La CEOE ha lanzado una propuesta efímera para minimizar el problema de la vivienda en las zonas más turísticas que pasaba por más vivienda pública. La patronal presentó a principios de verano una batería de medidas para mejorar la competitividad del sector, un motor económico que prevé cerrar el mejor verano de la historia en número de visitantes e ingresos. La organización empresarial desveló sus planteamientos en vísperas de las elecciones generales del 23J, con la idea de que sirviese de hoja de ruta para el Gobierno que saliera de las urnas.
Entre esas medidas, una vinculada a la vivienda en aquellas zonas donde los empleados de hoteles, bares, restaurantes o chiringuitos tienen serias dificultades para encontrar una casa en alquiler que poder pagar.
La propuesta número 42 de ese paquete de medidas de la CEOE, para la legislatura que aún tiene que echar a andar, abogaba por “planificar la inversión de un parque público de viviendas en los destinos turísticos que garantice el acceso a la vivienda de los trabajadores del sector”.
Ya no es así. La patronal la ha modificado después de que elDiario.es preguntase a la organización, entre otras cuestiones, por una mayor concreción sobre qué proponía, para saber, por ejemplo, si estaba planteando reservar parte del parque público de inmuebles a todos los empleados del sector turístico o solo a aquellos trabajadores con menores niveles de renta.
Ahora, esa propuesta reza de forma diferente. La CEOE la ha reformulado para instar a la Administración a “estudiar y solventar, según el destino, el problema de vivienda de los trabajadores del sector”, tal y como refleja la documentación recogida ahora en la web de CEOE. En cuanto al por qué del cambio, argumenta que su departamento de Turismo ha revisado la redacción y el estilo de las propuestas pero sin cambios, asegura, ni de planteamientos ni de contenido.
“Destino a destino”
Antes de realizar el cambio de redacción, la confederación de organizaciones empresariales justificaba a este medio que “el problema de la vivienda” afecta “en mayor medida a los destinos turísticos” y que no “incide solo en los trabajadores del turismo, sino en en todo el ecosistema que rige un destino”, desde “los trabajadores del comercio, de los servicios públicos o de la construcción”.
“Proponemos que esa situación se revise ‘destino a destino’, de acuerdo con la normativa urbanística existente, y que se proponga, por parte de las administraciones locales y autonómicas, medidas que permitan minimizar este problema”, indicaba CEOE, sin mencionar directamente la utilización del parque público de vivienda. “No se pueden generalizar las soluciones ante necesidades que también son distintas en cada territorio”.
“Ya hay empresas turísticas que están buscando soluciones y facilitando alojamiento a sus trabajadores, por ejemplo, a través de espacios habitacionales dentro de los propios alojamientos, con edificios anexos alquilados o propios o incluso planificando nuevas construcciones para tal fin”, añadía la patronal.
Tras la pandemia, las hoteleras han reconocido sus “peleas” por contratar y que la vivienda a precios asequibles se ha convertido en una prioridad para los trabajadores del sector. “Hay gente que no se desplaza a sitios donde hay ofertas de trabajo porque no pueden encontrar viviendas que puedan pagar”, señalaba en febrero a este medio el secretario general de CCOO Servicios, José María Martínez. De ahí que haya hoteleras que han reservado habitaciones a empleados.
Un parque público pensado para rentas bajas
El problema de la vivienda afecta a todos los territorios, ya sea por el número de viviendas sin habitar en la España vaciada, por lo difícil que es pagar el alquiler para los más jóvenes o porque en las grandes ciudades y en las zonas más turísticas las rentas de alquiler de los pisos no son viables para la mayor parte de salarios.
Así ocurre, por ejemplo, en Illes Balears donde las caravanas se han convertido en una alternativa habitacional para quienes no pueden pagar el alquiler en Palma. Mientras, en Ibiza, la falta de vivienda asequible ha derivado en un aumento del número de furgonetas y colchones en las playas.
El problema de fondo es tanto la escasa disponibilidad de vivienda en muchas zonas turísticas, como que los precios de la que hay no están acordes a los sueldos que se pagan.
Pero hay más derivadas, como que actualmente no existe un parque de vivienda pública que pueda ser una alternativa. Además, este tiene un enfoque social, es decir, para acceder a un piso en alquiler asequible hay que cumplir, entre otros criterios, un determinado nivel de renta máxima. Y las comunidades autónomas –que son las administraciones que tienen las competencias en vivienda y fijan los requisitos– piden que para acceder a un piso en este tipo de alquileres se tenga fijada la residencia en ellas.
Actualmente, en España, el parque público de vivienda roza los 300.000 inmuebles. No llega al 3% del total, cuando en otros países europeos, como Austria, es el 25%, y en Países Bajos es más del 30%. En esta información resumimos cuánta vivienda en alquiler social han desarrollado las comunidades autónomas en los últimos cuatro años.
Esa necesidad de ampliar el parque público ha estado en los programas electorales de las últimas elecciones generales. Sin embargo, el debate y las propuestas estuvieron en el foco político, sobre todo, de las municipales y autonómicas del mes de mayo.
Fue entonces cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, prometió incrementar el parque público en 183.000 pisos. Aquí explicamos de dónde salían esos inmuebles y por qué marcó esa cifra como objetivo. La gestión y condiciones de adjudicación de esos inmuebles estarían en manos de los gobiernos regionales.
La vivienda de uso turístico
En cuanto a las propuestas en vivienda de la patronal, dentro del enfoque de la competitividad del turismo, no solo se centran en el parque público. También, en las viviendas de uso turístico. Y ahí, de nuevo, hay cambios de planteamiento.
En la última redacción de las propuestas de CEOE, se aboga por “impulsar un marco regulatorio para las viviendas de uso turístico que contribuya a la creación de valor, así como al desarrollo social y económico, propiciando la definición de medidas fiscales, sectoriales, laborales legales y administrativas concretas”, enumera. “Todo ello con el objetivo de profesionalizar el sector”, añade.
Sin embargo, en la anterior redacción sobre estas viviendas de uso vacacional publicada en su web, lo que proponía la patronal era “liderar la adaptación de la normativa de alojamiento turístico a la propuesta de consenso europea de alquileres de corta duración, diferenciando la actividad profesional del alquiler de la ejercida por particulares”.
A finales del pasado año, la Comisión Europea propuso una mayor regulación, entre otras medidas, a través del registro de los propietarios. En otros países, como en Portugal, se acaba de endurecer la normativa, para que los ayuntamientos puedan limitar el número máximo de pisos turísticos, que en Lisboa llegan a ser el 60%.