La chapuza del almacén de gas Castor sobrevuela el macroplan de inversiones del nuevo presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, con el que pretende “movilizar” 315.000 millones de euros con sólo 21.000 millones de fondos públicos “para que Europa vuelva a crecer y más personas encuentren un empleo”, según anunció Bruselas el mes pasado.
Esa infraestructura que nunca llegó a operar, promovida por ACS e impulsada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, es un ejemplo de libro de socialización de las pérdidas de una empresa privada y fue la primera que seleccionó el Banco Europeo de Inversiones (BEI) para su programa de project bonds (bonos de proyecto), una herramienta para guiar las inversiones del sector privado hacia grandes proyectos de infraestructuras que va a utilizar el plan de Juncker.
En julio de 2013, un mes antes de los primeros terremotos que precipitaron el cierre de Castor, el proyecto de ACS recibió del BEI, entonces con la española Magdalena Álvarez como vicepresidenta, 500 millones de euros (300 en bonos y otros 200 millones una nueva línea de liquidez) que fueron una de las claves que explican la prisa que se ha dado el Gobierno en indemnizar a la empresa que preside Florentino Pérez.
El cierre del almacén ubicado sobre una falla tectónica frente a las costas de Vinaroz (Castellón) va a costar a todos los consumidores españoles la friolera de 4.731 millones de euros. La cifra es una estimación de la OCU basada en los 1.350 millones de indemnización ya abonados a su promotora, Escal UGS (controlada por ACS), y los intereses (actualmente fijados en el 4,27% anual) que abonarán los usuarios para pagar a la banca (que ha financiado inicialmente la minuta) esa multimillonaria factura a través de sus recibos del gas durante 30 años.
El plan de Juncker contempla la emisión, a través del BEI, de hasta 60.000 millones en bonos garantizados por el presupuesto de la UE para que las empresas financien sus proyectos. La fórmula preocupa a algunos grupos de la izquierda europea, visto el desastroso precedente de las dos primeras experiencias piloto con esos bonos: la del propio proyecto Castor y la de la autopista Passante di Mestre, en Italia.
Castor acabó como acabó y disparó además su coste de construcción desde los 500 millones iniciales hasta 1.350 millones. Por su parte, esa infraestructura en el norte de Italia se ha saldado con 650 millones de sobrecostes (1.400 millones, frente a los 750 millones presupuestados inicialmente) y con una trama de corrupción con más de 100 detenidos, entre ellos, un alcalde, empresarios y policías.
Riesgo a cargo del contribuyente
Esas amargas experiencias piloto han centrado una mesa redonda organizada esta semana en el Parlamento Europeo por los grupos de Izquierda Unitaria (GUE) y Los Verdes-Alianza Libre Europea (ALE), en la que estuvo presente un representante de la Comisión Europea, Giorgio Chiarion. En la parte final del encuentro, Chiarion no tuvo más remedio que dar la razón al español Pablo Echenique cuando el europarlamentario de Podemos lamentó que, en este tipo de proyectos, “todo el riesgo corre a cargo del contribuyente”.
“Estoy de acuerdo y no hago comentarios al respecto”, replicó Chiarion, que en sus intervenciones repitió por activa y por pasiva que los bonos de proyecto del BEI son un “instrumento financiero más” que no debe vincularse al “fracaso” de Castor, cuyos detalles, por otra parte, dijo desconocer.
En la jornada, en la que no apareció un representante del BEI que había anunciado previamente su asistencia, los organizadores señalaron al almacén de gas de ACS como “un claro ejemplo de privatización de los beneficios y socialización de las perdidas económicas y ecológicas”, y reclamaron “una moratoria sobre todos los megaproyectos financiados por el mismo mecanismo europeo que Castor”, los citados project bonds.
Falta de controles
Como resumió Jordi Sebatiá, eurodiputado de Compromís integrado en Los Verdes/ALE, “el marco en el que se están haciendo estas inversiones nos preocupa muchísimo” porque estas “no se están controlando”; su compañero de grupo Ernest Urtasun, eurodiputado de ICV, se preguntó “cuál es la capacidad de la Comisión para analizar los más de cien proyectos que van a presentar los Estados miembros” para el macroplan de Juncker y lamentó que la due dilligence (auditoría previa) del BEI sobre Castor no se hiciera “correctamente”.
Paloma López, de IU Europa, dijo que la iniciativa de la Comisión “en su conjunto debe ser considerada críticamente” porque “en la práctica se están utilizando fondos públicos para subsidiar actividades privadas” y “los costes están siendo superiores a lo que pagaría el Estado si se endeudara para financiar estos proyectos”. El plan, en su opinión, “favorece inversiones masivas en sectores como energía o transporte”, impuestos por “los grandes oligopolios”, en lugar de “optar por modelos de desarrollo más basados en las pymes o la economía social”.
El plan de Juncker fue presentado en Madrid a finales de noviembre por el comisario de Energía, Miguel Arias Cañete. En su primer encuentro con los medios, 28 días después de tomar posesión, el exministro del PP dijo que el programa supondrá un “enorme esfuerzo para los próximos tres años” en el que España puede aspirar a “un porcentaje razonable” de los fondos, sobre todo, en el sector energético, que tiene “enormes necesidades”, tanto en interconexiones con Portugal e Italia, como en gasoductos.
La selección de los proyectos va a depender “del interés de los inversores, del dinamismo de los Estados miembros y de la capacidad de la Comisión Europea para apoyarlos”. Los proyectos tendrá que analizarlos, en una primera fase, la reunión del Ecofin (reunión de ministros de Economía y Finanzas) de este lunes.