Cuando el Gobierno anuncia el aumento salarial de los trabajadores públicos de 2022, de un 2%, hay cientos de empleados de la Administración del Estado que aún están esperando que se les aplique el incremento de 2020. Casi dos años después, el personal laboral de algunos organismos públicos no ha logrado ver reflejada en sus nóminas la subida de entre el 2% y 2,3% para ese ejercicio. Tampoco la del 2021, del 0,9%. Al menos, esta situación alcanza a los empleados de Patrimonio Nacional, del SEPE, del Museo del Prado y una minoría de la Seguridad Social, según ha podido confirmar elDiario.es. Aunque las Administraciones en cuestión alegan a este medio que solucionarán esta situación entre octubre y el final de año, según el caso, los representantes de la plantilla denuncian que se haya llegado a producir este retraso. “No es tolerable”, critica un trabajador de Patrimonio Nacional.
El retraso en la aplicación de la subida salarial al personal laboral de la Administración cuenta con denuncias de años anteriores. En el caso de los funcionarios, el alza anual se implementa de manera automática, pero el personal laboral tiene que superar un procedimiento diferente, que alarga algo más su aplicación. Pero entre ese “algo más” y casi dos años hay un trecho, subrayan los trabajadores afectados por la gran demora que acumulan varios organismos públicos, que insisten en que no debe permitirse –ni repetirse en el futuro– esta situación.
Al menos, el problema alcanza a unas 2.300 personas que forman parte del personal laboral de algunos organismos estatales que cuentan con convenio colectivo propio. En concreto, Patrimonio Nacional, del SEPE, del Museo del Prado y una minoría (unos 50 trabajadores) de la Seguridad Social, según ha podido confirmar este medio, aunque es posible que esta situación se extienda a alguna otra institución.
Las causas del retraso son diferentes según el caso. En ocasiones, responde a una aparente falta de diligencia o problemas de gestión por parte de la dirección de los organismos, mientras que en otros casos –como el SEPE– los sindicatos denuncian la falta de medios y recursos para poder aplicar la subida salarial a la plantilla.
Función Pública señala el retraso de Patrimonio
Los casi mil empleados públicos de Patrimonio Nacional, la gran mayoría, asistían con sus nóminas congeladas a las noticias publicadas en exclusiva por elDiario.es de que el organismo sufragaba los sueldos y los viajes del personal desplazado a Emiratos Árabes Unidos para asistir al rey emérito. Un grupo de trabajadores de Patrimonio se manifestaron en los alrededores del Palacio Real en Madrid el primer miércoles de octubre, convocados por CCOO, aprovechando la visibilidad que daba el llamado 'relevo solemne' de la guardia real.
“En Patrimonio el retraso se debe a desidia y mala gestión como consecuencia del continuo cambio de altos cargos. La situación es insostenible, son 21 meses de retraso que no tienen justificación”, denuncian desde la representación del sindicato en este organismo público.
En el Ministerio de Función Pública recuerdan que en caso del personal laboral, si los convenios colectivos no reflejan la actualización de los salarios de manera automática, la institución pública en cuestión debe cumplir varios pasos. Primero, tiene que negociar la distribución del incremento salarial y, después, ha de informar del acuerdo alcanzado a la Comisión de Seguimiento de la Negociación Colectiva en las Empresas Públicas (CSNCEP). El organismo también debe recabar “un informe de la Comisión Interministerial de Retribuciones (CECIR)”.
Patrimonio Nacional responde a elDiario.es que el acuerdo con la plantilla se alcanzó el “4 de diciembre de 2020”. Sin embargo, pasaron casi cuatro meses hasta que Patrimonio lo comunicó a la CSNCEP, según informa Función Pública a este medio. “El acuerdo de distribución de incrementos se envió para informe de la CSNCEP a finales de marzo y la CSNCEP lo informó a principios de mayo”. Desde mayo, el Ministerio indica que Patrimonio aún no ha dado el siguiente paso para hacer efectivo el aumento salarial de su personal. “No se ha recibido hasta el momento la solicitud de Patrimonio Nacional para el informe de la CECIR”, explican en Función Pública.
