Diez sobresalientes y un notable. Es la nota que ha sacado el plan de recuperación español en Bruselas. El mismo plan criticado con fruición por PP y Ciudadanos y que servirá para recibir unos fondos que, según los partidos de Pablo Casado e Inés Arrimadas, estaban en peligro constantemente. España ha solicitado los 69.500 millones de fondos no reembolsables, de los 140.000 millones que dispone del mecanismo de recuperación y resiliencia. Y, según la Comisión Europea, “el plan de recuperación y resiliencia de España contribuye de manera significativa a respaldar la recuperación económica del país y a contribuir a un futuro verde, digital e inclusivo”. Así, Bruselas concede 10 sobresalientes y un notable al plan español, cuyo decreto se aprobó en el Congreso con el voto en contra de PP, Ciudadanos y ERC.
Ya fuera por el estado de alarma, la gestión de la pandemia, la supuesta falta de mecanismos de control, el sistema de gobernanza, la reforma no nata del sistema de elección del Poder Judicial o incluso el bautizado Ministerio de la Verdad –defendido por la Comisión Europea–, PP y Ciudadanos han ido llamando al suspenso al plan español en Bruselas y en Madrid durante repetidas ocasiones desde antes incluso que se aprobara el mecanismo europeo en julio pasado. La última vez, hace una semana, en el pleno del Parlamento Europeo la propia presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que este miércoles ha felicitado a España, era emplazada por el portavoz de Ciudadanos, Luis Garicano: “Le pedimos transparencia, reformas y que se invierta en las personas. Espero que la Comisión haga su trabajo y aseguremos que esta oportunidad no es una oportunidad perdida”.
Pero, según la Comisión, “el plan está diseñado para dar una respuesta a los principales desafíos estructurales de España”, dice la Comisión Europea, “en línea con las prioridades identificadas en la recomendación más reciente sobre la política económica de la zona del euro y de las recomendaciones específicas por país dirigidas a España”.
En total, España ha presentado 30 componentes, 211 medidas (entre reformas e inversiones) y 416 objetivos e hitos con un calendario (incluidas reformas legislativas) a cambio de los 69.500 millones hasta 2026 que pueden impulsar el PIB español en 2,5 puntos anuales, según cálculos de la Comisión Europea. Las evaluaciones serán trimestrales; los pagos, semestrales.
Desmontaje de la reforma laboral de Rajoy
En este sentido, Bruselas destaca que “el plan incluye medidas para reducir la alta proporción de contratos temporales y reforzar las políticas activas del mercado laboral que se espera mejoren el funcionamiento del mercado laboral. Se espera que el plan ayude a abordar la fragmentación existente de la protección por desempleo, la provisión de habilidades y calificaciones relevantes para el mercado laboral que deberían acompañar la transición verde y digital del país”.
El plan también incluye reformas del mercado laboral y del sistema de pensiones, fundamentales para recibir 12.000 millones a mediados de 2022, “cuyo diseño final se ha dejado abierto, ya que está sujeto al resultado del proceso de diálogo social. Con el objetivo de preservar el empleo, el plan incluye la puesta en marcha de un mecanismo de flexibilidad y estabilidad laboral que se basa en el uso de esquemas de jornada reducida. Se espera que el nuevo mecanismo promueva el acceso a la formación y la movilidad voluntaria de los trabajadores en caso de recesiones. El plan también incluye una modernización del sistema de negociación colectiva, que se llevará a cabo sobre la base de una evaluación que identifique las deficiencias existentes en el sistema”.
Bruselas confía en que el paquete general de reformas del mercado laboral “logre el equilibrio adecuado entre flexibilidad y seguridad”.
Unos 12.000 millones previstos para mediados de 2022 dependen mucho de las reformas vinculadas con la reforma de las pensiones y del mercado del trabajo, que el Gobierno quiere cerrar de aquí a final de año, entre ellas la reducción del número de contratos laborales para frenar la temporalidad en favor del contrato indefinido y la ley rider, ya en tramitación, contra la precariedad sin regulación de repartidores de plataformas digitales.
La recuperación de la negociación colectiva enterrada por la reforma de Mariano Rajoy, el mecanismo permanente de flexibilidad interna {ERTES estructurales), y la estabilidad en el empleo, por ejemplo, son algunos de los aspectos de la reforma que están siendo negociados con sindicatos y patronal.
