Activos de 91 millones de euros, ningún empleado, cero facturación y números rojos. Es el retrato de la holding que ha traído a España Banacol, un imperio de la banana en Colombia, heredero de la multinacional estadounidense Chiquita Brand, señalado por financiar grupos paramilitares en ese país y vinculado por una reciente investigación con envíos de droga para la mafia italiana.
Esa holding, matriz del grupo al que pertenece Banacol, Greenland, hasta hace poco se llamaba Invesmar Limited. En septiembre se trasladó el año pasado a Madrid desde Islas Vírgenes, como avanzó elDiario.es. Rebautizada como Greenplus Investments, SL, ha depositado en el Registro Mercantil sus cuentas de 2022, cuando aún estaba radicada en ese paraíso fiscal.
En ellas apenas da detalles sobre su actividad. Sin inversiones inmobiliarias, en 2022 tenía activos de 91.725.292 euros, frente a 124 millones en 2011. Más de la mitad, 53,2 millones, eran “inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo” que no detalla.
Con ingresos financieros de unos 35.000 euros y gastos financieros de 150.656 euros, declaró pérdidas de 115.658,09 euros, frente al beneficio de unos 690.000 euros un año antes. La junta celebrada en Panamá el 31 de julio aprobó aplicar esos números rojos a la partida de resultados negativos de ejercicios anteriores, que acumula pérdidas de 14,3 millones.
Las cuentas las firma uno de los dos administradores de la empresa, Gonzalo Egas Bobo Mayor, que ha ocupado cargos en decenas de sociedades en España. Entre ellas, varias acogidas al régimen fiscal ETVE (utilizado por multimillonarios como Ricardo Salinas, tercera fortuna de México, para eludir impuestos) y de los terratenientes Domecq, familia política del ex ministro y ex comisario Miguel Arias Cañete.
En Greenplus, Bobo representa a Ibertax, firma de abogados que presta a esa holding su sede en un piso en el barrio de Goya de Madrid. Este bufete ha asesorado al menos a otra firma señalada por acaparamiento ilegal de tierras en Colombia, la italiana Poligrow, dedicada al cultivo y extracción de aceite de palma.
El otro administrador de Greenplus Investments SL es Víctor Manuel Henríquez Restrepo, presidente ejecutivo de Greenland, holding del que cuelga Banacol, y que en su LinkedIn se identifica como CEO de Invesmar desde septiembre de 2022. Junto a Bobo, administra la española Ituren Inversiones, también sin empleados y que participa en la suiza Frutco Tropical AG, dedicada a compraventa y distribución de frutas.
Banacol tiene un reverso oscuro por sus vínculos con Chiquita, las investigaciones a algunos exdirectivos por financiar a paramilitares en la región del Urabá, que produce casi el 60% del banano de Colombia, y por la larga sombra del narcotráfico. Nuevas sospechas afloraron en noviembre, cuando la revista colombiana Vorágine reveló en una amplia investigación que la empresa está en el punto de mira por varios envíos de 3,4 toneladas de cocaína camuflada en cargamentos de banana para la Ndrangueta, la mafia italiana que controla el 80% del tráfico de esta sustancia en Europa.
La investigación se realizó en el marco del proyecto Narcofiles a partir de una filtración de correos de la Fiscalía colombiana. Destacaba las fuertes conexiones de Banacol con el expresidente Álvaro Uribe o el alcalde de Medellín, el también conservador Federico 'Fico' Gutiérrez, cuyas campañas financió.
Vorágine reconocía no tener pruebas de que la compañía supiera que la cocaína viajaba oculta en sus cargamentos. Pero citaba a una fuente policial europea que lamentaba la “resistencia de parte de la Fiscalía colombiana” por indagar un asunto que abogaba por investigar “a fondo”.
Las acusaciones levantaron polvareda política en Colombia. Paula Fonseca, secretaria de comunicaciones del presidente Gustavo Petro, se preguntó por qué la Fiscalía “dilata la investigación”. La senadora ambientalista Isabel Zuleta aseguró que la relación de las bananeras del Urabá con el narco es “un secreto a voces”.
Tras la publicación del reportaje, Greenland rechazó “de manera contundente” las “insinuaciones de posibles nexos de Banacol con actividades de tráfico de estupefacientes” y anunció que estudiaría acciones legales contra los medios.
“Desde el inicio de sus operaciones Banacol ha trabajado permanente y articuladamente con las autoridades locales, nacionales e internacionales, entre ellas la Policía Antinarcóticos, la Policía Nacional, la Armada, el Ejercito Nacional, los departamentos de seguridad de USA y los delegados para el control de narcotráfico en las Embajadas de Reino Unido, Francia, Italia y USA, con el fin de atacar decididamente un flagelo que ha azotado a la región”, aseguró la empresa, que no ha atendido a elDiario.es.
La holding que ha domiciliado recientemente en Madrid explica en sus cuentas que Invesmar Limited “se incorporó como sociedad limitada en las Islas Vírgenes Británicas, el 2 de mayo de 1988. Su domicilio social está radicado en Kingston Chambers, Road Town (Tórtola)”.
Su objeto social es “la compra, venta, suscripción e inversión en cuentas de bonos, obligaciones, acciones (totalmente pagadas o no), sobre acciones en materias primas, contratos a plazo o inversiones del gobierno, estado, municipio o autoridades públicas/privadas limitadas o privadas”.
Todo apunta a que la matriz de Banacol sigue teniendo un fuerte vínculo offshore. Su socio único es Invesmar International Investments, SA. De esa denominación social solo hay rastro en otro paraíso fiscal, Belice, en un domicilio que coincide con el de una modesta empresa de alquiler de furgonetas. Antes fue un salón de tatuajes y piercings.
