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El ministro de Finanzas de Alemania, Christian Lindner, presentó este miércoles un plan de “alivio” fiscal de 10.000 millones de euros en 2023 que las derechas en España han agitado como ejemplo de la “bajada de impuestos” que consideran imprescindible como respuesta a la crisis energética y de inflación. La campaña la lideró el presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, quien trasladó al Gobierno de Pedro Sánchez que “es necesario bajar impuestos y deflactar el IRPF a rentas medias y bajas para dejar de asfixiar a los españoles”, enlazando en Twitter una información sobre la propuesta de Lindner.
El modelo elegido por Feijóo choca con varias inexactitudes y contradicciones y se enfrenta a las advertencias recientes de instituciones como el Banco Central Europeo (BCE) o el Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre las medidas de respuesta a la guerra. Ambas han coincidido, en sendos informes publicados en los últimos días, en recomendar a los países europeos que abandonen las políticas destinadas a subsidiar el coste de la energía a nivel general, a todo el mundo (con medidas como el descuento a los carburantes o las rebajas fiscales), a cambio de centrarse en ayudar únicamente a los más vulnerables.
“Los incentivos deberían dirigirse a reducir el uso de combustibles fósiles y la dependencia energética de Rusia, al tiempo que se mantienen unas finanzas públicas saneadas”, añade en su informe la institución que preside Christine Lagarde.
Pero, además, el ejemplo alemán tomado por el PP y otros partidos de derechas como Ciudadanos destaca por su fragilidad en varios puntos. Como que el plan del liberal Lindner todavía no ha sido aprobado y encuentra oposición dentro del gobierno de coalición de Alemania, con socialdemócratas y verdes, y también fuera. O que se propone en una economía con mayor margen fiscal, pese a lo que el esfuerzo que ya ha hecho España es similar.
1) No está aprobado y no hay consenso
El plan del líder del Partido Liberal (FDP) ha sido criticado desde el propio Ejecutivo germano, principalmente porque favorece ante todo a los más ricos. Tanto el Partido Socialdemócrata (SPD), del canciller, Olaf Scholz, como Los Verdes del vicecanciller y ministro de Economía, Robert Habeck, han pedido mejoras en la propuesta y un mayor “alivio” para las personas de bajos ingresos.
“Miles de millones en desgravación fiscal, de los que las personas con altos ingresos se benefician tres veces más en términos absolutos que aquellos con ingresos más bajos, no está de acuerdo con los tiempos”, declaró Katharina Beck, la portavoz de asuntos financieros del Partido Verde. “Lo contrario sería lo correcto. Los hombros fuertes deberían tener que soportar más que los de bajos ingresos”, remató.
2) No es “una bajada de impuestos”
El “alivio” fiscal que recoge el proyecto no es “una bajada de impuestos”, como literalmente la han calificado en España. Exactamente, prevé elevar el umbral de las rentas exentas del que sería el IRPF en España, de los 10.347 euros anuales actuales a 10.632 euros en 2023, y a 10.932 euros en 2024.
Esta medida es una deflactación del impuesto de la renta, que la teoría económica define como un ajuste para adecuarlo al efecto de la inflación. Es decir, no es una reducción, es una forma de no incrementar la presión fiscal en un contexto de subidas generalizadas de precios. El objetivo sería evitar que un contribuyente cuyo salario crece pueda ir perdiendo capacidad de compra por la combinación de los efectos de la inflación y de un cambio de tarifa fiscal aplicable sobre su renta.
En el mismo sentido, la tarifa impositiva máxima (del 42%) que actualmente empieza en los 58.597 euros anuales, en 2023 no aplicaría hasta los 61.972 euros, y en 2024 a partir de los 63.615 euros. Respecto a las críticas, hasta ahora la única concesión hecha por Lindner habría sido mantener la tarifa especial, conocida como “el impuesto para ricos”, del 45%, a los ingresos que estén por encima de los 530.634 euros anuales.