Cohesión
“El plan persigue el objetivo de promover la cohesión económica, social y territorial de la Unión y responde de manera equilibrada a los seis pilares del Reglamento del fondo”, afirma Bruselas. Así, “las contribuciones de los pilares verde y digital son significativas en términos de reformas e inversiones. El plan incluye una asignación sustancial para la transición verde y digital (respectivamente, 27.600 millones y 19.600 millones)”.
En este sentido, Bruselas “espera que la mayoría de los componentes del plan contribuyan a un crecimiento inteligente, inclusivo y sostenible. Un número importante de componentes contribuyen significativamente a la cohesión social y territorial, principalmente a través de medidas para abordar los desafíos en el mercado laboral y mejorar la empleabilidad, inversiones en inclusión social y mejoras en el despliegue de servicios públicos e infraestructura en todo el territorio”.
Mejora del sector público
El análisis de la Comisión Europea constata que el plan “apoya significativamente la resiliencia sanitaria, económica, social e institucional, en particular a través de medidas que buscan mejorar el funcionamiento de la administración pública, el sistema nacional de salud y preservar y mejorar el capital natural del país”.
“Esperamos que las medidas que buscan mejorar la eficacia y la equidad de la recaudación de ingresos fiscales y el gasto contribuyan a la resiliencia económica y social”, dice Bruselas: “Además, una serie de componentes están diseñados para apoyar las políticas para la próxima generación a través de inversiones en educación, habilidades, mercado laboral, inclusión social y vivienda social”.
La Comisión Europea “espera que el plan contribuya a abordar las recientes recomendaciones específicas por país dirigidas a España sobre el fomento de la inversión pública y privada para ayudar a la recuperación; sobre inversión en innovación y la transición digital y verde del país”.
Reforma de las pensiones
El plan también incluye una reforma del sistema de pensiones “con el objetivo de preservar su adecuación y sostenibilidad a largo plazo”.
Para estas reformas del mercado laboral y del sistema de pensiones, Bruselas entiende que hay que esperar “que el diseño final de las medidas refleje el resultado del proceso de diálogo social en curso. Estas reformas deberán ir acompañadas de un análisis de diferentes opciones para asegurar su sostenibilidad fiscal de medio a largo plazo”.
Esta reforma es clave para recibir 12.000 millones a mediados de 2022.
Transición verde
“Las medidas del plan apoyan la descarbonización de España y sus objetivos energéticos, tal y como establece su Plan Nacional de Energía y Clima (PNEC), y son un paso importante para lograr la neutralidad climática en 2050”, sentencia Bruselas: “La transición verde se apoya en medidas movilidad sostenible de larga distancia y en medidas para aumentar la eficiencia energética de los edificios, descarbonizar la industria y reducir la dependencia energética, así como para desplegar nuevas tecnologías para el hidrógeno y las energías renovables”.
Bruselas confía en que “las medidas ayuden a mitigar los efectos adversos del cambio climático al preservar los espacios costeros, los ecosistemas y la biodiversidad, y promover la economía circular mejorando la gestión del agua y los residuos en el país. En conjunto, las medidas de apoyo a los objetivos de cambio climático del plan de España representan el 39,7% de la asignación del plan. Todas las medidas cumplen con el principio de 'no causar daño significativo' al medio ambiente, en línea con la Orientación Técnica publicada por la Comisión Europea”.
Transición digital
La transición digital “se sustenta en inversiones en formación y en la digitalización de la administración pública, la industria y las empresas, así como en la compra de equipos digitales para educación”.
“Las inversiones importantes están diseñadas para promover la digitalización de la administración pública y del Servicio Nacional de Salud, y simplificar las interacciones públicas con empresas y ciudadanos”, dice Bruselas: “El plan invierte en formación digital básica a la población en general, los desempleados y los empleados con menos conocimientos. La provisión de habilidades digitales avanzadas podría tener un impacto significativo en la empleabilidad de las personas más allá de la transición verde y digital”.
