El cheque de 200 euros para trabajadores, autónomos y desempleados con rentas bajas, incluido en el paquete de medidas aprobado por el Gobierno para paliar las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania, se puede solicitar desde este viernes.
La solicitud se debe presentar en la Sede Electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria rellenando un formulario electrónico antes del 30 de septiembre de 2022, en el que, necesariamente, deberá figurar la cuenta bancaria en la que se desee que se realice el abono.
Si transcurrido el plazo de tres meses desde la finalización del plazo de presentación del formulario no se ha efectuado el pago, la solicitud podrá entenderse desestimada. Contra esta desestimación se podrá interponer recurso de reposición y reclamación económico-administrativa.
¿Quiénes pueden recibir la ayuda?
Para recibir esa ayuda, los beneficiarios deben residir en hogares en los que la suma de las rentas que perciban los convivientes sea inferior a 14.000 euros en 2021 y cuyo patrimonio descontando la vivienda habitual no supere los 43.196,40 euros.
El cómputo de ingresos y de patrimonio se efectuará de manera conjunta, considerando todas las personas que residan con el beneficiario en un mismo domicilio a fecha 1 de enero de 2022 “y estén unidos entre sí por matrimonio o análoga relación de afectividad a la conyugal con al menos dos años de antelación o por parentesco, hasta el tercer grado, incluido los afines, con cualquiera de los anteriores, así como otras personas con las que cualquiera de los anteriores conviva en virtud de guarda con fines de adopción o acogimiento familiar permanente”.
Los beneficiarios deben tener residencia legal y efectiva en España en la fecha de entrada en vigor de real decreto-ley, desde el 27 de junio, y haberla tenido de forma continuada e ininterrumpida durante al menos el año inmediatamente anterior.
Se excluye de esta ayuda a quienes ya cobren el Ingreso Mínimo Vital o los pensionistas. Para estos colectivos, el Real Decreto-ley contempla ya medidas concretas como la prórroga del incremento del 15% del Ingreso Mínimo Vital o de las pensiones no contributivas, que implica incrementos anuales superiores a los 200 euros. Y, en el caso de las pensiones contributivas, el Gobierno garantiza el incremento en línea con la inflación para que no haya una merma del poder adquisitivo.