“Al menos durante este verano, nuestras encuestas a consumidores muestran que una política monetaria más estricta [por las subidas de los tipos de interés] no afectará los planes de vacaciones de los ciudadanos”, admitió recientemente Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo (BCE). Superada la pandemia, la demanda de ocio y turismo vive su particular 'boom' contra todos los impedimentos: las subidas de precios, la caída del ahorro, la pérdida de poder adquisitivo o el encarecimiento de hipotecas y del resto de préstamos. Y España es la economía de la eurozona más solvente frente a esta realidad.
La fortaleza del turismo, presente en los últimos datos (en abril llegaron un 1,2% más de visitantes que en el mismo mes de 2019 y gastaron un 20% más), es una de las principales razones que sitúan a nuestro país con un crecimiento del PIB (Producto Interior Bruto) destacado respecto a Alemania, Francia, Italia... o el conjunto de la eurozona. Tras crecer un 5,5% en 2021, otro 5,5% en 2022 y un 3,8% en el primer trimestre, la OCDE confirmó esta semana que la economía de España avanzará un 2,1% en 2023, y un 1,9% más en 2024, el doble que la media comunitaria.
Pero detrás de estas buenas estimaciones, que chocan frontalmente con el “estancamiento” o el “declive” al que se refirió esta misma semana el líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, no solo hay turismo. Las exportaciones de otros servicios, relacionados con consultoría, las TIC (tecnologías de la información o la comunicación) o la informática, exhiben una salud desconocida en la historia de nuestro país. La caída de los precios de la energía, por la menor dependencia de Rusia y las medidas del Gobierno, han moderado la inflación mucho antes y mucho más que en el resto de la eurozona, dando oxígeno a un consumo asfixiado. El mercado de trabajo se supera, y prácticamente cada mes se establece un nuevo récord de trabajadores afiliados a la Seguridad Social, con los trabajadores indefinidos en máximos y la temporalidad en mínimos. Y además, el Ejecutivo ha conseguido que España lidere el despliegue el Plan de Recuperación.
El calendario de datos económicos de aquí a las elecciones generales del 23 de julio corroborá todos estos factores. También mostrará los principales retos que tendrá el nuevo gobierno a corto y largo plazo.
El 23 de junio, el INE (Instituto Nacional de Estadística) publicará la segunda lectura de la evolución del PIB entre enero y marzo. Según el adelanto que se conoció hace algunas semanas, creció un 0,5% respecto al último trimestre de 2022 (un 3,8% interanual), hasta rozar el nivel previo a la pandemia. Desde el Gobierno, no descartan una revisión de este dato, “como ha ocurrido en otras ocasiones”, aunque el avance seguirá siendo muy destacado entre los países europeos.
Las cifras de Alemania o del conjunto de la eurozona ya han sido actualizadas. Y si los datos adelantados apuntaron a un estancamiento, con comportamientos del 0% o el 0,1%, ahora directamente muestran una situación de recesión técnica (dos trimestre consecutivos de caída del PIB). En España, una evolución similar está descartada. “En los trimestres que quedan de año se espera un crecimiento menor que el del primer trimestre, pero en torno al 0,2%-0,3%”, recoge el informe del último panel de previsiones de Funcas.
Las últimas previsiones importantes para 2023 y 2024, las de la OCDE, dedican un gráfico a exponer la fortaleza del sector exterior, cuyo nivel de actividad está casi 20 puntos porcentuales por encima del previo al shock de la pandemia. “Aunque el dinamismo de las exportaciones españolas haya sorprendido en el contexto actual, su buen comportamiento viene de lejos. Arranca en la crisis financiera y de deuda soberana de hace una década, cuando muchas empresas españolas se vieron forzadas a mirar hacia el exterior ante la debilidad de la demanda interna”, explica Oriol Aspachs, economista de Caixabank Research.
En la actualidad, la propia vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, no se cansa de incidir en la “competitividad” de nuestras empresas. En parte por la menor inflación que sufre España. Aunque también por los salarios más bajos respecto a la media comunitaria. Por esto último, el consumo de las familias de nuestro país todavía está por debajo del nivel de finales de 2019. Pero gracias a la resiliencia del mercado de trabajo y las medidas del Gobierno, tampoco llega a desfallecer. Y la OCDE estima que seguirá avanzando lentamente.
Con un crecimiento sostenido y un menor esfuerzo para luchar contra la inflación, la institución espera que el déficit (el desequilibrio entre los ingresos y los gastos públicos) baje al 3,5% en 2023, y que siga reduciéndose en 2024. El endeudamiento seguirá la misma tendencia, y caerá por debajo del 110% del PIB. Ángel Talavera, investigador para Europa de Oxford Economics, considera “el déficit estructural” uno de los problemas principales a largo plazo. El economista Eduardo Garzón, en cambio, opinia que no debería ser una preocupación, ya que “para atender los problemas económicos más apremiantes sería necesario aumentarlo”.
Respecto a la inflación, Ángel Talavera recalca que uno de los retos prioritarios a corto plazo es “afianzar” su caída. Todas las previsiones apuntan a que será así por el abaratamiento de carburantes, gas y de la electricidad. La clave en estos momentos es que esa misma senda la sigan los alimentos. “Yo abogaría por controles de precios o por ayudas a los más necesitados si es más fácil”, comenta Eduardo Garzón.
