Del Gobierno al grupo de las mayores empresas españolas. Es el camino autorizado por la Oficina de Conflictos de Intereses, dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a casi una treintena de altos cargos cesados entre 2006 y 2015.
Según datos obtenidos de una petición de información enviada por eldiario.es a través del Portal de Transparencia, los Gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy han dado el visto bueno a 27 ex altos cargos del Estado para realizar labores de asesoramiento, consultoría o administración para empresas pertenecientes al Ibex 35, el índice que engloba a las mayores cotizadas españolas.
Las autorizaciones firmadas por la oficina permitieron a altos responsables del Estado a trabajar para dieciséis compañías y filiales que formaban parte del índice bursátil en el momento en que se dictó la resolución.
El Banco Santander y la tecnológica Indra, con cinco cada una, lideran el ranking de empresas en las que un mayor número de ex altos cargos fueron autorizados para realizar “actividades privadas” de asesoramiento, consultoría o administración.
La ley de regulación de altos cargos aprobada en 2006 establece que cuando estos últimos quieran prestar “servicios en entidades privadas afectadas por decisiones relacionadas con el cargo desempeñado” durante el periodo de dos años tras el cese, “deben solicitar y obtener la autorización” del Gobierno. De las 32 resoluciones a 27 ex altos cargos para trabajar en el Ibex 35, la mitad (16) se concedieron durante el Ejecutivo de Zapatero y la otra mitad, ya con Rajoy en La Moncloa. El 90% de esos ex altos cargos fueron nombrados con Zapatero en Moncloa.
La Oficina de Conflicto de Intereses autorizó la compatibilidad de las “actividades privadas” con las empresas al no hallar “objeciones para su desempeño”.
Economía y Casa Real: puerta de entrada
Dos altos cargos de la Casa de Su Majestad el Rey y tres dependientes del Ministerio de Economía solicitaron la autorización para incorporarse al sector privado en sociedades del Ibex 35.
Ana Isabel Fernández, exconsejera de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), recibió el permiso para incorporarse al consejo de administración de dos filiales de la aseguradora Mapfre en diciembre de 2015, año y medio después de que se publicara su cese en el BOE el 2 de agosto de 2014.
El artículo 15 de la ley reguladora de la actividad de los altos cargos aprobada en 2015 establece que los miembros de los organismos reguladores o supervisores, como la CNMV, no podrán “prestar servicios en entidades privadas” que hayan estado “sujetas a esa supervisión” durante los dos años siguiente a su cese. La ley no aclara si esta prohibición incluye a las entidades que pertenezcan al mismo grupo societario.
Desde entonces, la carrera de Fernández en la compañía de seguros ha ido hacia arriba. El pasado 27 de julio, fue nombrada consejera en Mapfre SA, la matriz de la mayor aseguradora española. Según fuentes de la CNMV y de la multinacional, la compañía ha esquivado la incompatibilidad por 17 días ya que la fecha de su cese se computa cuatro años después de su nombramiento, el 10 de julio de 2010.
La exconsejera de la CNMV también recibió la autorización para incorporarse a una entidad del Banco Sabadell, también presente en el Ibex. En este caso, esquivó la incompatibilidad al solicitar su incorporación a la Fundación del banco y no a la matriz del grupo, que sí supervisa la CNMV. Álvarez ya había estado vinculada a esa fundación antes de su nombramiento como vocal del regulador bursátil.
José Antonio Gutiérrez fue durante cinco años (2001-2006) director general de Estrategia y Tecnología del Instituto de Crédito Oficial (ICO), dependiente del Ministerio de Economía. Cuatro meses después de su cese, solicitó el permiso para fichar por el Banco Santander como director de Grandes Empresas. Desde entonces, trabaja para el mayor banco español.
Juan González Cebrián, jefe de comunicación de la Casa Real, recibió el permiso para encargarse de las relaciones institucionales de la constructora OHL, propiedad del empresario y exministro Juan Miguel Villar Mir. Diplomático de carrera, González Cebrián acumuló más de diez años como jefe de prensa a las órdenes del rey Juan Carlos.
El hombre que llevó a González Cebrián a la Zarzuela, Alberto Aza, también fue autorizado a trabajar para el Ibex tras su cese como jefe de la Casa Real. En noviembre de 2011, justo antes de las elecciones en las que Rajoy consiguió mayoría absoluta, recibió el visto bueno para fichar por La Caixa como consejero, a través de su holding Criteria, y para asesorar a la energética Abengoa. Aza fue miembro del consejo asesor internacional de Abengoa desde noviembre de 2011 hasta el 27 de febrero de 2012, con el permiso de la Oficina de Conflicto de Intereses.
De Industria y Exteriores al negocio privado
De los 27 altos cargos que solicitaron el permiso para trabajar en compañías del Ibex, la mayoría provenían del Ministerio de Industria y de Asuntos Exteriores. Hasta ocho altos cargos de la cartera industrial terminaron solicitando su incorporación a sociedades del mayor grupo de empresas españolas. De Asuntos Exteriores hay otros cinco.
Luis Valero Artola, secretario general de Industria con José Manuel Soria, recibió el visto bueno para incorporarse como consejero en la energética Enagás. Antes de ocupar su puesto dentro de la cartera de Industria, Valero fue director general de la patronal de fabricantes de automóviles, Anfac.
Sebastián Muriel, ex director general de la empresa pública Red.es, recibió el permiso de la Oficina de Conflicto de Intereses para incorporarse a Tuenti, propiedad de Telefónica. Red.es, dependiente de Industria, tiene el objetivo de fomentar y desarrollar la sociedad de la información en España. Telefónica está entre sus principales contratistas. En 2009, con Muriel como director general, Red.es adjudicó un contrato de 95 millones de euros a la multinacional de telecomunicaciones.
La Oficina de Conflicto de Intereses no encontró “objeciones que formular” a su incorporación a Tuenti Technologies.
De los cinco altos cargos de Exteriores que pidieron autorización al Gobierno, tres lo hicieron para trabajar para el Santander. El diplomático José María Robles, sobrino del fundador de Alianza Popular Manuel Fraga, recibió el visto bueno en febrero de 2010 para fichar como responsable de relaciones internacionales. El banco presidido entonces por el fallecido Emilio Botín se hizo con la experiencia diplomática del exembajador de España en Pakistán.
Rafael Estrella, exembajador de España en Argentina, y Francisco Moza, director de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), también solicitaron la autorización para “colaborar” y realizar “actividades privadas” con el Santander tras su cese como altos cargos. A finales de 2012, la Oficina de Conflicto de Intereses dio el visto bueno al no encontrar “objeciones para el inicio de la actividad”.