3) Ni son 10.000 millones, ni solo impuestos
El esfuerzo fiscal, es decir, lo que Alemania dejaría de ingresar según la propuesta de los liberales, no alcanzaría los 10.000 millones, puesto que en esta cifra también se incluyen otras ayudas.
Pero incluso tomando los 10.000 millones como referencia, el esfuerzo se quedaría en el 0,6% de sus ingresos totales, según calcula el economista Daniel Fuentes. Un porcentaje similar a lo que ya suponen las bajadas de impuestos aprobadas por el Gobierno en nuestro país (ver gráfico). Las del IVA y los impuestos especiales de la electricidad.
4) Mayor margen fiscal
El PP también parece ignorar en sus declaraciones que el margen fiscal de Alemania es mucho mayor que el de España. Hasta el punto de que en la principal economía de la eurozona se ha abierto el debate sobre si el esfuerzo de 10.000 millones es compatible con el propósito del propio Lindner de volver a cumplir en 2023 con el llamado freno a la deuda, que exige un déficit que no esté por encima del 0,25% del PIB.
Tras el incremento de deuda que ha supuesto el shock de la pandemia de la COVID-19 para todas las economías, el sobreendeudamiento (sobre el PIB) de nuestro país alcanza el 115%, mientras que el de Alemania apenas supera el 66%. Esta mayúscula diferencia sirve para entender que las medidas de recaudación no se deberían abordar desde la misma perspectiva en una o en otra economía.
5) Objetivo de déficit del 5% y del 3,9% en 2023
Recientemente, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, volvió a reafirmar la senda de déficit del Gobierno. Según su objetivo, el desfase entre gastos e ingresos será del 5% en 2022 y del 3,9%, en 2023. Una meta tolerable porque la Comisión Europea mantiene suspendidas las reglas sobre un desequilibrio excesivo.
Estas reglas de estabilidad obligan a los distintos países a mantener un déficit por debajo del 3%, dos puntos menos que la previsión para este año en España.
La crisis sanitaria provocada por la pandemia impactó de lleno en las cuentas españolas justo cuando se había logrado volver a ese límite del 3%. Ahora, el Ejecutivo no contempla volver a cumplir con esa obligación de déficit hasta 2025, cuando se prevé llegar al 2,9%. Mientras tanto, el debate está abierto en Bruselas sobre el objetivo de las reglas de estabilidad, aunque hay voces que ya abogan por recuperar los límites a los desequilibrios fiscales tras la pandemia.
Aunque sibilinas, las amenazas de austeridad ante situaciones de desequilibrio han vuelto a aparecer. El BCE volvió a hacer alusión al control del déficit cuando presentó la pasada semana el nuevo mecanismo para controlar las primas de riesgo de los países del euro, especialmente para los del sur. Los requisitos para poder acceder al TPI, como se ha dado a conocer, incluyen que los estados no se encuentren en situación de déficit excesivo.
De momento, el Gobierno ha encontrado un aliado para poder reconducir las cuentas públicas: la recaudación tributaria. La mejora de la economía y la inflación han hecho que, sin haber aprobado grandes medidas de aumento de ingresos y pese a haber puesto en marcha rebajas en la factura de la luz, la cifra de recaudación haya alcanzado niveles de récord. El año pasado se obtuvo la mayor cifra de ingresos tributarios de la historia y, hasta el momento, el crecimiento se ha mantenido a un nivel importante en 2022.
Hasta mayo, últimos datos registrados por la Agencia Tributaria, el aumento de la recaudación fiscal fue del 19%. O lo que es lo mismo, 13.400 millones de euros. Gracias a ese aumento, el Gobierno ha visto ya compensado en apenas cinco meses el grueso del coste de los decretos que se han aprobado frente a la crisis de inflación.
Esto, unido a que el pasado año concluyó con menor déficit del esperado, ha dado margen de maniobra para los planes de ayudas. A este margen están llamados a ayudar los nuevos impuestos anunciados por el Gobierno. El tributo a los beneficios extraordinarios a la banca y las eléctricas se prevé que aporte al Estado 3.500 millones de euros.