El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, no se comprometerá a una senda de incremento del salario mínimo interprofesional (SMI) más allá de la subida de este año, que se opone a que llegue a 1.000 euros, y pide que se repercuta en los contratos públicos.
“No vamos a hablar de sendas cuando entiendo que es un acuerdo de los dos partidos (PSOE y Podemos) y nosotros estamos en el día a día, el trabajo diario”, apunta Garamendi en una entrevista a Efe, en la que señala que esos 1.000 euros están entre los planteamientos del Gobierno, cuyo compromiso pasa porque el SMI alcance el 60 % del salario medio a final de la legislatura.
Las declaraciones de Garamendi se producen horas antes de que la nueva ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, se reúna con los dirigentes de las patronales, CEOE y Cepyme, y de los sindicatos CCOO y UGT para tratar la nueva subida del SMI. Una reunión que tendrá lugar a las 17.30 en el Ministerio de Trabajo y que será la que abra el Diálogo Social en esta nueva legislatura de Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos.
“Primero veamos cuánto va a durar la legislatura (...) el tema que a nosotros nos preocupa es ver este año qué es lo que tenemos que hacer, del año que viene ya hablaremos”, argumenta el presidente de la patronal, que advierte de las consecuencias de subir el SMI.
“Lo que estamos trasladando es que nos parecería excesivo (los 1.000 euros), porque hay una parte de la economía que no lo aguantaría, especialmente la España vaciada”, señala el presidente de la CEOE, que este miércoles reúne a su Junta Directiva.
Garamendi pedirá a sus socios que le mandaten para llevar estos planteamientos al encuentro de esta tarde y recuerda que se trata de un tema que “es una facultad del Gobierno, previa consulta de los interlocutores sociales”.
Hasta ahora se han mantenido contactos por teléfono, explica Garamendi, que también pedirá al Gobierno que las empresas que prestan servicios a las administraciones públicas puedan trasladar la subida del SMI en los contratos. “Muchas (empresas) han entrado en pérdidas como consecuencia de que tienen la obligación de incrementar los salarios, pero no pueden repercutirlo en el precio”, expone.
La reforma laboral
Ya entrando en la reforma laboral, Garamendi pide que todo pase por la mesa de negociación y advierte de que en función de lo que se cambie se puede dañar más o menos el empleo. “Pensamos, que tal y como está la reforma laboral, podrían tocarse algunos temas pero depende a dónde se llegue sí podría afectar al empleo”, afirma. “Los empresarios contrataremos en función de lo que veamos y la seguridad que nos den estos cambios”, subraya.
Sobre uno de las primeras medidas que quiere tomar el Gobierno, derogar el artículo 52.d que permite despedir por bajas médicas, Garamendi muestra también su disposición a hablar, aunque le sorprende la “urgencia” de un tema que lleva 40 años en vigor y nadie había planteado.
“Lo que no nos parece bien es que se nos esté culpando (...) tanta culpa tendremos nosotros como los de enfrente”, en alusión a que los sindicatos no han llevado hasta ahora este tema a las mesas de negociación, en las que, por otro lado, reclama abordar junto al fraude por absentismo.
También se muestra abierto a ver con los sindicatos temas como la prevalencia del convenio de empresas sobre el sectorial, porque “es posible que pueda haber algún caso en el que se haya generado algún dumping con respecto a otras empresas” o la ultraactividad. “Hay que medirlo. Igual no es bueno que cuando acaba la vigencia de un convenio se acabó, ni tampoco que 'sine die' ya se tenga ese convenio”, reflexiona.
Sobre pensiones, Garamendi cree que lo mejor es un acuerdo consensuado entre todos los partidos en el seno del Pacto de Toledo, pero que eso no será algo rápido. “Los acuerdos, cuando son duraderos tienen que ser de todos”, recomienda Garamendi, que reconoce que también eso implica mayor dificultad y más tiempo.