El aristócrata y terrateniente Juan Pedro de Borbón no es el único beneficiario de la amnistía fiscal de 2012 que en los últimos años ha cobrado subvenciones públicas. El listado de acogidos a esa polémica medida (31.484 personas y empresas que pagaron de media un 3% por el dinero defraudado no prescrito) nunca se ha difundido (según el Gobierno, sería ilegal hacerlo) y apenas ha trascendido el nombre de un centenar de beneficiarios gracias a investigaciones periodísticas y procedimientos judiciales.
La información pública disponible en diferentes registros permite identificar algunas de las ayudas públicas que han recibido las empresas de varios beneficiarios de esa medida de gracia, declarada inconstitucional en junio de 2017 (aunque sin efectos prácticos).
Los hermanos Gallardo
Los hermanos Jorge y Antonio Gallardo son los principales accionistas de los laboratorios Almirall y dueños del mayor grupo español de sanidad privada (Vithas). Aprovecharon la amnistía fiscal que puso en marcha Cristóbal Montoro para legalizar más de 113 millones, la mayor cifra conocida hasta ahora, que ocultaban en varios paraísos fiscales, como reveló la investigación de Los Papeles de la Castellana.
Su farmacéutica, que hace unos meses recibió un préstamo de 120 millones de la UE en condiciones ventajosas para desarrollar nuevas terapias dermatológicas, aparece como beneficiaria en la base de datos de subvenciones del Ministerio de Hacienda de unos 340.000 euros en ayudas del Estado y la Generalitat de Catalunya.
Los Gallardo, que hasta 2016 fueron socios a través de su fondo G-Square de lo que hoy es el grupo de residencias de ancianos Domus VI (antigua SARQuavitae), receptora de subvenciones a la contratación de varias comunidades autónomas, con también accionistas de la panificadora catalana Bellsola, a través de su holding Grupo Corporativo Landon (un gigante con 1.126 millones en activos en 2018). Esta empresa recibió en 2018 un total de 169.000 euros del Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE) para actuaciones de eficiencia energética.
El grupo Vithas, además de haber suscrito en los últimos años convenios sanitarios millonarios con diferentes comunidades autónomas para aliviar sus lista de espera, también figura como receptor de unos 17.000 euros en ayudas a la eficiencia energética de la Comunidad Valenciana para un hospital en Alicante. El fabricante de cartuchos monomando para grifería Sedal, 100% propiedad de Landon Investments SCR, sociedad de capital riesgo de los Gallardo, aparece como receptor de otros 36.000 euros en subvenciones del Estado y la Generalitat.
Los Gallardo también tienen inversiones en hoteles (Sercotel), inmobiliario y de las energías renovables. En el sector público, controlan el 51% de Catalana de Infraestructuras Portuarias, dueña de una concesión administrativa (hasta 2035) en el Puerto de Barcelona.
Micaela Domecq Solís-Beaumont
La terrateniente y esposa del exministro y excomisario europeo Miguel Arias Cañete, que se acogió a la amnistía fiscal mientras su marido se sentaba en el Consejo de Ministros, es la administradora única de Cabaña de Vejer SL, que en la base de datos de Hacienda aparece como receptora de 10.094,11 euros en subvenciones agrícolas recibidas entre agosto de 2016 y noviembre pasado. La mayor parte son “subvenciones a los seguros agrícolas, ganaderos y forestales” que concede la Agencia Estatal de Seguros Agrarios.
También aparecen como beneficiarias otras empresas de los Domecq, varias vinculadas a Havorad BV, sociedad holandesa calificada hace años como “sociedad pantalla” por la Agencia Tributaria: Juan Pedro Domecq Solís SL (que en 2017 recibió 1,3 millones de la Junta de Andalucía “para el apoyo a inversiones materiales o inmateriales en transformación, comercialización o desarrollo de nuevos productos agrícolas”) y otras como Invalsur SL (48.115 euros desde 2017) o Monsell Agroganadera (32.472 euros en cuatro años). Otra empresa de los Cañete Domecq, Logiscenter (presidida por un hijo del excomisario europeo de Energía y Clima) ha sido una de las beneficiarias de las primeras subvenciones de la Comunidad de Madrid al autoconsumo eléctrico para empresas.
El rey del cartón ondulado
El consejero delegado de Cartonajes Santorromán, Leopoldo Santorromán, también presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Envases y Embalajes de Cartón Ondulado (AFCO), es otra de las personas que se acogieron a la amnistía fiscal. Según una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, “algunos de los socios y administradores” de esa sociedad, y en concreto, “el fundador de la empresa, y actual presidente del consejo de administración y el actual consejero delegado, así como las esposas de ambos”, se acogieron a la amnistía “mediante la presentación de declaraciones modelo 750 en las que reconocieron la no declaración de relevantes cantidades que arrojaban una suma de 527.559,26 euros”.
