La invasión rusa que asola Ucrania hace tambalear a toda Europa. El Gobierno ha elevado el tono sobre las consecuencias del conflicto para la economía española y reclama un 'pacto de rentas' para repartir daños. Una demanda que cuenta con un gran respaldo en el mundo económico, pero que enfrenta dificultades en su concreción. ¿Cómo se reparten los costes? ¿De qué daños hablamos? ¿Qué papel jugará la inversión pública en esta crisis tras la vivida por la pandemia? Muchas dudas que, además, suman otras variables menos conocidas que también complican alcanzar un gran pacto de país.
Antes de entrar a analizar esas variables, convendría recordar qué se entiende por 'pacto de rentas'. Se trata de un acuerdo para repartir los efectos negativos que tenga la guerra en la economía. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendió el apoyo a Ucrania y su libertad tras la invasión de la Rusia de Putin, pero reconoció que eso conllevará “un coste” para España y el resto de Europa. Ante este coste, Sánchez pidió que todos los actores de la sociedad hagan un “sacrificio” y compartan parte de los daños, con la protección de “los más vulnerables”.
Más allá del nombre y el emplazamiento a la negociación y al acuerdo, el “pacto de rentas” no se ha concretado todavía. Ni siquiera en la reunión de alto nivel en la Moncloa del pasado lunes, en la que el presidente Sánchez citó a los líderes de las patronales y de los sindicatos mayoritarios. No obstante, la cita sirvió para medir posturas y dejó ver algunas de las costuras y rigideces para alcanzar un gran acuerdo, unos nuevos Pactos de la Moncloa (como se han llegado a denominar), en medio de una guerra en el continente europeo.
Aunque no aporta mucha tranquilidad, en estos momentos hay pocas certidumbres sobre lo que nos viene encima. Que el conflicto en Ucrania tendrá un impacto negativo se da por cierto, pero la clave es definir su magnitud. Y aún no se conoce, como reconocen en el propio Ejecutivo. Una de las piezas fundamentales pasan por frenar la contienda, que la guerra dure poco, pero también por cómo quedan después las relaciones con Rusia y los ejes político-económicos postconflicto.
Ya hay una afectación clara en los precios, que ha disparado la inflación a máximos en más de tres décadas debido a unos precios de la energía desatados, y también en algunas materias primas clave para la industria y la agricultura. Estos pueden ser focos de los daños, pero también las primeras piezas de un dominó en caída en los próximos meses difícil de prever. “No se sabe todavía, pero la cosa no pinta bien”, dicen fuentes del diálogo social a este medio.
Se reclama un 'pacto de rentas' para dar seguridad y evitar algunos problemas incipientes, como un bucle inflacionista. Pero, cuando hay que negociar para perder, es complejo avanzar entre tanta incógnita. ¿Y si cedo demasiado? ¿Y si luego las cosas van peor (o mejor) de lo esperado y he hecho demasiados sacrificios? Es lo que les ocurrió a los sindicatos y patronales el pasado miércoles en la reunión para intentar alcanzar un acuerdo estatal de negociación colectiva (AENC), que ahora se antoja decisivo con todas las miradas puestas en los salarios. “Se hablaba más sobre el diagnóstico que otra cosa”, indican fuentes conocedoras de las conversaciones.
Desde que comenzó el año ya se veía que la batalla por subir los salarios en 2022 estaba servida. Ante la inflación disparada, los sindicatos reclaman que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo, pero se enfrentan a la resistencia de los empresarios y a un problema real: que la inflación está desatada debido a la energía y hay peligro de generar bucles inflacionistas si el aumento de los precios se contagia a otros elementos de la economía. Y en este contexto estalla la guerra, que empeora el problema de los precios energéticos y de inflación.
Los sindicatos CCOO y UGT reclaman un aumento de salarios, pero no son ajenos al riesgo de una inflación de segunda ronda. Por ello, aceptarían incrementos salariales notables, mayores que el 2% al que están subiendo los salarios en convenio, pero muy por debajo de la inflación actual. En febrero, se ha situado en el 7,6% y se espera aún más alta en marzo. Eso sí, los sindicatos dicen que accederían a este “sacrificio” siempre que los incrementos salariales para este 2022 no fueran “ridículos”, que no se dejara recaer “sobre los hombros de los trabajadores” todo el peso de la inflación y, además, siempre que en dos o tres años se garantizara que no ha mermado el poder de compra de las plantillas.
Esta última carta es fundamental: permite explicar a las personas trabajadoras que ahora se acepta un esfuerzo en los salarios por el bien de la economía y porque, cuando la tormenta inflacionista pase, en el corto plazo se hará un ajuste para que no hayan perdido poder adquisitivo. Es lo que se conoce como “cláusula de garantía salarial” y solo estaba presente en un 16% de los convenios registrados en febrero. Las patronales por el momento se distancian de esta opción, porque consideran que “es un error” indexar los salarios a la inflación, que piden sustituir por otros valores como la “productividad y la competitividad de las empresas”. No obstante, puede que la discusión se centre en consensuar un tipo de cláusula que contente a ambas partes.
En el reparto de daños, Pedro Sánchez emplazó a los empresarios a “moderar sus márgenes y beneficios”. Algo que es más complejo de llevar a la práctica que el sacrificio en el aumento salarial de los trabajadores. Por ello, hay voces que temen que el 'pacto de rentas' se quede solo en pérdidas para las plantillas sin apenas aportación de los actores empresariales. Que paguen los de abajo.
