Las sicav han sido uno de los vehículos de gestión de grandes fortunas más polémicos en España. Estas sociedades de inversión, que se beneficiaban de un impuesto de sociedades del 1%, han llegado a gestionar miles de millones de euros, asociados principalmente a elevados patrimonios. Una ley contra el fraude fiscal, aprobada en 2021, estrechaba el cerco sobre el uso de esta herramienta societaria y ha provocado una huida hacia otros modelos de inversión. Esto ha tenido un impacto también en los Presupuestos Generales del Estado, que prevén para este año que este beneficio fiscal se reduzca en más de 440 millones de euros.
La ley antifraude de 2021, uno de los compromisos de España con Bruselas para recibir fondos europeos, contemplaba limitar las posibilidades de crear una sicav. Hasta la fecha, la ley permitía crear este vehículo cuando había al menos 100 accionistas. En la práctica, sin embargo, era un gran patrimonio el que formalizaba esta sociedad, con fuertes beneficios fiscales, con decenas de inversores ficticios que completaban la exigencia legal. Eran los conocidos como 'mariachis'. La nueva ley obligaba a que cada accionista tuviera, al menos, una inversión de 2.500 euros, un requisito con el que no cumplían gran mayoría de las sicav.
Cada año, los Presupuestos Generales del Estado se acompañan de una memoria de beneficios fiscales. Estos beneficios contemplan cuestiones como las deducciones, bonificaciones, tipos reducidos, etc. y cuantifica cuánto deja de ingresar el erario público por ello. Estas cuentas entraron en vigor la pasada semana y la estimación que realizó el Gobierno de los beneficios fiscales contempla una reducción notable del coste que asumía el Estado por este incentivo tributario.
Los Presupuestos estimaban que, en 2022, el coste de este beneficio fiscal ascendería a 549 millones de euros. Este año, sin embargo, el Gobierno contempla que este incentivo tributario apenas tendrá una pérdida de ingresos de menos de 108 millones de euros. Es decir, el gasto —que en realidad es una merma de recaudación— será un 80% inferior al de 2022.
¿Por qué sucede esto? La memoria de los Presupuestos de beneficios fiscales alude a dos causas. Por un lado, se encuentra la “gran volatilidad mostrada por los resultados contables obtenidos por las sicav”. “Se generalizaron las pérdidas”, asegura el documento sobre los resultados que obtuvieron estas sociedades durante el primer semestre del año. El otro es que el número de estas sociedades durante 2022 fue “cada vez menor”. “Esto pudiera estar ligado al endurecimiento de los requisitos exigidos para su constitución, algo que se espera que prosiga durante todo el año”, señala el informe sobre ambas razones para los menores beneficios fiscales.
Efectivamente, el endurecimiento de las condiciones para hacer una sicav se previó que iba a causar una desbandada de dinero hacia otros vehículos de inversión. Tal es así que la CNMV, supervisora de estas sociedades, solicitó a todas ellas que decidieran a comienzos del año pasado qué iban a hacer, si cumplían con la nueva ley y se mantenían o si optaban por la disolución o por su conversión en otras sociedades, con una fiscalidad más elevada. El 77% de las sicav que había en España en aquel momento, algo menos de 1.800, anunciaron que se disolverían, según informó el organismo. Solo un 20%, las de mayor tamaño, optaron por mantenerse.
Estas disoluciones se han ido realizando de manera paulatina ya que, la fecha límite es a mediados de este año. Por ello, muchas de las que siguen en pie a día de hoy están en pleno proceso de disolución o de reconversión. La ley garantizaba un periodo de gracia para realizar estas operaciones con determinados incentivos tributarios.
Las estadísticas que se manejan en el sector dan muestra de la espantada que está viviendo este negocio en los últimos meses. El año pasado se inició con 2.307 sicav en España que gestionaban un patrimonio de 29.200 millones de euros repartidos entre algo más de 360.000 inversores, según los datos de la patronal del sector, Inverco. Son datos que ya venían de un ajuste durante los años previos, cuando el endurecimiento de las leyes se venía barruntando con las propuestas de partidos como Unidas Podemos o el PSOE. En noviembre, a falta de conocer el dato de cierre del año, el número de sicav se había desplomado hasta las 1.199 —1.108 menos—, el patrimonio bajo gestión había descendido hasta los 17.900 millones —18.300 millones menos— y el número de accionistas se había recortado hasta los 160.000 —200.000 menos—.
Estos datos muestran cómo de arraigada estaba la práctica de los 'mariachis' en las sociedades de inversión colectiva para beneficiarse de los incentivos fiscales de estas herramientas. Ahora, este dinero se dirigirá a otros vehículos de inversión o, incluso, a plazas financieras como Luxemburgo, que aprovechan una legislación más favorable para estos intereses para captar dinero de inversores de toda la UE.
La de las sicav no es la única vía por la que el Gobierno aspira a reducir los beneficios fiscales en materia de Impuesto sobre Sociedades. Según figura en la memoria de este año, se espera que este año la partida de beneficios fiscales en este tributo, el tercero en importancia, se reduzca en total en unos 162 millones.
Así, pese a que algunas partidas elevan la factura de beneficios fiscales de las empresas a la hora de pagar Sociedades, otras suponen una reducción. Es el caso del tipo mínimo del 15% sobre la base imponible y que comenzó a aplicarse en 2022. Para este año que ya ha arrancado, el Gobierno aspira a que esta figura, que pretende incrementar el tipo efectivo del impuesto, reduzca en 670 millones. Esto afecta a las grandes empresas y los grupos consolidados y supone una de las principales tareas pendientes del sistema fiscal español, donde el impuesto sobre Sociedades está lejos de sus datos del pasado, pese a que los beneficios de las empresas no han dejado de crecer.
En total, los Presupuestos Generales del Estado contemplan unos beneficios fiscales para este año que recortan la recaudación en unos 45.200 millones de euros. Se trata de una cifra ligeramente superior a la del año pasado pero que no contempla todos los incentivos tributarios. Las rebajas del IVA en la alimentación se anunciaron y entraron en vigor después de que se hubiera aprobado la ley de Presupuestos, por lo que no se incluyó en este cálculo.
El IVA es, de hecho, la principal partida de beneficios fiscales, debido a los numerosos productos que tributan a tipos reducidos (10% y 5%) o superreducidos (4%). Suponen algo más de 24.600 millones de euros, más de la mitad de toda la merma de recaudación que suponen estos beneficios. En Sociedades suman 5.700 millones y en el IRPF, más de 11.100 millones. Aunque muchos de estos beneficios fiscales tienen objetivos y razonamientos claros como puede ser la protección de un colectivo o determinados incentivos económicos, el Gobierno se comprometió con Bruselas a analizar una quincena de estas figuras en el Plan de Recuperación para estudiar si deben o no seguir operando.
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