CCOO y UGT han convocado una huelga general en Correos para los días 1, 2 y 3 de junio y una manifestación para el 1 de junio frente al Congreso “ante el desmoronamiento económico, laboral y de servicio público” de la compañía estatal. Los sindicatos, que suman la mayoría de la representación en la empresa, han señalado que el grupo está “al borde de la quiebra técnica” y con unos “niveles inaceptables de empleo basura”. Culpan de ello al presidente, Juan Manuel Serrano, al que acusan de la “caótica gestión e incapacidad manifiesta”.
Los sindicatos lamentan el recorte de 7.000 puestos de trabajo en los últimos tres años y la existencia de más de 10.000 contratos a tiempo parcial. “Son motivos suficientes para que ambos sindicatos vayamos a la huelga general”, señala el comunicado conjunto que ambas organizaciones han publicado este martes. Con la manifestación en el Congreso, CCOO y UGT exigirán “que el Gobierno se implique en la defensa de un servicio público postal y garantice el empleo en condiciones de trabajo dignas, al tiempo que pide a otros grupos políticos que apoyen la iniciativa”.
La de CCOO y UGT no es la única reivindicación laboral en el seno de la empresa pública. Desde hace años, otras formaciones sindicales han impulsado huelgas indefinidas en determinadas localidades y territorios por la falta de personal. En dos de esos casos, en Sevilla y Barcelona, la administración y la justicia han señalado prácticas contra el derecho a huelga por parte de la empresa.
CCOO y UGT denuncian que se ha producido un desplome de la carga de trabajo, que tildan de “hundimiento”. Esto se ha producido, según han señalado, por el abandono de la carta y del servicio postal universal, por una política agresiva de precios que ahuyenta a clientes o por la incapacidad de aprovechar el crecimiento del mercado de paquetería.
A estas reivindicaciones se suman otras referentes a la situación económica del grupo o a la precarización de la plantilla. Además, lamentan lo que consideran el abandono del servicio público, especialmente en territorios como la España vaciada. “CCOO y UGT exigen a este gobierno progresista -que nombró a Serrano- que deje de mirar para otro lado, y frene su alocada huida ultraliberal, para volver a replantear el futuro de Correos desde un modelo de servicio público, moderno, competitivo, eficaz y eficiente”, finaliza el comunicado.
Acto seguido a este anuncio, la compañía pública ha salido al paso de las acusaciones de los sindicatos mayoritarios en Correos. En un comunicado enviado a los medios, la empresa postal defiende que “desmiente las acusaciones de los sindicatos y garantiza la calidad de servicio”. Entre los distintos puntos de la nota, en referencia a los señalados por CCOO y UGT, Correos defiende que “no se están cerrando oficinas ni centros de distribución”, que “no hay un proceso de privatización” o que “no se están realizando pedidos ni se está destruyendo empleo”.