Cartonajes Santorromán, radicada en Logroño y dedicada durante cuatro generaciones a la fabricación, comercialización y distribución de todo tipo productos realizados en cartón ondulado (un producto muy utilizado por la industria alimentaria), aparece en la base de datos de subvenciones como beneficiaria de sendas ayudas concedidas en diciembre y marzo de 2016 por el Gobierno riojano: una de 782.335,52 euros para “Mejora de la Competitividad de las empresas (AFI) 2015” y otra de 14.433,3 euros correspondiente a la convocatoria “Promoción de la Innovación Empresarial (Seguridad en el trabajo)”.
Leopoldo Santorromán, cuya empresa fue distinguida en octubre pasado como empresa del año por la Asociación Riojana de Empresa Familiar, preside desde 2008 la patronal de este sector. En 2016, se le pudo ver junto al entonces vicesecretario de Comunicación del PP y hoy máximo responsable de este partido, Pablo Casado, en un acto en Madrid organizado por la Federación Europea de Fabricantes de Cartón Ondulado (FEFCO). El acto se celebró unos meses después de que la patronal que preside, su empresa y otras 17 competidoras fueron multadas en 2015 con 57,7 millones por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por pactar precios y repartirse clientes. La sanción fue anulada en enero de 2019 por la Audiencia Nacional por un defecto de forma. Santorromán no ha querido atender a eldiario.es
Los dueños de Meliá
Varios miembros de la familia Escarrer, propietarios de la hotelera Meliá, se acogieron a la amnistía, según reconocieron tras aflorar sus nombres como beneficiarios de varias sociedades offshore en la investigación de Los Papeles de Panamá, aunque en este caso no hay datos sobre la cuantía aflorada.
Solo en 2018, y según explica Meliá en su último anual, “las subvenciones en el ejercicio ascendieron a 515.393,49 € a nivel consolidado y 752.752,87 € a nivel agregado. Por otra parte, se recibieron en el ejercicio, en concepto de bonificaciones para formación 599.860,06 € a nivel consolidado y 712.785,92 € a nivel agregado”.
Los Escarrer, como los Gallardo, figuran entre las grandes fortunas que cerraron el año pasado sus sicavs en vísperas del cambio legal que anunciaron en diciembre el PSOE y Unidas Podemos para reforzar los controles sobre estos instrumentos de inversión colectiva, muy utilizados por las grandes fortunas.
Los dueños de las pipas Facundo
La familia Villagrá Blanco, propietaria del grupo palentino de aperitivos Facundo y que hace unas semanas vaciaba gran parte de la sicav que crearon dos años después de acudir a la amnistía, también ha recibido importantes ayudas públicas tras acogerse a lo que el Gobierno de Mariano Rajoy bautizó eufemísticamente como “declaración tributaria especial”, y que les permitió legalizar un patrimonio de 11,2 millones que ocultaban en Suiza.
El fabricante de las pipas Facundo, Facundo Blanco SA, ha recibido 1,5 millones de la Junta de Castilla y León para “proyectos expansivos de la factoría palentina”, según informaba el Gobierno autonómico en octubre de 2014. “La empresa ha recibido dos ayudas por importe global de 1,4 millones de euros para una inversión de 5,3 millones de euros para la mejora, modernización y automatización de la industria de elaboración de frutos secos”, explicó entonces la Junta.
El presidente de Facundo Blanco y expresidente de la Cámara de Comercio de Palencia, Vicente Villagrá, también aparece como receptor a título personal de subvenciones en el portal de Hacienda, que en el caso de las personas físicas solo recopila la información del último año. Villagrá figura como receptor de 4.709,34 euros en ayudas concedidas entre marzo y diciembre de 2019 en concepto de “pagos directos a la agricultura y la ganadería” y “a otros regímenes de ayudas por superficie y a determinadas ayudas cofinanciadas por FEADER”.
El empresario, que hizo gala durante su largo mandato en la Cámara palentina de un discurso a favor de reducir el gasto público [“Hemos vivido un 30% por encima de nuestras posibilidades”, dijo en 2010], bajar impuestos y no tocar la reforma laboral de 2012, recibía este jueves de manos del presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, la Medalla de Oro de esta institución en reconocimiento a su trayectoria en la cámara palentina.
En ese acto, Bonet definió a Villagrá, según recoge Diario de Burgos, como “una persona ejemplar que ha estado sirviendo de manera generosa al conjunto de la población y a todas las empresas durante los 40 años que ha estado en la Cámara, así como los 22 años como presidente de la misma”. Al acto acudieron el consejero de Economía de la Junta, el popular Carlos Fernández Carriedo, el alcalde de Palencia, Mario Simón (Ciudadanos), y la presidenta de la Diputación, la también popular Ángeles Armisén.