Fuentes de la patronal indicaron a Europa Press que una de las principales preocupaciones de los empresarios se centra en los problemas que se están encontrando en los tribunales para sacar adelante expedientes de regulación de empleo (EREs).
La reforma laboral elimina la necesidad de contar con una autorización administrativa para poder plantear un ERE y deja la puerta abierta a que en su tramitación el juez encuentre errores de forma o considere no suficientemente justificado el procedimiento.
Como muestra, los registros del pasado año del despacho de abogados Cuatrecasas reflejan hasta 22 sentencias que declaran la nulidad del despido por cuestiones como insuficiencia de documentación, vulneración del derecho a la negociación colectiva u omisión de requisitos formales, frente a otras nueve en las que se falló a favor de los empresarios al considerar que los despidos colectivos estaban ajustados a derecho.
Las mismas fuentes, que indicaron que desde CEOE se ha expuesto esta cuestión en algún encuentro informal con la ministra de Empleo, Fátima Báñez, apuntan que los empresarios tienen como referente a Alemania, donde la tasa de paro se sitúa en el 6,9%, tras cuatro reformas laborales en los últimos años, de las que “la última ha sido la más ajustada”.
En este sentido, consideran que en España, donde se han aprobado dos de estas reformas desde 2010, “queda mucho camino por profundizar”, como incluso plantearon en un comunicado este jueves tras conocer los datos de paro y afiliación del mes de diciembre.
En dicha nota, la patronal consideró necesario “seguir avanzando en medidas de flexibilidad y en la moderación salarial, en los términos previstos en el II Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva”, para lograr competitividad y acercar la recuperación económica y del empleo.
Por otro lado, los empresarios también mantienen su descontento ante las últimas subidas de impuestos y la negativa a rebajar finalmente las cotizaciones sociales. Se refieren a la decisión de no rebajarlas en un punto en 2013 y otro en 2014, como había anunciado el Gobierno, para no ahondar más en la delicada situación de las cuentas de la Seguridad Social.