Demandó a su empresa y todo lo que vino después ha sido “un calvario”, califica Sonia (nombre ficticio), trabajadora de Servisa, funeraria del grupo de la aseguradora Ocaso. Primero, un despido disciplinario que ha sido tumbado más tarde por los tribunales como nulo, por violación de derechos fundamentales. Pero además Servisa filtró sus datos personales a la prensa, su nombre y apellidos junto a su afiliación sindical, cuando la trabajadora denunció de manera anónima su rebelión y la de otras empleadas contra el uniforme de las mujeres con falda y tacón alto en la funeraria.
El conflicto laboral estalló en los medios de comunicación en diciembre de 2021. Sonia y otras compañeras, como Vanesa S., representante sindical de CCOO en Servisa en Valencia, denunciaron públicamente que Servisa las había obligado a llevar falda y tacón alto, “de nueve centímetros”, decisión contra la que varias de ellas se rebelaron, como explican ambas de nuevo ahora a este medio.
Vanesa S. logró que Servisa reconociera que las mujeres de la plantilla podían elegir entre el pantalón y la falda como uniforme y también entre el zapato plano y el de tacón, pero tuvo que denunciar a la compañía, que finalmente acordó estas medidas en un acto de conciliación en 2019, según ha podido constatar elDiario.es. “Me negué a aceptar ese tacón, que no lo soportábamos. Peleé y lo conseguí”, explica la representante sindical.
Pero, pese a este acuerdo de 2019, “había trabajadoras que seguían sin poder elegir el uniforme”, explica Vanesa S. Algunas no se callaron y decidieron pelear también por un uniforme más cómodo, como fue el caso de Sonia. “Con ella se han cebado bastante”, lamenta su compañera.
“El tema de los tacones solo fue una de las cosas que incluí en la demanda. También cambios de turno de un día para otro, que a las recepcionistas no nos daban plus de nocturnidad... Un cúmulo de cosas, no se respetaban los derechos laborales”, denuncia la empleada, que estaba en ese momento de baja por ansiedad, en diciembre de 2020.
Cuando se incorporó a su puesto, a comienzos de 2021, intentó presentarse a unas elecciones sindicales en su centro de trabajo, pero en cuestión de días era despedida de manera disciplinaria, antes de la votación. La empresa la acusó de “flagrantes incumplimientos laborales” que constituían “una falta continuada muy grave de deslealtad y vulneración de la buena fe contractual”.
Sonia recurrió y, más de un año después, el juzgado de lo Social que analizó el caso rechazó la tesis de Servisa. La magistrada respaldó el pasado mayo a la empleada, al considerar que había “indicios idóneos” de posible represalia ante la demanda judicial presentada por la trabajadora y también de vulneración de derechos fundamentales.
“La empresa conocía antes del despido que se iban a celebrar elecciones en el centro de trabajo así como la pretensión de la trabajadora de presentarse por la candidatura del Sindicato Unitario y, que posteriormente se le impidió presentarse por no figurar en el censo electoral”, al haber sido despedida, recuerda la magistrada en la sentencia.
La jueza declara el despido nulo e impone una indemnización de 6.251 euros a la afectada por daños y por la vulneración de los dos derechos fundamentales: garantía de indemnidad de la trabajadora, así como de su libertad sindical. Sonia ha recurrido la resolución judicial, que considera que impone una indemnización muy reducida ante los hechos constatados y, según la trabajadora, la compañía también ha recurrido el fallo.
elDiario.es ha intentado recabar la versión de Servisa para este artículo, pero desde la compañía han declinado hacer ninguna declaración ya que “estos asuntos están pendientes de resolución judicial o administrativa”, indica un portavoz.
Tras su despido y antes de que los tribunales analizaran su recurso, Sonia denunció en varios medios de comunicación de manera anónima el uniforme con falda y tacón alto para las mujeres en Servisa.
Como respuesta, Servisa difundió a la prensa un comunicado con sus datos personales, donde figuraba su nombre y apellidos, decía que había sido despedida por la vía disciplinaria y además desvelaba su afiliación sindical. Periódicos como ABC y La voz del Sur, entre otros, publicaron su identidad. “Estos medios no me habían entrevistado y estaban dando mis datos”, como muestran las capturas de pantalla que muestra la trabajadora.
La empleada denunció a la empresa ante la Agencia Española de Protección de Datos, que hace unos meses resolvió que Servisa incurrió en un “tratamiento ilícito de datos personales”, con dos infracciones por las que se sancionó a la empresa con 80.000 euros. Servisa se acogió a la posibilidad de las reducciones por pago adelantado y por asunción de responsabilidad de las infracciones, por lo que finalmente abonó 48.000, según la documentación consultada por este medio.
Sonia critica que la empresa intentó tacharla “de mala profesional” públicamente, con un rastro en internet que la retrataba de cara a posibles ofertas de trabajo en el futuro. La trabajadora tuvo también que pedir a los medios de comunicación que publicaron sus datos que retiraran la información de las noticias en internet y reclamó a Google por el derecho al olvido, para que también se eliminara este rastro.
“Y esto no ha acabado”, lamenta Sonia. Servisa tuvo que readmitir a la empleada, tras la declaración del despido nulo, pero desde entonces ha tenido que reclamar cuestiones básicas ante los tribunales. “Decían que la subida salarial no me correspondía, así que tengo que recurrirla. Ya en mediación me dan la razón y reconocen que sí, que me adeudan los 153 euros”, explica.
“También me dicen que las comisiones de venta de flores ahora son individuales, porque las compañeras no quieren compartirlas conmigo”, añade. Sonia denuncia un clima laboral en su contra y el acoso concreto de algún compañero, que ya comunicó a sus superiores. “Pero no han hecho nada”, lamenta. “Un día me dio un ataque de pánico en el trabajo”, continúa Sonia, y desde entonces está de baja “por ansiedad y estrés agudo”.
“Denuncié la situación ante la Inspección de Trabajo y no sé nada de ellos, ni está ni se le espera. No tienen medios, pero si quien debe proteger a los trabajadores no hace nada, ¿en qué situación nos deja?”, lamenta Sonia. Aunque haya ganado la demanda del despido en los tribunales, la empleada advierte de que una indemnización de algo más de 6.000 euros por vulnerar dos derechos fundamentales a una empresa con ganancias millonarias “no es efectiva”. Servisa tuvo dos millones de beneficios según sus últimas cuentas, de 2021.
“Me gustaría que las leyes se hicieran efectivas. Más medios para la Inspección de Trabajo y que las multas fueran contundentes para que no lo hicieran más. Que no se sientan tan impunes”, reivindica la afectada. “A mí ya me han machacado psicológicamente”.
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