La ecuación parece sencilla. “Si Bankia fue rescatada con dinero público, ¿por qué su cartera de pisos terminó en un fondo buitre y no para alquiler social?”
Richard Bermúdez, antiguo vecino de Usera y actual de San Cristóbal, lo ve bastante claro. Es sábado por la tarde, aún pega el sol y se ha plantado en el centro de Madrid para manifestarse. Junto a él marchan cientos de vecinos que se agrupan por casos: están los que sufrieron y paran desahucios, están los afectados por cláusulas abusivas de la hipoteca, está cada uno de los bloques sociales que ha comprado Blackstone-Fidere y en los que sube sin concesiones el alquiler. Y está Richard, que junto a su mujer Josefina Hernández se considera un símbolo en la lucha por la vivienda.
“Vino la crisis. Nos quedamos en paro. El casero no tenía la culpa de que dejáramos de pagar y nos fuimos. Ocupamos una vivienda vacía del BBVA. No teníamos referentes y tuvimos miedo, pero ahí seguimos”, cuenta. “Sin trabajo, sin ayudas al desempleo, sin vivienda social. Nos han intentado desahuciar varias veces, pero ahora estamos más empoderados”.
Su caso llegó a una oficina de la ONU que ordenó paralizar el desahucio hasta que hubiera alternativa, una vía convertida en el último recurso de bastantes familias en situaciones similares en España. Y su casa pasó del BBVA a Divarian, una socimi que montó el banco junto a Cerberus. “Es un piso de 55 metros cuadrados en un barrio muy pobre. ¿Para qué lo quiere esta gente? ¿Por qué no pasan a vivienda social?”, dice indignado. “Si esto no cambia, ¿dónde van a vivir las nuevas generaciones?”
La de Richard es una de las tantísimas historias que se dieron cita esta tarde en la manifestación por una vivienda digna en Madrid, convocada por colectivos como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca o Stop Desahucios. Los manifestantes bajaron desde la plaza de Jacinto Benavente hasta Neptuno por la calle del Prado y terminaron en el Ayuntamiento de Madrid, donde protestaron por las trabas que les ha puesto el Gobierno de Almeida para celebrarla. Primero canceló el festival que tenían previsto en Las Vistillas, después modificó su recorrido para dar prioridad a la procesión del Cristo de Medinaceli (al parecer, molesta menos) y finalmente les impidió hacer la marcha entera con un camión animando en la cabecera.
Es el tercer año que convocan esta manifestación, pero solo el primero que encuentran estos problemas.
“Hemos incluido varias reivindicaciones”, explica Alejandra Jacinto, portavoz de la PAH. A saber: denunciar que Madrid sigue siendo la única autonomía sin ley de vivienda. Que la venta de vivienda pública a fondos buitre debería estar prohibida. Que si un único propietario acumula muchos inmuebles es un “gran tenedor” y debería ceder los que tenga vacíos. “Otro apartado estaba dedicado a los abusos bancarios”, continúa. “El último incluía medidas para evitar la pobreza energética”. Todas estas peticiones quedaron recogidas en la iniciativa legislativa que la PAH registró en 2017 y que el PP y Ciudadanos tumbaron.
“Tres años después, la realidad es nefasta”, incide Jacinto. “Madrid es la comunidad donde más ha subido el alquiler, donde más desahucios se producen y donde se ha vendido vivienda social a fondos buitre”.
“Fuera buitres de nuestros barrios”
Los fondos buitre, con Blackstone a la cabeza, forman ya tal parte del imaginario colectivo que en la manifestación se pudo ver a varios asistentes disfrazados de ellos. Entre los cánticos se repitió “buitres fuera” y “los buitres de Fidere no nos moverán”. Uno de los bloques más grandes era el del sindicato de inquilinas, que agrupa ya a varios cientos de familias de toda la comunidad (de Torrejón, de Tres Cantos, de Carabanchel o de Vallecas) cuyos bloques de vivienda social terminaron en manos de la socimi Fidere (de Blackstone).
La forma de operar del fondo está siendo la misma en todos ellos: llega, mantiene las condiciones del contrato hasta que este se termina y, entonces, zas. Fidere ofrece un nuevo contrato en el que aumenta el precio de la mensualidad. En los últimos tiempos, y para esquivar la norma que impide subir el precio durante los primeros años de nuevos contratos, ofrece “descuentos” al principio e incluye después conceptos como el IBI o la comunidad.
“A mí me lo subieron de 623 a 658 euros”, explica Marta, del bloque de Carabanchel. “En diciembre me toca firmar el nuevo y son ya 780”. Con los 'trucos' de la empresa, sabe que en pocos años llegará a mil. Vive sola con sus hijos y no podrá pagarlo, así que seguirá el asesoramiento del sindicato y no firmará. Como ella, cada vez son más las familias que se plantan ante Blackstone en Madrid. De ahí que otro de los coreos más repetidos fuera el de “no firmamos, nos quedamos”. O, como rezaba el cartel de uno de los bloques en lucha: “Fidere-Blackstone: vuestros inquilinos somos vuestra peor pesadilla”.