Esta offshore tenía en 2021 activos de más de 300 millones, ingresos de 215 millones y beneficios de 30,2 millones, según documentación que presentó en Panamá el año pasado.
Banacol, según su web, explota 5.639 hectáreas de banano en Colombia. En 2022 exportó unos 15 millones de cajas de esta fruta y de plátano. Desde hace décadas, está entre los principales operadores de este país, uno de los cinco mayores exportadores mundiales, con envíos por 892 millones de dólares en 2022, según la patronal del sector.
En 2018, el especial de elDiario.es ‘La tierra esclava’ situaba a Banacol como primer productor del país y segundo exportador, tras Unibán. Los datos de la patronal Augura la colocan como cuarta exportadora en 2022, con una cuota del 11%. La empresa se acogió en 2013 al equivalente al concurso de acreedores en España, pero ha continuado su actividad.
Esa investigación detallaba cómo se planta en países pobres para consumir en países ricos y cómo un puñado de apellidos (Restrepo, Henríquez, Echeverri, Velásquez…) se repiten y entrelazan entre los grandes dueños del banano colombiano. Explicaba que el 60% de la exportación entre 2008 y 2015 la copaban Unibán y Banacol. Esta nació en noviembre de 1980 como escisión de la primera, fundada por bananeros colombianos en 1966 para romper el monopolio de las multinacionales en el país.
Banacol dio el gran salto en 2004. Se convirtió en primer productor nacional tras comprar a precio de saldo, 50 millones de dólares, las más de 5.000 hectáreas de banano de Chiquita Brands, herencia del monopolio que tuvo en América Latina desde los años 20 su antecesora, la United Fruit Company, con un oscuro historial de violencia y golpes de Estado alentados en esa región.
La multinacional estadounidense tuvo que salir de Colombia por sus vínculos con grupos armados y en 2007 se declaró culpable en su país de financiar con 1,7 millones durante siete años al grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Tras un acuerdo con el Departamento de Estado, Chiquita pagó 25 millones de dólares, la mayor sanción impuesta hasta entonces bajo la legislación antiterrorista en Estados Unidos, cuyo Tribunal Supremo rechazó en 2015 las acusaciones de graves violaciones de los derechos humanos de más de 4.000 colombianos.
A cambio de ese acuerdo con Chiquita para quedarse sus plantaciones, Banacol firmó un contrato para seguir vendiéndole gran parte de su producción. El comprador no era Banacol, sino Invesmar Limited, entonces radicada en Islas Vírgenes, y que, como confirmó esa investigación de elDiario.es con datos del registro de Colombia, ha ejercido durante años como matriz de la colombiana Comercializadora Internacional Banacol.
En el caso de Banacol, la Fiscalía colombiana acusó en mayo de 2016 a dos de sus exdirectivos, junto a más de una decena de empresarios bananeros, de posibles delitos de lesa humanidad por su presunta responsabilidad en la financiación de paramilitares.
Entre ellos, Víctor Manuel Henríquez Velásquez, que presidió Banacol entre 2000 y 2004. La Fiscalía le atribuyó delitos como concierto para delinquir agravado por la financiación, promoción y organización de grupos armados ilegales. Semanas antes de formularse esa acusación, en abril de 2016, se incorporó en Belice esa offshore en la que figura como administrador Víctor Manuel Henríquez Restrepo, que sería la dueña de esta sociedad trasladada en 2023 a España que administra este directivo.
Greenland se define como “un Grupo agroindustrial colombiano propiedad de inversionistas extranjeros quienes desde hace más de 40 años han invertido y apostado por el desarrollo social y económico de las regiones donde opera, especialmente del Urabá antioqueño, trabajando de la mano de los sindicatos y de la institucionalidad”.
Con “un equipo humano de más de 5.000 personas”, asegura en su web que “genera valor para sus clientes y accionistas de manera confiable y sostenible” y “cultiva bienestar para sus familias y comunidades”, implementando “buenas prácticas agrícolas, sociales y ambientales de manera responsable”. Pero la sombra de la duda persigue a Banacol desde hace muchos años.
En 2012, un estudio de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz de Colombia la implicó en el paramilitarismo y el acaparamiento de tierras en los territorios colectivos de las comunidades negras y mestizas colombianas del Curvaradó y Jiguamiandó. La acusaba de apoyarse en paramilitares para promover invasiones de tierras sin acuerdo con las comunidades locales. En 2016, la misma entidad advertía de que “dado el secretismo de las Islas Vírgenes frente a la información de las empresas allá registradas, es imposible establecer los accionistas o directivos de Invesmar”.
Y apuntaba su “presunta relación” con el narcotráfico, “firme articulador y sostenedor del conflicto armado colombiano”. Recordaba que ya en febrero de 2010, la Unidad Antimafia de la Fiscalía colombiana ordenó detener a dos suboficiales de la Armada y cinco técnicos de Banacol por pertenecer a una organización que introducía droga en contenedores con banano en las instalaciones de Banacol y que “estaría relacionada con el envío de más de 9 toneladas de cocaína a Estados Unidos y Europa incautadas por autoridades internacionales”. La historia se ha venido repitiendo años después. Y ahora con parada en Madrid.
En un momento convulso para las noticias de economía, es más importante que nunca estar bien informado. Las repercusiones de cada movimiento de empresas, de la política económica de los gobiernos y su impacto en los ciudadanos, explicadas desde un punto de vista riguroso y diferente.