El Gobierno de Mariano Rajoy está trabajando en aprobar en Consejo de Ministros un paquete de medidas que hurten a la Generalitat la capacidad de gestionar sus cuentas de forma casi definitiva. La batería de medidas que previsiblemente se aprobará este viernes, devuelven el golpe a la Generalitat tras la decisión del vicepresidente económico, Oriol Junqueras, de no enviar más los reportes de gastos semanales exigidos por Cristóbal Montoro.
Hacienda está trabajando con el Gobierno central para crear un instrumento legal que le permita dejar ya sin ninguna maniobra financiera a Catalunya. Una de las posibilidades sería no hacer el pago mensual a Catalunya que realiza a todas las comunidades autónomas, cuyo principal sustento está en la parte que les toca de los tributos estatales (su parte proporcional del IRPF, etc...), y esperar a que la comunidad les presente las facturas para ir pagándolas una a una. Los expertos consultados recuerdan que esta medida tiene un muy difícil encaje legal.
Hay otros tributos que la Administración catalana gestiona directamente, como Patrimonio o Sucesiones. La idea de optar por esta vía y no por cortar el FLA nace de un cambio estratégico. Cortar el FLA puede alimentar el relato de la Generalitat del daño que produce la falta de liquidez. Por esta otra vertiente, la de pagar las facturas según llegan, Hacienda cerca el control de las cuentas catalanas sin que se traslade a los ciudadanos.
La obligación de remitir semanalmente los gastos a Hacienda arrancó el pasado julio cuando el Gobierno central detectó un desvío no justificado en la partida de organización y seguimiento de actos electorales. Las cuentas de Catalunya están intervenidas de facto desde 2012, cuando la Generalitat de Artur Mas se encontró sin liquidez para hacer frente a sus pagos y tuvo que recurrir a la línea extraordinaria de financiación autonómica (FLA).
El acceso a esta línea ya privó a Catalunya de su autonomía financiera y obligaba a un reporte periódico con la justificación de sus gastos. Pero fue el desvío de julio lo que alarmó al fisco central e impuso estas medidas extraordinarias de informes semanales que hasta el miércoles 13, fecha en la que data la carta remitida por Junqueras, se habían cumplido.
El Consejo de Ministros en el que se dio cuenta de esta minuciosa fiscalización, el portavoz del Gobierno, Iñigo Méndez de Vigo, dio a entender que si Junqueras incumplía esta decisión se cortaría el grifo, o lo que es lo mismo, se cerraría el FLA para la Generalitat. Sin embargo, fuentes de Hacienda consultadas por eldiario.es descartan ahora llegar a este extremo, en un giro estratégico de las relaciones con Calalunya.
El ministro Montoro envió este jueves una carta en la que responde a Junqueras. En ella le requiere para que “cumpla con su deber y remita de inmediato la información a la que están obligados”. Le advierte de que, si no lo hace, el Gobierno “adoptará las medidas necesarias” para garantizar que la Generalitat se atiene “al cumplimiento de la normativa de estabilidad presupuestaria”.
Rascarse el bolsillo
Lo cierto también es que en los próximos meses Catalunya no se enfrenta a grandes vencimientos de deuda y según han publicado diversos medios catalanes, la Generalitat tendría preparado un “plan de contingencia” para hacer frente a un hipotético cierre del grifo con los ahorros que ha conseguido amasar la Generalitat en los últimos meses. Aunque en octubre vence un pequeño vencimiento de deuda, no es hasta julio del año que viene cuando Junqueras tiene que hacer frente a un importante desembolso con sus compromisos con los tenedores de deuda catalana, por encima de los 1.000 millones de euros.
Catalunya no tendría ahora mismo ingresos suficientes para atender un vencimiento así, como tampoco lo tiene para hacer frente al déficit previsto para este año en el 0,6%, algo más de 1.300 millones de euros. El FLA se utiliza precisamente para financiar gracias al Gobierno Central este agujero.
También hay un FLA para proveedores que abona importantes facturas de las comunidades autónomas como el gasto farmacéutico. Catalunya es la Comunidad que más depende en términos absolutos de este flotador del Estado. En 2017 le ha pedido 7.340 millones de euros y en total, desde 2012, ha recibido 60.337.
Para tener sus propios tributos, la Generalitat quiere lanzar una Agencia Tributaria catalana que sea capaz de recaudar todos los impuestos que ahora se lleva el Estado. Para ello, lanzará una oferta pública de empleo y generará un sistema informático valorado en más de 13 millones de euros.
Mini155
Según Europa Press, el Gobierno estaría estudiando también la aplicación de una versión reducida del artículo 155 de la Constitución, ya que el artículo 26 de la citada norma prevé una intervención aprobada por el Senado. El artículo 25 de esta Ley es el que establece las primeras “medidas coercitivas” y entre ellas está la posibilidad de que Hacienda ordene la aprobación de un acuerdo de no disponibilidad de créditos y efectúe la correspondiente retención de éstos.
La norma contempla incluso, “cuando resulte necesario”, que las competencias normativas que se atribuyan a las Comunidades Autónomas en relación con los tributos cedidos pasen a ser ejercidas por el Estado. Hacienda también puede obligar a la Generalitat a constituir un depósito con intereses en el Banco de España equivalente al 0,2 por ciento de su Producto Interior Bruto nominal, que sería cancelado en el momento en que se aplicasen las medidas que garanticen el cumplimiento de los objetivos.
El artículo 25.2 de la Ley dice que si no se adoptan ninguna de las medidas anteriores, el Ministerio de Hacienda puede enviar una Comisión de Expertos para analizar las cuentas, y éstos podrán requerir “cualquier dato, información o antecedente respecto a las partidas de ingresos y gastos”. Según la norma, las medidas que proponga la Comisión de Expertos “serán de obligado cumplimiento para la administración incumplidora”.