La patronal CEOE ha presentado este lunes sus propuestas para la recuperación económica tras la crisis de la COVID-19, entre las que destacan medidas en el corto plazo como ampliar las moratorias fiscales y las exenciones en el pago de cotizaciones a la Seguridad Social, así como garantizar la prolongación de las medidas de apoyo público a los ERTE según se recupera la actividad. Además, los empresarios no son partidarios de incorporar partidas de gasto permanentes que “nada tienen que ver con la COVID-19”, como es en su opinión el ingreso mínimo vital para las familias pobres.
El vicepresidente de CEOE, Íñigo Fernández de Mesa, ha sido el encargado de explicar esta mañana en una rueda de prensa por videoconferencia el informe 'Estrategia España para la recuperación de la crisis del COVID-19', que la patronal ha elaborado con la colaboración de la Deloitte y ESADE. Los empresarios abogan por que las Comunidades Autónomos y los Ayuntamientos tengan un mayor papel en la desescalada, hasta ahora muy centralizada desde el Gobierno de Pedro Sánchez.
En un primer análisis, los empresarios incluyen su previsión de caída de la economía, que el Gobierno ha estimado en un 9,2% para este año. La patronal se mueve en una franja de caída del PIB del 8% en el mejor de los escenarios, en el que no hubiera rebrote del virus en otoño, y del 15,5%, en el peor de los supuestos, en el que el coronavirus volviera a desatarse con intensidad y exigiera de nuevo medidas muy estrictas de confinamiento y de paralización de la actividad económica como las actuales. Los empresarios añaden un escenario intermedio, de caída del PIB del 12%, en el caso de que existiera un rebrote del virus en otoño, pero de menor intensidad.
Los empresarios apuntan que estos escenarios dependen, además de la propia evolución de la pandemia, de las medidas que se implementen por parte del Gobierno: la situación puede agravarse “si no hay una acción temprana, coordinada y contundente tanto en el frente sanitario (test masivos) como en el económico ”medidas de apoyo), para evitar que, lo que en principio es un shock temporal, cause daños permanentes, desempleo de larga duración y cierre de empresas productivas“.
Más moratorias de impuestos y menos cotizaciones
El informe recoge las propuestas de los empresarios para reactivar la economía en la crisis producida por esta emergencia sanitaria, con medidas a corto y largo plazo. En el corto plazo, la prioridad es “preservar al máximo la estructura productiva” de la economía española, por lo que reclaman retornar a la actividad de forma segura y con transparencia y coordinación por parte de las autoridades sanitarias para evitar en la medida de posible nuevos confinamientos. Para ello, la patronal reclama la realización “masiva de test” y el “rastreo efectivo de los contagiados”, ha explicado Fernández de Mesa.
Para garantizar liquidez a las empresas, la CEOE pide agilizar el procedimiento administrativo de los préstamos ICO y permitir el aval del Estado de hasta el 100% de los préstamos en los casos de microempresas (hasta el momento es hasta del 80%).
En materia fiscal, reclama ampliar “el alcance” de las moratorias en el pago de impuestos aprobada, eliminar los límites a la compensación de bases imponibles negativas y a la deducibilidad de gastos financieros en el Impuesto de Sociedades“, así como que se puedan deducir en este impuesto que abonan las empresas o en los rendimientos del IRPF las ”donaciones de bienes y servicios y de las condonaciones de deuda acordadas en el contexto de la crisis sanitaria“, entre otras medidas.
En cuanto a las cotizaciones sociales, los empresarios abogan por extender las medidas ya: moratorias, como aplazamientos y supresión del pago en los ERTE por fuerza mayor. En este sentido, piden “suprimir las cuotas empresariales a la Seguridad Social” en los ERTE y reducir el pago de las cotizaciones en aquellas empresas que se comprometan a mantener el empleo “en condiciones y plazo claramente delimitados”. Hasta el momento, el Ejecutivo ya ha eximido a las compañías del pago de las cuotas en los ERTE por fuerza mayor, del 100% en las empresas de hasta 50 trabajadores y del 75% en las de 50 o más empleados.
ERTE prolongados y recuperar los despidos objetivos
El informe plantea varias medidas laborales también para el corto plazo. La fundamental y la que están negociando en estos momentos empresarios, sindicatos y Gobierno en estos momentos es la prolongación de los ERTE y las medidas pública de apoyo a estos expedientes más allá del estado de alarma. La patronal y los sindicatos coinciden en la necesidad de acompasar esta herramienta temporal a la recuperación progresiva de la actividad económica.
