La Casa Blanca abre otro frente geoestratégico por los subsidios industriales y tecnológicos de China

EEUU empieza a concebir que la alianza forjada entre Vladimir Putin y Xi Jinping en los últimos meses no es solo un anacronismo histórico entre dos enemigos irreconciliables de la Guerra Fría. Más que una operación sorprendente y cosmética, se ha convertido en una comunión de intereses con la que China y Rusia pretenden configurar un nuevo orden mundial en el que potenciarían sus papeles de potencias hegemónicas. De ahí que la Administración dirigida por Joe Biden haya dado luz verde a la invocación de la Sección 301 de su Trade Act. Es la misma normativa a la que acudió Donald Trump para instaurar la guerra arancelaria con China en 2018, con objeto de emprender otra confrontación con el régimen de Pekín.

La Casa Blanca, según fuentes conocedoras de esta iniciativa que revelan medios como The Wall Street Journal o MarketWatch, busca vías legales, dentro de su ordenamiento jurídico -con sus poderosas leyes antidumping y antitrust-, y en la jurisdicción mundial (en los paneles de arbitraje de la OMC) para complicar los subsidios chinos a empresas industriales y tecnológicas. Una medida que contradice la tregua que se firmó el pasado octubre entre ambas administraciones cuando la Oficina del Representante Comercial de EEUU -la máxima autoridad oficial de la Administración americana en esta materia- eliminó los aranceles decretados por su antecesor en el despacho oval porque “han supuesto costes adicionales a los americanos”.

Varios factores parecen haber revertido el entendimiento entre Biden y Xi Jinping. Esencialmente, la entente cordiale entre Moscú y Pekín, que cobra mayor trascendencia tras la invasión de Ucrania, que podría conceder una coraza protectora a Moscú con la que repeler la interrupción de las líneas de préstamo foráneas a Rusia que han decretado las potencias occidentales en su respuesta de represalias económicas contra el Kremlin. Pero también irrumpe otra premisa esencial: la asunción del tercer mandato presidencial de Xi Jinping, que se inicia este año, después de que, en noviembre pasado, el Comité Central le proclamara “líder único” de la jefatura del Estado, del Ejército y del Partido Comunista de China, y le elevara a la altura política de Mao Zedong o Deng Xiaoping.

La declaración de intenciones de Xi Jinping al asumir por tercera vez las riendas del gigante asiático admitía la ambición de convertir a China en poder hegemónico mundial en el orden geopolítico, desde el músculo económico, y con el impulso de los avances tecnológicos. Biden ha aceptado la afrenta y ha conseguido que el conflicto por los subsidios industriales chinos tenga el beneplácito bipartidista del Congreso.

La Sección 301 de la Trade Act permite iniciar acciones de vigilancia en un momento en el que el déficit comercial entre ambas superpotencias vuelve a agrandarse en perjuicio de EEUU, tras la leve tregua de 2020 bajo los efectos de la COVID-19. En 2021 los número rojos de EEUU frente a China llegaron a 355.301,7 millones de dólares. Con esta normativa Washington podrá escrutar los flujos de inversión de las compañías estadounidenses en China o reforzar los controles exportadores a sus tecnológicas. Mientras desde la Secretaría de Estado y el Tesoro americanos muestran oficialmente su predisposición a engendrar mayores niveles de cooperación con aliados europeos o asiáticos, a los que ofrecerán nuevos acuerdos sobre ayudas oficiales.

“Cientos de compañías chinas están en la lista negra del Gobierno estadounidense, mientras en nuestro mercado no hay ninguna firma americana señalada, aunque todo puede cambiar, por supuesto”, afirmaba hace unas fechas un portavoz de Pekín.

En su momento el Trato firmado por Trump y China sirvió de base de entendimiento para que EEUU mantuviera, tras dos años de conflicto comercial, tarifas del 25% sobre un elenco de mercancías chinas por valor de 250.000 millones de dólares, aunque rebajando al 7,5% el arancel sobre otros 120.000 millones de importaciones del gigante asiático. A cambio, Pekín tenía que adquirir bienes y servicios made in US de los que sólo ha comprado el 57% de lo comprometido hasta el pasado 31 de diciembre, como avisa Chad Bown, del Peterson Institute for International Economics.

La nueva estrategia de Biden le permiten distanciarse de las medidas extremas del líder republicano, apunta Scott Kennedy, asesor del Center for Strategic and International Studies al WSJ: “Son signos crecientes de que tiene su propia visión geoestratégica hacia China”, aduce. Esta posición se combina con la intención de reanudar las estancadas conversaciones bilaterales en el terreno comercial y el controvertido favoritismo dado por Washington al hub comercial y exportador de Taiwán de productos que se fabrican masivamente en la isla que reclama territorialmente Pekín.

Jon Gold, portavoz de la National Retail Federation, la patronal del comercio minorista, señala que la Administración Biden se ha enfrentado a la cada vez más creciente presión de compañías que han tenido que pagar más gravámenes por importaciones chinas: “La actual política tarifaria, sencillamente, no funciona y no vemos otra mejora que la de cambiar las reglas del juego”, enfatiza Gold. En alusión a que la Sección 301 pueda forjar nuevas revisiones tarifarias que acaben con la era Trump y forzar al diálogo a Pekín. Una posibilidad que no descarta Liu Pengyu, portavoz de la Embajada de China en Washington, para quien su nación “hará todos los esfuerzos necesarios para sellar un acuerdo, pese a los múltiples impedimentos derivados de la pandemia, la recesión global y las disrupciones en las cadenas de valor” al que se une ahora el conflicto armado en Ucrania.

“Existen pocas dudas de la paciencia que ha presidido la actuación de la Administración Biden hasta ahora en el ámbito político-comercial con China, pero están claramente considerando un menú de opciones no sólo a corto plazo, en una fase inicial, sino también evaluando posibles daños de índole estructural de largo recorrido”, admite Myron Brilliant, vicepresidente ejecutivo de la US Chamber of Commerce y su responsable de Asuntos Internacionales. En su opinión, la cláusula 301 contra los subsidios industriales de China podría ser un instrumento efectivo para obstruir la promoción de sectores estratégicos domésticos en la segunda potencia económica global y para presentar cargos por violación del comercio internacional por atentar contra la libertad de empresa y de negocios americanos. Además, dota a la Casa Blanca de la capacidad ejecutiva de trastocar gravámenes a la importación e imponer medidas no arancelarias en medio de una fase de honda preocupación inflacionista y de extrema tensión geopolítica por el conflicto ucranio.

Entre las preocupaciones de largo alcance, destaca que esta reacción de EEUU podría provocar que China impulsara su decoupling económico del ciclo mundial. La segunda mayor economía del planeta sólo supone el 4% del MSCI All Country World Index, barómetro que pondera índices y activos bursátiles, esencialmente por las barreras de acceso a su mercado y a sus compañías. La volatilidad de las cotizaciones globales ha ejercido de azote al desarrollo chino por el desigual comportamiento de las cuentas corporativas del país, los estrechos márgenes de beneficios de sus cotizadas y las nuevas y más restrictivas regulaciones sobre el capital foráneo.

A esta compleja atmósfera se unen los obstáculos de integración financiera del país con los mercados internacionales. De hecho, China, el PIB que más crece entre las potencias más avanzadas, cada vez depende más de su demanda interna, en detrimento de los capitales foráneos o de su sector exportador.