En Patrimonio Nacional rechazan que no hayan cumplido los pasos y señalan que es “un proceso largo y complejo que en ocasiones puede ralentizarse por circunstancias ajenas a la voluntad de las partes”. “Todos los trámites están finalizados”, aseguran a este medio. En el organismo dependiente de Presidencia del Gobierno sostienen que “la nómina de octubre está confeccionada con las nuevas tablas salariales”. Es decir, reflejará el aumento salarial del 2% de 2020 en el sueldo, pero aún no se abonarán las 21 mensualidades de retraso. “Se está trabajando para que los atrasos se perciban como muy tarde en la nómina de noviembre”, añaden.
La representación de CCOO en Patrimonio denuncia que la “mala gestión” del organismo se refleja en otros muchos ámbitos como la negociación del convenio colectivo, que critica que está “paralizada varios años”, así como el retraso de la aplicación de la subida salarial del 0,9% de 2021. “Esto es una bola de nieve”, lamentan.
Denuncian la falta de interés y medios en otros organismos
En el Museo del Prado prácticamente todo su personal es laboral, unas 440 personas, a las que por fin se ha comunicado que la nómina de final de octubre reflejará el incremento salarial de 2020. Como en Patrimonio, tampoco incluirá por el momento los atrasos. Estos se abonarán “antes de final de año”, explican desde el Museo. Desde el comité de empresa denuncian la falta de interés en gestionar el aumento salarial, que ha “bloqueado” la negociación y aplicación del nuevo convenio colectivo en el organismo.
“Nos certificaron la masa salarial de 2020 en octubre de 2020”, explican desde la representación de la plantilla. Este es un paso previo necesario para negociar la distribución del alza de las remuneraciones. Sin embargo, el Museo mantuvo una discusión con Hacienda sobre el incremento, que llegó hasta diciembre, dicen en CCOO. Sin embargo, la dirección del Museo no citó a los representantes de los trabajadores hasta mayo de este año, “después de que presentáramos un conflicto colectivo”. Ese mismo mes se llegó a un acuerdo sobre el incremento del 2% y, cuatro meses después, aún no se ha implementado.
En el caso de la Seguridad Social, ya solo queda un pequeño grupo de “unas 50 personas” que no han cobrado el aumento salarial casi dos años después. El resto del personal laboral recibió los atrasos de la actualización de 2019 y 2020 “en la nómina de septiembre”, explican en la Seguridad Social. Los 50 empleados restantes no están encuadrados dentro del mismo convenio, por lo que se tuvo que calcular de manera independiente. “Ya se ha aprobado, por lo que no tardará en abonarse también”, indican en el Ministerio.
Por último, los casi 900 trabajadores laborales del SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) también verán actualizada su nómina en el mes de octubre, aseguran en el Ministerio de Trabajo. El organismo ha sido clave en esta crisis por la pandemia, por la tramitación de los ERTE. “El problema aquí es del sistema informático que tiene el SEPE. Igual que tenemos el programa muy atrasado para gestionar y pagar prestaciones, también tiene sus consecuencias en la gestión de nuestras nóminas. Se tienen que revisar los datos y no hay efectivos suficientes para hacerlo. Son muy poquitos compañeros en nóminas, no es una cuestión de falta de interés”, explica Françoise Calvo, representante de UGT en el SEPE. La sindicalista reitera la demanda del aumento de plantilla en el organismo: “Falta personal en todas partes en el SEPE, como se puede ver. Ese es nuestro problema”.
Detectado el origen de los retrasos, los sindicatos exigen ponerles solución. Para lo que hace falta voluntad, repiten. “Hay veces es que hay una mala gestión de la Administración, otras nos dicen que hay no sé qué problema técnico. Pero también hay negligencia, porque cuando hay voluntad se solventan los problemas en menos tiempo”, subraya Carolina Frías, secretaria general del sector de Administración del Estado de CCOO.