Más de la mitad de los ciudadanos estaría dispuesto a pagar más impuestos para luchar contra la pobreza infantil. En concreto, un 57%, según los resultados de una encuesta de la agencia de investigación 40dB a petición de Save the Children. El 84% de la población cree que este es un “problema importante” en España. Según los últimos datos disponibles, de 2017, casi el 30% de los menores de 18 años en España se encontraban en riesgo de pobreza.
El estudio ha sido presentado este miércoles en una rueda de prensa por Belén Barreiro, directora de la agencia 40dB, y Gabriela Jorquera, experta de Save the Children en pobreza infantil. La encuesta ha contado con 1.887 entrevistas online a ciudadanos mayores de edad y fue realizada entre el 15 y el 20 de marzo. Los resultados incluyen varias respuestas sobre la pobreza infantil de cara a las elecciones generales, autonómicas y municipales de este año.
Según las respuestas de los encuestados, 8 de cada 10 personas están de acuerdo con que el gasto en políticas contra la pobreza infantil sea prioritario para el próximo Gobierno. En la actualidad, la mayoría de los entrevistados cree que las medidas públicas al respecto son “menos de las necesarias”.
Respecto al apoyo de un aumento del pago de impuestos, está condicionado a que la recaudación se destinara expresamente a la financiación de políticas contra la pobreza infantil.
En la actualidad, casi la mitad de los entrevistados (el 48,3%) considera que la pobreza se hereda, que “los niños y niñas que nacen y crecen en la pobreza serán también pobres cuando sean adultos”.
Las medidas para reducir la pobreza
La agencia preguntó a la muestra por varias medidas destinadas a reducir la vulnerabilidad económica entre los menores de edad. Las políticas públicas que obtienen un mayor respaldo de los entrevistados son: la gratuidad de los libros de texto, la atención dental y visual gratuita de los menores y una red pública de educación de 0 a 3 años.
Sobre las ayudas económicas específicas por hijo para las familias de escasos recursos, reciben un apoyo del 80,5% de los entrevistados. El Gobierno de Pedro Sánchez aprobó por decreto en la recta final de la legislatura un aumento de estas ayudas, hasta los 341 euros euros al año de manera general y los 588 euros anuales para las familias en situación de pobreza severa. Save The Children pide al próximo Ejecutivo que salga de las urnas que esta prestación llegue hasta los 100 al mes, es decir, 1.200 euros al año.
Gabriela Jorquera ha señalado que, al margen de la definición estadística, “lo que mejor describe la pobreza es que no se tiene margen para lidiar con los problemas. Cualquier imprevisto puede significar un desequilibrio en las familias y un problema pequeño se convierte en muy grande”, recoge la agencia EFE.
Otras de las medidas exigidas por la ONG para combatir este problema son: que se garantice progresivamente el acceso universal a educación de los 0 a 3 años y que su coste “varíe en función de la renta” de las familias, políticas contra la obesidad infantil y la implementación de políticas de conciliación, como “el aumento de los permisos de maternidad y paternidad y la flexibilización de los horarios laborales”.
Algunas de las personas entrevistadas (el 24%) aseguraron que redujeron los gastos relacionados con sus hijos, o lo pensaron pero no llegaron a hacerlo, debido a su situación económica. Las partidas que se vieron más resentidas fueron la compra de material escolar, la posibilidad de que los niños y niñas fueran a excursiones y campamentos de verano y su asistencia a actividades extraescolares.
La investigación señala además algunas de las respuestas de los entrevistados de cara al futuro de sus hijos, que muestran el pesimismo respecto a la calidad de vida que les espera. El 71% cree que sus hijos no se podrán independizar antes de los 30 años; el 59,4%, que no encontrará “un empleo digno”; y el 61,6%, que no residirán “en una vivienda digna”.