Los empresarios piden por su parte que se recuperen las causas objetivas de despido que el Gobierno limitó en relación a la crisis del coronavirus, “de forma que no se limite la extinción derivada de causas válidas que ninguna relación guarden con el coronavirus y el estado de alarma”. En la actualidad, se sigue permitiendo despedir por motivos disciplinarios y hay despidos objetivos que se pueden aplicar si no están relacionados con el coronavirus.
Además, los empresarios reclaman “simplificar” los procesos de modificación sustancial de las condiciones de trabajo, movilidad geográfica de los empleados y de descuelgue de los convenios colectivos (mediante los que las empresas exceptúan el cumplimiento de requisitos mínimos marcados en los convenios).
En concreto para las pequeñas y medianas empresas (pymes) y los autónomos, muy importantes en nuestro tejido productivo, la CEOE pide medidas que permitan “hibernar” la salida de la crisis, como diferir el pago de impuestos y autoliquidaciones, retrasos en el pago de cotizaciones sociales, agilizar los pagos pendientes de las administraciones públicas y apoyo a la digitalización.
En contra del Ingreso Mínimo Permanente
Las iniciativas que plantea la patronal supondrían más gasto público para apoyar la reactivación económica, pero una merma importante de ingresos por la parte de las cotizaciones sociales y los impuestos. Íñigo Fernández de Mesa ha abogado por que estas medidas sean temporales para no destruir el tejido productivo y, más adelante, cuando se recupere el crecimiento, que España se enfoque en reducir el déficit público generado debido a estas medidas de apoyo.
El vicepresidente de la CEOE ha explicado en este sentido que la patronal no es favorable de implementar en estos momentos partidas permanentes de gasto “que nada tienen que ver con la COVID-19”. Se refiere, por ejemplo, al Ingreso Mínimo Vital para familias pobres, con muy escasos recursos económicos, que el Gobierno de coalición va a aprobar previsiblemente este mes. Los planes del Gobierno es llegar a más de un millón de hogares y reducir notablemente la pobreza severa en el país. En España, hay uno de cada cinco españoles en riesgo de pobreza, según los últimos datos disponibles (2018), lo que nos sitúa como el octavo país de la UE con peor registro.
“No creemos que sea el momento de que tengamos esta discusión”, ha argumentado Fernández de Mesa. Los empresarios afirman estar de acuerdo en “no dejar a nadie atrás” en esta crisis, pero recogen en el informe que, “de establecerse ayudas a rentas, estas deben ser eficientes, transitorias y enfocarse a la reempleabilidad de sus beneficiarios”.
Mas explícito, Fernández de Mesa ha apuntado que la patronal es favorable a una renta de apoyo a estas familias sin recursos de manera coyuntural, debido a la emergencia del coronavirus, pero no a implementarla de manera definitiva. “En estos momentos se trata de resolver la crisis que tenemos encima de la mesa”, por lo que los empresarios apoyan “gastos temporales”, pero no “aquellos que tiendan a aumentar, sin estar financiados, el déficit estructural de España”. En su opinión, generan al país un “problema de credibilidad”.
A medio plazo: más digitalización
De cara al largo plazo, los empresarios apuestan por fomentar la digitalización, ya que consideran que el teletrabajo, las fórmulas de consumo y de ocio a distancia “están aquí para quedarse”. Según sus estimaciones, unas 4,4 millones de personas son potenciales teletrabajadores.
La patronal señala también algunos sectores que se deberían fomentar y que, en su opinión, pueden compensar la caída temporal del turismo, como el sector financiero; de energía; las telecomunicaciones y tecnológicas; y las infraestructuras, construcción e inmobiliarias.
A largo plazo: no a la reforma laboral
En el futuro, la CEOE defiende “un clima favorable a la actividad empresarial”, que concreta en “evitar, en la medida de lo posible, incrementos de impuestos”, así como incentivar el ahorro privado para la salida de la crisis y revertir el déficit público.
Sobre la regulación, los empresarios recomiendan que “se ha de evitar, en la medida de lo posible, revertir las reformas estructurales realizadas en la anterior crisis, y que funcionan adecuadamente”, para garantizar la flexibilidad de las empresas y evitar “rigideces”. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ya ha expresado que no es partidario de tocar la reforma laboral, como explicó en una entrevista en eldiario.es.
La patronal sostiene que “las acciones necesarias son de gran calado y han de mantenerse en el tiempo, por lo que para dar credibilidad a este programa se requiere de un amplio consenso político apoyado por los empresarios y los interlocutores sociales”.