Para evitarlo, CCOO y UGT reclamaron al presidente en La Moncloa que ese 'pacto de rentas' se concrete, que se pongan sobre la mesa elementos concretos de actuación que reflejen la aportación de todos. Cartas boca arriba. El economista Daniel Fuentes Castro, antes en el Ejecutivo, llama a este acuerdo y advierte de que “los de abajo” serán los que más paguen si no se actúa y se deja actuar “solo” al mercado. Los sindicatos consideran que lo prioritario para frenar la escalada de precios pasaría por la reforma del mercado energético, que está negociando el Ejecutivo con la UE. Si la energía es la responsable principal del problema, no puede quedarse al margen de la solución. Podemos ha llamado a intervenir en los beneficios de las eléctricas.
Sobre cómo pueden contribuir las empresas, UGT reclamó políticas que limitaran el reparto de dividendos, algo que se ha hecho por ejemplo en los ERTE para las compañías beneficiarias de ayudas. Desde CCOO se apuntó también a terrenos como el impositivo. Es decir, aprovechar la reforma fiscal pendiente para incrementar lo recaudado en el impuesto de sociedades a las empresas.
La patronal CEOE recuerda que la inflación afecta también a las empresas, que están haciendo “un esfuerzo” para no repercutir todo el aumento de costes a los precios finales. “Esto implica una reducción significativa de los márgenes empresariales”, indican.
Puede que los empresarios hayan sido de los menos entusiasmados con el 'pacto de rentas' de Sánchez. Lo primero que hicieron en la Moncloa es dejar claro que el pacto salarial es independiente del Gobierno, que corresponde al sector privado y a la negociación entre sindicatos y empresas. Es decir, que si acuerdan una subida salarial en el AENC no es que estén participando en el acuerdo del Ejecutivo de coalición. Y para sumarles a un hipotético 'pacto de rentas', el Gobierno debería aclarar a qué se refiere y qué aportaría.
La insistencia en marcar distancias se explica, en parte, por motivos internos. La CEOE se encuentra en año electoral, con elecciones al final del ejercicio, en las que Antonio Garamendi podría sumar un segundo mandato como presidente. Pero ha habido movimientos para explorar candidaturas alternativas, como informó El País, entre patronales como la catalana y la madrileña.
Aunque no hay mucha confianza en esta candidatura alternativa, las tensiones internas en la CEOE son notables. Se remontan a muchos meses atrás, en los que algunos empresarios no se han encontrado cómodos con tantos acuerdos laborales con el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos. Estas rencillas se hicieron explícitas con la reforma laboral, con varias organizaciones que se desmarcaron (Foment, Ceim, Anfac y Asaja), algo poco habitual. Incluso Cepyme, que firmó el acuerdo con sindicatos y el Gobierno, marcó distancias en una entrevista en El Mundo de su presidente, Gerardo Cuerva, dejando solo a Garamendi.
Por lo que un nuevo gran acuerdo con el Ejecutivo no es fácil para el líder de la CEOE en clave interna, aunque este ya ha dado su apoyo al Gobierno y a los países de la UE en su estrategia contra Rusia por la invasión de Ucrania. Antonio Garamendi por el momento insiste en sus declaraciones públicas en marcar una postura propia de la patronal, con llamadas a la “ortodoxia económica”, que no se toquen los impuestos y que no se vire a un “modelo intervencionista” de la economía. Por ejemplo, con el mercado energético. Los precios de la energía también son un problema para las propias empresas, pero en el debate para enfrentar su escalada los empresarios prefieren una reforma del sistema de cálculo consensuada en Europa (y que esta -el mercado- funcionen), que otras medidas que también están sobre la mesa como fijar precios máximos desde el Estado o condicionar los beneficios o el reparto de dividendos.
Aunque el hipotético 'pacto de rentas' con los empresarios no se puede descartar. Hay dos elementos muy relevantes que podrían facilitarlo. En primer lugar, si este supusiera ayudas para las empresas. En los ERTE, emblema del éxito del diálogo social durante la pandemia, las empresas tenían como aliciente para acordar importantes exoneraciones en la cotización a la Seguridad Social.
En esta ocasión, el papel del dinero público en el 'pacto de rentas' aún está por concretarse, pero Antonio Garamendi ya ha pedido “ayudas públicas” para dos sectores en especial, más afectados en estos momentos: el industrial y el agrario. El presidente de CEOE ha destacado, que al igual que durante la pandemia se ayudó a hosteleros y el sector turístico, ahora llega el momento de apoyar a “agricultores y ganaderos”. Justo su patronal, Asaja, fue una de las que le dio la espalda en la reforma laboral.
En segundo lugar, será determinante la gravedad del impacto por la guerra. Frente a la pelea política constante, la CEOE con Garamendi al frente ha demostrado su capacidad de negociar en momentos complicados, como la pandemia, en los que se ha exigido acuerdos de país y de Estado. Los efectos de la guerra en Ucrania puede que lo requieran y en esta idea insistió Antonio Garamendi tras su reunión en la Moncloa. Un espíritu, el de “la unidad”, en el que no se vio al antiguo PP de Pablo Casado, lo que le abrió otro frente al líder de los empresarios. Ahora, con la renovación de la dirección con Alberto Núñez Feijóo, está por ver si mejora esta relación. El tono de los populares no se ha moderado y acaban de sellar la entrada de la extrema derecha de Vox a un gobierno autonómico por primera vez, en Castilla y León.
En un momento convulso para las noticias de economía, es más importante que nunca estar bien informado. Todas las repercusiones de la guerra de Ucrania en la economía mundial, explicadas desde un punto de vista riguroso y diferente.