labor de supervisión, evaluación y negociación de la Comisión Europea, que es la que entrega el dinero. Y la que, de momento, ha dado a España más que a nadie –19.000 millones de euros– y sin poner en duda el método de reparto aprobado por el Ejecutivo de coalición.
En un plazo de 15 días, han pasado por Bruselas el presidente del PP –el pasado lunes–; el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, –el 26 de enero–; y una delegación de cargos municipales y regionales, encabezada por el alcalde de Madrid y portavoz estatal, José Luis Martínez-Almeida –el pasado miércoles–. En los tres casos, el mensaje de los dirigentes del PP es el mismo: sembrar dudas sobre la gestión que se está haciendo en España, con acusaciones de favoritismo hacia las comunidades y ayuntamientos gobernadas por el PSOE o “los nacionalistas”, como dijo Casado el pasado lunes.
En los tres casos, la misma respuesta de las instituciones europeas: Bruselas se limita a tomar nota. Y, en los tres casos, el mismo reconocimiento de los representantes del PP de que sus quejas tienen poco recorrido en el Ejecutivo comunitario.
Una Comisión Europea, además, que semana tras semana por boca del vicepresidente económico, Valdis Dombrovskis –letón de la familia popular europea– y el comisario de Finanzas, Paolo Gentiloni –socialista italiano–, enmienda a los representantes del PP en la Eurocámara cuando cuestionan la gestión de los fondos en España. La última vez, ocurrió el pasado lunes mientras Pablo Casado se veía con representantes del PP europeo en Bruselas.
En efecto, Casado se vio en Bruselas el lunes con la presidenta del Parlamento Europeo, la maltesa Roberta Metsola –del PP europeo–, Manfred Weber –jefe de la bancada de los populares europeos en la Eurocámara–; con Sigfried Muresan, vicepresidente del PPE y ponente del reglamento sobre el mecanismo de recuperación y resiliencia (RRF), y Markus Ferber, portavoz de los populares europeos en la Comisión de Asuntos económicos de la Eurocámara.
Es decir, el presidente del PP sólo se reunió con representantes de su familia política en Bruselas. Y ni siquiera con representante alguno de la Comisión Europea. El PP europeo celebró una reunión en la que no se abordó la cuestión de los fondos, según la nota de prensa publicada por el propio partido.
Quienes sí se han reunido con representantes de la Comisión Europea han sido tanto el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, como la delegación de alcaldes. Pero en ningún caso con comisarios responsables directos de la gestión de los fondos.