No es el momento para subir el salario mínimo. La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha pedido este lunes “esperar a tener la recuperación económica enfilada en 2021” para aprobar una subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en una entrevista en el programa Al rojo vivo de La Sexta. El debate sigue en el Gobierno, ya que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha señalado que sería “preocupante” que las empresas españolas no pudieran subir el SMI 9 euros al mes, dejando entrever que su posición sería un incremento parecido al que han obtenido los funcionarios o las pensiones, un 0.9%. Por otro lado, la vicepresidenta económica ha admitido que el Gobierno está estudiando la ampliación del periodo del cálculo de la pensión de 25 a 35 años.
Este lunes hay una reunión de los agentes sociales para seguir con la negociación sobre el SMI. Los sindicatos exigen una subida del 1,8% mientras que la patronal CEOE aboga por su congelación.
“Si no hay acuerdo entre los agentes sociales a lo mejor lo que se nos está diciendo es que hay que tomarse tiempo y que esta decisión debe tomarse con la recuperación económica enfilada”, ha resaltado la vicepresidenta de Asuntos Económicos. Sus palabras han sido interpretadas por los sindicatos como la cesión de “un derecho de veto” a la patronal CEOE para evitar la subida del SMI.
El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha apuntado que Calviño con estas declaraciones “desliza un mensaje claro [a la CEOE] 'si no acordáis subida del SMI, no se sube'. El Gobierno debe promover el diálogo social, no ponerle palos en las ruedas. Así no”. La vicepresidenta ha respondido al líder sindical que en el Ejecutivo de coalición se “confía en el dialogo social pero tenemos que tomar las decisiones oportunas en el momento oportuno”.
Aunque no ha querido posicionarse claramente sobre la decisión que tomará finalmente el Gobierno, Calviño sí que ha puesto argumentos para retrasar el incremento del SMI: “A nadie de se le escapa que tomar una decisión sobre el salario mínimo en el contexto económico, cuando la caída del PIB es de dos dígitos. Tenemos que tomar decisiones por el interés general. Hay que recuperar el crecimiento de la economía e impulsar el empleo, sin olvidarnos que hay 750.000 trabajadores cubiertos por los ERTE y 250.000 trabajadores que han perdido su empleo y tienen que recuperarlo”.
Calviño recoge así la posición del propio Pedro Sánchez y los ministros socialistas del Gobierno de coalición. Sánchez no es partidario de subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en 2021. El presidente del Gobierno prefiere apostar por la cautela ante el contexto de crisis económica que azota a España por la pandemia de la COVID-19 y dejar el suelo de los sueldos en los actuales 950 euros al mes, según confirmaron a elDiario.es varias fuentes gubernamentales.
Ampliación del periodo del cálculo de las pensiones
Calviño ha confirmado que el Ejecutivo baraja una ampliación del periodo de cálculo de las pensiones, pero con exclusión de los años más negativos de cotización, como una de las distintas alternativas a explorar a partir del acuerdo del Pacto de Toledo.
“Tenemos que explorar todas las alternativas”, ha indicado Calviño, que ha aclarado que una medida de esta naturaleza respondería más bien a los cambios en las propias vidas laborales de los trabajadores y a la tendencia que existe a la ampliación del periodo de cómputo para calcular la pensión. “Me consta que el ministro Escrivá ha planteado que los trabajadores puedan excluir los años más negativos de sus cotizaciones”, ha apuntado.
La reforma de las pensiones que prepara el Gobierno, con el ministro José Luis Escrivá como máximo responsable, incorporó hace unas semanas un nuevo e inesperado elemento: la ampliación del periodo que se tiene en cuenta para calcular la pensión de los 25 a los 35 años. El ministro de la Seguridad Social anunció la medida para su análisis en la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos que preside Nadia Calviño, como adelantó El Mundo. La propuesta emerge como una baza ante Bruselas ante otros cambios que el Gobierno pretende aplicar para acabar con la reforma de Rajoy de 2013, explicaron fuentes del Ejecutivo.
Preguntada por el rechazo que genera la ampliación del periodo de cálculo de las pensiones entre Podemos y los sindicatos, la ministra, en declaraciones a La Sexta recogidas por Europa Press, ha subrayado que se buscará el máximo consenso social y político a la hora de reformar las pensiones, pero ha insistido en que tienen que explorarse distintas alternativas.
Calviño ha afirmado además que el propio Pacto de Toledo, aunque no especifica que deba aumentarse el periodo de cálculo de las pensiones en un número concreto de años, sí aboga por “valorar y explorar” las reformas que están en marcha.
Una de esas reformas, precisamente, tiene que ver con el periodo de cálculo de la pensión, cuyo aumento está siendo progresivo. Este año se toman en cuenta los últimos 23 años de cotización para calcular la pensión, mientras que en 2021 serán 24 años y en 2022 se irá a 25 años.
La alternativa que baraja el Gobierno de ampliar de 25 a 35 años los años cotizados para calcular la pensión arrancaría, por tanto, a partir de 2023 siempre y cuando esa medida formara parte de la futura reforma de pensiones.
Dicha ampliación tendría efectos sobre la cuantía de la pensión, generalmente negativos, pero al ser preguntada por esto Calviño ha indicado que se propone excluir del cómputo aquellos años que sean más negativos para el trabajador.
En todo caso, Calviño ha pedido “tranquilidad” porque el Gobierno tiene un compromiso firme con la revalorización de las pensiones y con la sostenibilidad a futuro del mismo. “Y vamos a abordar las reformas buscando el máximo consenso social y político”, ha vuelto a señalar.