CCOO ha reclamado este viernes al Gobierno que refuerce el bono social, los descuentos en la tarifa eléctrica para consumidores vulnerables, ante la “bestial” subida del precio de la energía, junto a medidas como una reforma del mercado eléctrico para “eliminar los sobre beneficios” de las grandes empresas del sector y un mayor protagonismo del Estado en la generación hidroeléctrica, eólica y fotovoltaica.
“El Gobierno tiene que tomar medidas”, ha señalado Manuel Cobo, secretario de organización de la Federación de Pensionistas y Jubilados del sindicato, en la presentación de la campaña “La Energía como Derecho Social”, una recogida de firmas por todo el Estado solicitando al Ministerio para la Transición Ecológica medidas para combatir la pobreza energética.
Este problema, que según el sindicato afecta ya a más de 5 millones de personas en España, se ha disparado con la pandemia, afecta especialmente a las personas mayores y, según ha explicado Cobo, algunos estudios lo relacionan con alrededor de 7.200 fallecimientos anuales en España.
La campaña es la tercera de este tipo que pone en marcha el sindicato (en la anterior se recogieron 200.000 firmas), se prolongará hasta marzo y consta de siete grandes peticiones. La primera, ha explicado Antonia del Castillo, secretaria de Comunicación de la Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO, es que el bono social, que actualmente tienen concedidos 1,2 millones de hogares, sea “más abierto para dar cobertura a más gente” y sea “mucho más extenso”.
El sindicato también pide “simplificar” las cargas burocráticas para obtener el bono; crear oficinas municipales de información sobre estos descuentos, con una mayor “implicación” de los ayuntamientos; prolongar la prohibición de los cortes de suministro por impago a vulnerables; y poner en marcha subvenciones a la eficiencia energética y el autoconsumo para este colectivo.
CCOO también reclama al Gobierno una reforma profunda del sistema de formación de precios del mercado eléctrico, que el Ejecutivo lleva meses intentando modificar sin éxito ante la Comisión Europea y que “perjudica mucho a los ciudadanos y beneficia de manera extraordinaria a las empresas”. Y un “mayor control público” en la generación de electricidad.
El sindicato, que recuerda que una reciente encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) reflejaba que el 92% de la población española está preocupada por los elevados precios de la luz (junto a un apoyo mayoritario a una intervención pública para controlarlos), reclama que el Estado cree “o adapte” una empresa pública que “rescate” los saltos hidroeléctricos “que se ceden a grandes empresas con contratos de concesión”. Y exige una “implicación importante” en el desarrollo de la energía fotovoltaica y eólica a través de esa empresa pública.
Los elevados precios de la electricidad, ha recordado Mariano Sanz, secretario de Salud Laboral y Sostenibilidad Medioambiental de CCOO, son consecuencia de la situación “excepcional” de los mercados energéticos por la subida exponencial de la cotización del gas y las emisiones de CO2. Son “un problema para los consumidores domésticos y también para las empresas y el conjunto de la economía” por su impacto en la inflación. Y esta situación “agrava de manera muy intensa el problema de la pobreza y la exclusión social”.