Los sindicatos mayoritarios han acogido con “optimismo” y buenas palabras, en general, al Ejecutivo de Pedro Sánchez. El nuevo presidente del Gobierno ha situado el diálogo con los agentes sociales como una de sus prioridades, como reflejó en su primera reunión convocada en la Moncloa con los líderes de UGT y Comisiones Obreras junto a los de la patronal (CEOE y Cepyme). Esta cordialidad en los primeros pasos del nuevo Gobierno ha encontrado una excepción: el futuro del carbón. La agenda que ha dejado entrever ya la nueva ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, pasa por el final del carbón y el cierre de las nucleares, lo que ha recibido el “reproche” de UGT y CCOO por la “rapidez” para publicitar estas medidad “sin una valoración previa con los agentes sociales”.
La ministra para la Transición Ecológica ha sido clara desde sus primeros días en el cargo. Ha confirmado su idea de que el carbón –que el anterior Gobierno quiso blindar por decreto– “tiene muy poco futuro” y ha deslizado el final de la era de esta fuente para generar electricidad en España, articulando “alternativas que puedan ser atractivas” para las comarcas mineras. De hecho, el carbón es la fuente de generación eléctrica más contaminante, según un informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente (EEA).
Lejos quedan los inicios de curso político del anterior gobierno socialista, en los que José Luis Rodríguez Zapatero acudía anualmente a su mitin en Rodiezmo, en la tradicional fiesta minera que organizaba el sindicato SOMA-UGT en el municipio leonés.
Además, Teresa Ribera ha mostrado su intención de no dejar funcionar a los reactores nucleares más allá de los 40 años de vida útil para los que fueron diseñados, lo que implicaría un cierre escalonado a lo largo de la próxima década.
Reunión “a la mayor brevedad”
Desde las federaciones UGT FICA y CCOO Industria han remitido una carta a la ministra Ribera en la que solicitan una reunión “a la mayor brevedad” para abordar estos asuntos y han mostrado públicamente en un comunicado su reproche por “la rapidez con que el Ministerio propone llevar a efecto, con gran urgencia” estas medidas “sin una valoración previa con los agentes sociales”.
Desde el Ministerio explican que todavía no hay fecha para la reunión ya que, recuerdan, el secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal (expresidente de Abengoa), ni siquiera ha tomado posesión de su cargo.
Los sindicatos ya anticipan en su nota que la única 'transición justa' aceptable para ellos es aquella “que no destruye ninguno de los empleos existentes”, la que, “sin perjudicar a ningún sector de la sociedad, crea puestos de trabajo antes de destruirlos”.
Según las cifras de la patronal del sector minero del carbón, Carbunión, en 2017 el trabajo en el sector aumentó en un 7% (de los 2.054 empleos a los 2.197). La gran mayoría de los puestos de trabajo vinculados a la extracción del carbón se localizan en Asturias, según la última Estadística Minera de España (correspondiente a 2016), comunidad bajo el mandato del socialista Javier Fernández. La mayor parte del carbón que utiliza España es fruto de la importación (el 87% en 2017, según la patronal) y la producción interna acumula descensos en los últimos años, aunque el pasado ejercicio aumentó gracias a que se vio favorecida por la caída de la producción hidráulica.
CCOO: “El cambio no debe ser acelerado”
Las federaciones sindicales reconocen que “debemos caminar hacia una transición y disminución de las emisiones de GEI [gases de efecto invernadero]”, como exigen los compromisos internacionales adquiridos por España en materia medioambiental, pero “siempre observando tres factores importantes: medio ambiente, precio y seguridad de suministro”.
Jesús Crespo, responsable de Energía e Industria Extractiva de CCOO, explica a este medio que desde el sindicato entienden por las declaraciones de la ministra que la apuesta “parece ser una transición acelerada”, algo que no comparten. “Entendemos que debe ser una transición sosegada y estudiada, con la participación de todos”, sostiene Crespo.
La Federación de CCOO advierte que, de lo contrario, los riesgos de “desertizar una comarca sin una transición justa, con trabajadores abandonados en la cuneta” y de generar inestabilidad en el suministro energético, lo que en opinión de Crespo afectaría a familias y a la industria. “Las metas (medioambientales) por supuesto hay que alcanzarlas, pero hay que tener en cuenta la situación que tenemos como país”, destaca el sindicalista. Desde UGT Fica prefieren no hacer declaraciones hasta que tenga lugar la reunión con la ministra.
Los sindicatos deberán negociar con la nueva ministra para la Transición Ecológica, que será también la que gestione las ayudas al carbón, antes en manos de Industria. 2018 es un año clave, ya que la normativa europea fija para finales de este año la finalización de las ayudas a las explotaciones deficitarias. El compromiso adquirido por el anterior Gobierno con la Comisión Europea, de caminar al fin del las minas de carbón, también concluye en este ejercicio.