“¿Cuánto tiempo dedica a la búsqueda de empleo actualmente? ¿Qué está haciendo usted en la actualidad para encontrar trabajo? ¿Qué tipo de jornada laboral podría aceptar? ¿Dónde estaría dispuesto a trabajar? Si le llamasen hoy mismo para trabajar, ¿cuándo cree que podría incorporarse al nuevo empleo? ¿Por qué motivos está inscrito en la oficina de empleo?”.
Son algunas de las 28 preguntas que una empresa privada está haciendo a las personas desempleadas de Castilla-La Mancha por encargo de la Consejería de Empleo y Economía. Se trata de un cuestionario que, según denuncia Comisiones Obreras, está sirviendo para reclasificar a los demandantes de empleo y que puede tener consecuencias para ellos.
Fue en mayo de este año cuando la Consejería adjudicó a la empresa Innovación y Desarrollo Local S.L un contrato por valor de 1,2 millones de euros para hacer una “evaluación del nivel de empleabilidad de los demandantes de empleo de Castilla-La Mancha” que estuvieran inscritos en alguna oficina de empleo. Desde el verano, muchas de estas personas están recibiendo llamadas en las que una persona, que se identifica como parte de la Consejería de Empleo y no como trabajadora de una empresa, les hace una encuesta sin advertirle de las consecuencias que pueden tener sus respuestas.
En función de estas respuestas, los trabajadores de esta empresa pueden cambiar su estatus como demandantes de empleo, dice el sindicato. “Pueden ponerlos en categorías que hagan que no cuenten como parados registrados”, asegura la secretaria de Empleo de CCOO Castilla-La Mancha, Lola Santillana, que ha denunciado los hechos.
Hay que tener en cuenta que, según el registro del SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal), una persona puede ser demandante de empleo, pero esa categoría no la convierte inmediatamente en parado registrado: dependerá de una serie de condiciones, como su disponibilidad para el trabajo o si está dedicada a los estudios.
Es por eso que CCOO asegura que esta encuesta puede estar influyendo en los datos de paro registrado que ofrece la comunidad y que publica mensualmente el Ministerio de Empleo. No así en la EPA, cuyas datos recoge el INE a través de miles de encuestas.
Fuentes del Ministerio de Empleo aseguran que el maquillaje en las listas del paro registrado es tremendamente difícil, ya que es el propio SEPE el que controla los registros, y que en ningún caso permitirían que las comunidades llevaran a cabo acciones con las que suavizar sus datos. La Consejería de Empleo de la comunidad niega directamente que esta encuesta suponga cambios en el estatus de los parados.
Si se atiende a los datos de paro registrado de los últimos meses, sí puede observarse una reducción tanto del número de demandantes de empleo como de parados registrados en Castilla-La Mancha. Por ejemplo, en junio de este año había 289.456 demandantes de empleo, de los que 238.895 eran parados registrados. En septiembre, los primeros habían bajado hasta los 275.792 y los segundos eran 224.993. La reducción ha sido constante en estos cuatro meses, pero poco significativa.
Control de prestaciones
La otra sospecha que levanta la encuesta de la Consejería de Empleo es la de que sirva para controlar, e incluso restringir, a los beneficiarios de prestaciones. Para cobrar la mayoría de subsidios y ayudas es necesario llevar un periodo de tiempo determinado inscrito en las oficinas de empleo. Esa reclasificación puede suponer que una persona deje de cumplir los requisitos para cobrar alguna ayuda, como la renta activa de inserción, que controlan las comunidades. eldiario.es ha tenido conocimiento de casos en los que, tras la encuesta, su demanda de empleo cambió.
Un funcionario de una de las oficinas de empleo de la región lo explica: “Nos ha llegado gente preguntando que qué era la encuesta que les habían hecho y a los que comprobamos que les habían hecho cambios en su demanda. Por ejemplo, alguien a quien habían dado de baja como demandante de empleo y que luego venía creyendo que cumplía los requisitos para cobrar una ayuda y ya no los cumplía. Puede repercutirles también para acceder a algunas ofertas de empleo o para entrar en planes de empleo de algunos ayuntamientos que pueden pedir, por ejemplo, ser parado de larga duración. Está claro que no les advierten con claridad sobre las consecuencias de sus contestaciones”.
La Consejería, al igual que el Ministerio de Empleo, también niega estos hechos. “Es solo un estudio de la empleabilidad, no tiene más consecuencias. Si hay casos, se tratará de casuísticas concretas”, dice un portavoz que, no obstante, afirma que la información recogida será utilizada posteriormente para aplicar “políticas activas”.
CCOO ha llevado el caso ante el comisario de Empleo de la Unión Europa y los eurodiputados españoles. La eurodiputada de Izquierda Unida Paloma López ha registrado una pregunta parlamentaria en la que interroga a la Comisión Europea si conoce “la situación creada” en Castilla-La Mancha y si el nuevo método se ajusta a las reglas comunitarias sobre estadísticas nacionales de empleo.