El Gobierno de Canarias ha vuelto a rechazar hoy el objetivo de déficit para las comunidades autónomas, aprobado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, porque “castiga a las administraciones cumplidoras”, según ha argumentado la consejera de Hacienda, Rosa Dávila.
Los objetivos de estabilidad para las autonomías en el próximo trienio han sido aprobados en una votación telemática con los votos en contra de las cinco comunidades gobernadas por el PP y Canarias, mientras que han votado a favor las siete comunidades socialistas y Cantabria.
La propuesta del Gobierno contempla para las comunidades un objetivo de déficit para 2019 del 0,3 por ciento del PIB frente al 0,1 por ciento vigente, lo que supone un margen adicional de 2.500 millones de euros; en 2020 espera situar el déficit en el 0,1 y en 2021 en el cero por ciento.
En un comunicado, Dávila ha lamentado que el Gobierno de España haya decidido no atender las demandas de las autonomías y corporaciones locales que han respetado los objetivos de déficit y deuda pública lo que impide que Canarias destine 598 millones de euros a los servicios públicos, afirma.
“El destino de los fondos deben ser los servicios públicos esenciales porque esas son las necesidades reales de la población del Archipiélago” y “utilizarlos para inversiones financieramente sostenibles no es una solución ni de presente ni de futuro”, considera la consejera de Hacienda.
Para Rosa Dávila, la ampliación del objetivo de déficit para 2019 “es ineficaz mientras que no se territorialice la regla de gasto, ya que sólo favorece que las autonomías incumplidoras se endeuden más”.
Los objetivos de déficit y deuda pública planteados por el Gobierno “son profundamente injustos por no atender a las demandas de las administraciones que han cumplido con la ley durante los últimos años”, insiste la consejera canaria.
La ampliación del objetivo de déficit para 2019 es ineficaz, agrega Rosa Dávila, porque las autonomías cumplidoras no podrán incrementar su capacidad de gasto si no se territorializa la regla de gasto.
Además, las autonomías incumplidoras podrán seguir endeudándose para financiar los servicios públicos, mientras que las que tienen recursos se les limita su utilización mediante la regla de gasto.