Según el Ejecutivo comunitario, las inversiones en conectividad digital (incluido 5G) y en la digitalización de la industria y las pequeñas y medianas empresas del plan español, “incluido el uso de inteligencia artificial, permitirán a las empresas españolas aprovechar mejor las oportunidades que ofrece una economía cada vez más digital”.
La Comisión Europea también destaca que se “invierta en la digitalización de la educación, en particular mediante la compra de equipos digitales y la formación para su uso. Las medidas con impacto digital suponen el 28,2% de la dotación del plan”.
Impacto duradero
De acuerdo con la evaluación de Bruselas, “una vez implementado, el plan de España tiene el potencial de tener un impacto duradero al impulsar cambios estructurales en la administración pública, las instituciones y la legislación. Las medidas incluyen cambios que buscan mejorar la efectividad de la administración pública, entre otros a través de su digitalización y mediante el fortalecimiento del marco de contratación pública, la eficiencia del sistema de justicia y la evaluación de políticas públicas y gasto”.
“Otros cambios estructurales y duraderos”, dice Bruselas, “pueden derivarse de otras medidas que busquen mejorar el entorno empresarial, en particular mediante la reducción de la fragmentación del mercado y una mejor regulación. Las medidas del plan también pueden mejorar de forma duradera la productividad y la competitividad de España mediante una adaptación más rápida de su industria, energía y sistema de transporte a la transición verde y digital”.
Según los informes de la Comisión, “este impacto puede verse reforzado por medidas adoptadas para mejorar las competencias en varios niveles, reducir la segmentación en el mercado laboral, modernizar la protección social y abordar la brecha de género, lo que a su vez puede ayudar a mejorar la cohesión social. Las autonomías son responsables de la implementación de un conjunto sustancial de medidas. Asegurar una autoría más amplia durante la implementación del plan será importante para mejorar su efectividad y su impacto duradero”.
Gobernanza correcta
“España ha establecido una estructura adecuada para implementar el plan, así como para supervisar e informar sobre los avances”, sentencia Bruselas, sobre uno de los asuntos que más críticas ha recibido por parte de PP y Ciudadanos: “Los hitos y metas propuestos son claros y parecen realistas y los indicadores propuestos son relevantes, aceptables y sólidos. La nueva secretaría general de Fondos Europeos de la vicepresidencia económica actuará como coordinador del plan y punto de contacto con la Comisión Europea. Los ministerios correspondientes serán responsables de la implementación de las inversiones y reformas en el ámbito de su competencia. La implementación del plan estará sujeta al control de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE)”.
Según Bruselas, “la estrategia del plan, que se basa en la Agenda de Cambio 2019 del Gobierno de España, es totalmente coherente”, y espera en que “los cuatro objetivos transversales del plan (transición verde y digital, cohesión social e igualdad de género) y las diez áreas políticas que lo estructuran garanticen que las medidas sean coherentes en cada uno de los 30 componentes del plan. Dentro de ellos, las reformas y las inversiones se apoyan mutuamente. La coherencia también está atravesada de manera transversal a través de un conjunto de reformas que mejoran el funcionamiento de la administración pública”.
¿El notable? Los costes
“España ha proporcionado estimaciones de costes individuales para todas las inversiones, así como para aquellas reformas para las que se han especificado costes asociados en el plan”, dice Bruselas: “Las justificaciones proporcionadas por España sobre el importe de los costes totales estimados son, en la mayoría de los casos, razonables, plausibles, acordes con el principio de rentabilidad y acordes al impacto económico y social nacional esperado”.
La Comisión Europea entiende que “España ha proporcionado suficiente información y pruebas de que el importe de los costes totales estimados no está ya cubiertos por financiación europea existente o prevista. Además, los sistemas de gobernanza y control ofrecen garantías adicionales para evitar la doble financiación del Mecanismo de Recuperación [los fondos] y otros programas de la Unión Europea”.
Finalmente, “el monto de los costes totales estimados del plan de recuperación y resiliencia es proporcional al impacto económico y social esperado. Sin embargo, persisten algunas lagunas, en términos de la información y los datos proporcionados sobre la razonabilidad y plausibilidad de los costes estimados, que excluyen la calificación más alta de este criterio de evaluación”.
Documento La evaluación de la Comisión Europea sobre los componentes del plan español de recuperación, en PDF: Parte I y Parte II