Este viernes, Nadia Calviño afirmó que desde Economía vigilarán los datos sobre los precios de los alimentos de mayo y de junio, que se conocerán este martes 13 de junio y el 12 de julio, respectivamente, con la publicación de los detalles del IPC de cada mes, para valorar si mantienen la bajada del IVA sobre la cesta básica que está vigente desde enero. “Se mantendrá en tanto no tengamos un nivel de precios adecuado, dada la influencia en el bolsillo de las familias españolas”, confesó.
El peor 'trago' económico para el Gobierno de aquí a las elecciones generales del 23 de julio será la subida de los tipos de interés del BCE el próximo jueves 15 de junio. Lo más probable, según la mayoría de expertos en política monetaria, es un aumento de otros 0,25 puntos porcentuales, desde el 3,75% hasta donde los llevó en mayo.
Se trata de la escalada más agresiva de la historia del 'precio' oficial del dinero, que empezó en el 0% hace casi un año y busca ahogar a familias, empresas y estados para moderar así la inflación. Su impacto más reconocible se ve en un Euríbor disparado, que podría cerrar junio en el 4% de media, un récord desde 2008, que podría exigir al nuevo gobierno medidas para favorecer el acceso a la vivienda, como las que viene anunciando en las últimas semanas y que ha recogido en la ampliación del Plan de Recuperación, además de aliviar el daño a los hipotecados más vulnerables.
La inflación y el aumento de los tipos de interés son un ataque directo al poder adquisitivo de las familias, que el Gobierno ha protegido en los últimos años con las subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), la vinculación de la revalorización de las pensiones al IPC o con otras medidas como el descuento a los carburantes, las bajadas de impuestos a la electricidad o el gas, la gratuidad del transporte público o el cheque de 200 euros para las rentas bajas. Todas estas respuestas se reflejarán en la Encuesta de Presupuetos Familiares que publicará el INE el 28 de junio.
Eduardo Garzón, profesor de la UAM, señala que es necesario “un mejor y más ambicioso pacto de rentas y un control más estricto de los beneficios empresariales”. En mayo de este 2023, sindicatos mayoritarios y patronal firmaron un acuerdo salarial con un marco de alzas de un 4% para 2023, un 3% para 2024 y otro 3% en 2025, y con una cláusula de revisión con incrementos de hasta el 1% adicional si la inflación queda por encima de estas cantidades. Este pacto obvió el 8,4% de inflación media de 2022.
Hasta ahora, los datos conocidos respecto a los convenios firmados en los últimos meses o los que recogen las estadísticas de Hacienda se acercan al acuerdo que alcanzaron los representantes de los trabajadores y los empresarios.
El Gobierno tiene pendiente la creación del Observatorio de Márgenes, que podría presentar en junio o julio y que pretende ofrecer datos más transparentes sobre la capacidad de las empresas de convertir en beneficios las subidas de los precios de venta (al trasladar los mayores costes), y así fijar con más precisión los aumentos necesarios de los sueldos de cada sector para recuperar capacidad de compra.
Dado que los más dañados por la inflación, por las subidas de tipos y, por supuesto, por una amenaza de recesión son los más vulnerables, “el objetivo principal de cualquier gobierno deberia ser primero tener un plan estratégico para frenar el incremento de la de la desigualdad”, confía Víctor Gómez-Blanco, investigadore de la Tilburg University, de Países Bajos, y de la Carlos III de Madrid, quien ve más importante abordar los retos a medio y largo plazo, “garantizando servicios públicos básicos como la sanidad, la educación o las pensiones y pensando en el impacto de la inteligencia artificial y la robotización”, que problemas temporables como la inflación.
La mejor protección del poder adquisitivo de las familias es la resistencia del mercado de trabajo tras la reforma laboral junto con la mayor calidad del empleo. La temporalidad se ha hundido en el 14%. Hay 20,8 millones de trabajadores afiliados a la Seguridad Social, un máximo, aunque la tasa de paro, por encima del 12%, sigue siendo muy elevada frente a la media de la eurozona.
El mercado de trabajo, del que se conocerá el dato de junio el 4 de julio, es crucial. Y revela cambios de fondo, estructurales. El más claro: la reducción de la temporalidad en el mercado de trabajo a mínimos. Un efecto que directamente aumenta los ingresos públicos y disminuye el gasto en prestaciones. Indirectamente, al aportar estabilidad para empresas y trabajadores, apoya el consumo de las familias en general. También su capacidad para financiarse, que está relacionada con decisiones de compra de mayor valor añadido, como la vivienda, u otros bienes duraderos como los coches, la tecnología... Bienes que, además, exigen mayor “consumo de mantenimiento”, según se describe en la teoría económica. Por el lado de las empresas, supone potenciales mejoras en la productividad y la competitividad, incluso en la internacionalización.
Otro efecto estructural está relacionado “con un mejor ajuste [del mercado laboral] frente a futuras crisis”, destaca el Ministerio de Asuntos Económicos. Es decir, una “reducción del paro estructural”, que es reconocido por todas las instituciones como el principal problema de la economía de nuestro país. La reforma laboral busca que una recesión no conlleve una grave destrucción de empleo, lo que automáticamente significa una menor caída del PIB.
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