Tras meses sin trabajar, sin salarios ni posibilidad de cobrar el paro y sin que Moncloa y la empresa que les contrató les dé una solución, un grupo de 18 camareros ha decidido demandar al Ministerio de Presidencia y a la compañía Dulcinea Nutrición para que se declare la improcedencia de su despido, sean readmitidos en la compañía y se les reintegre los salarios no abonados, que suman más de 96.000 euros.
En un principio, el Ministerio trató de encontrar una salida para la treintena de trabajadores del servicio de catering mediante la contratación de otra empresa. El Grupo Nazabal anunció que estaba interesado en la concesión pero se retiró porque no quiso asumir los salarios pendientes y las deudas con la seguridad que había dejado sin pagar Dulcinea Nutrición.
El pasado diciembre la treintena de trabajadores de los servicios de cafetería de la Moncloa se quedó sin empleo y en un limbo legal -la empresa los dejó como subrogados a la próxima contrata y no pueden cobrar el paro- tras la cancelación del contrato de adjudicación del servicio a la empresa Dulcinea por impago de las nóminas y deudas con la Seguridad Social. Esta empresa tiene como accionistas a la familia Franco, a través de Domarma 3, cuya administradora es la nieta del dictador, María de la O Martínez Bordiú.
Fuentes de Presidencia aseguran que el subsecretario del Ministerio Antonio Hidalgo se ha reunido con los trabajadores para trasladarles que se está trabajando para encontrar una solución definitiva mediante un nuevo contrato de servicio de catering para el complejo de la Moncloa.
Eldiario.es ha tenido acceso a la memoria justificativa de un contrato del catering de Moncloa que se va a tramitar por un procedimiento abierto simplificado. La empresa que gane el concurso será pagada “directamente por los usuarios, sin que la Administración destine partida económica a tal fin. Por tanto, no existe presupuesto base de licitación”. Hay un valor estimado del contrato: 99.844,80 euros por 14.640 comidas en un periodo de 4 meses (1 mes de duración del contrato más tres prórrogas mensuales previstas) al precio máximo de 6,82 euros, IVA no incluido (7,50 euros con IVA).
La justificación de la Administración Pública para hacer un contrato temporal de este tipo es paliar “siquiera de forma temporal y parcial los adversos efectos de la paralización” de los servicios de restaurante y bar cafetería en la Moncloa, que “afecta muy negativamente al elevado número de personas que trabaja en este Complejo, ya que éste se encuentra distante de zonas comerciales”.
“Una vez agotada esta última vía, la de un contrato de catering por un mes y medio, se requiere dar continuidad a esta solución provisional mientras se alcanza el definitivo contrato que rija los servicios de restauración del Complejo de La Moncloa”, recoge la memoria.
Este contrato empezará a funcionar desde el 1 de marzo de este año. Aunque fuentes del Ministerio insisten en que se buscan soluciones para que los trabajadores despedidos puedan volver, la realidad es que en la memoria justificativa de este concurso no aparece ninguna mención a los empleados despedidos que ofrecían anteriormente el catering ni la obligación de la empresa ganadora a subrogar a los camareros de Dulcinea.
Las únicas “condiciones especiales” del contrato son la utilización “de embalajes, envoltorios, recipientes y envases de carácter reutilizable y reciclable” y la “implementación de cualquier medida que pueda suponer la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero o que implique un ahorro energético o el uso de energías renovables”.
En la demanda de los trabajadores se especifica que la empresa Dulcinea dio de baja a los trabajadores “habiéndoles entregado un certificado de empresa donde consta que la causa de la baja es por 'subrogación'” y como el Ministerio ha cancelado el contrato con Dulcinea y no se ha adjudicado el servicio a ninguna empresa, “habiéndose cerrado las instalaciones de comedor y cafetería”, estamos ante un “despido que debe ser calificado como improcedente debiendo ser declarado como responsable” la empresa Dulcinea y, subsidiariamente el Ministerio de Presidencia.
Fuentes del Ministerio explican que la Abogacía del Estado ha estudiado la demanda presentada por los 18 empleados despedidos y apuntan que “no va a tener recorrido en lo que afecta al Ministerio ya que ha sido la empresa la que ha incumplido con los trabajadores y tiene deudas con la Seguridad Social”. Estos trabajadores ya vivieron una situación similar con una anterior adjudicataria Ramiro Jaquete SA, que entró en concurso de acreedores, abandonó el servicio y dejó nóminas sin abonar. Finalmente los salarios pendientes los pagó el Fondo de Garantía Salarial del Estado (Fogasa).