¿Cuál es el conflicto entre los taxistas y las empresas con licencia VTC, Uber y Cabify?
El conflicto entre los taxistas y los propietarios de licencias VTC no es nuevo. Uber llegó en 2014 a España con su servicio UberPop, que marca su modelo de negocio y con el que opera fuera de la UE. Este servicio fue llevado a los tribunales por una asociación de taxistas y fue suspendido por un juez por utilizar conductores sin licencia, algo ilegal según la normativa española.
Desde hace dos años, la multinacional opera en España con otra modalidad: UberX. Este servicio se basa en utilizar conductores que sí tienen licencia de vehículo de turismo con conductor (VTC), la que estipula la normativa española para este tipo de transporte y que hasta ese momento utilizaban los coches con chófer privado, como el que ponen algunas empresas, hoteles o administraciones a autoridades o invitados.
Cabify también utiliza conductores con licencia VTC. La empresa también fue llevada a los tribunales por los taxistas que consideraban que ejerce una competencia desleal. La empresa se defiende asegurando que ellos operan como una agencia de viajes y que son intermediarios entre los conductores y los viajeros.
El ministerio de Fomento aprobó en el último consejo de ministros de septiembre de 2018 un real decreto para ceder la competencia estatal a las comunidades autónomas y municipios sobre la regulación de vehículos de transporte con conductor (VTC), que utilizan Uber y Cabify, con una moratoria de cuatro años para que puedan adaptarse a la exigencia de un vehículo de este tipo por cada 30 taxis.
¿Qué reclaman los taxistas?
La reivindicación de los taxistas es que se cumpla la norma de que se conceda como máximo una licencia de vehículo con conductor privado por cada 30 licencias de taxi, aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez e incluida en el Reglamento de Ordenación de Transporte Terrestre, puesta en marcha por el Gobierno de Mariano Rajoy (noviembre de 2015). Los taxistas no se fían de la moratoria de cuatro años.
La eiminación de licencias no es tan fácil ya que la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia consideró que esta condición, junto con otras que establecía el reglamento como la de tener una flota de siete coches para poder solicitar licencias VTC, iba contra el “libre mercado”.
A estas exigencias, los taxistas ahora exigen que las empresas de alquiler de coches con conductor tengan que concertar sus servicios con un tiempo de antelación, que va desde 15 minutos a una hora, como ha propuesto la Generalitat de Catalunya.
En el caso de la Comunidad de Madrid las posiciones están más enconadas. El presidente de la Comunidad, Ángel Garrido, ofreció al sector del taxi que las VTC no podrían circular por la ciudad en busca de clientes ni estar estacionados a la espera de clientes pero dejó en manos de los ayuntamientos el tiempo de precontratación de los vehículos de Uber y Cabify.
Los taxistas reclaman que las VTC no puedan recoger viajeros en las paradas de taxi, ni puedan aparcar cerca de estaciones de tren, autobuses, aeropuertos o de eventos como conciertos o partidos de fútbol. Además, solicitan que los vehículos de Uber y Cabify tengan la obligación de regresar a su base tras hacer un servicio y que el sistema de geolocalización solo esté activado tras la contratación de un servicio.
¿Cuál ha sido el detonante de las protestas de los taxistas?
La desconfianza del sector del taxi de que las administraciones públicas pongan en marcha la legislación aprobada por el Gobierno central. Pese a que el ministerio de Fomento aprobó la normativa el pasado septiembre de 2018 es cierto que las Comunidades Autónomas y los municipios no han dado pasos a la hora de regular este sector. De hecho, las licencias de VTC se dispararon en los últimos meses del año pasado, creciendo un 77%: de unas 7.500 licencias a 13.125 al terminar 2018.
El pasado verano también hubo un paro. El Área Metropolitana de Barcelona (AMB), que preside la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, aprobó el 26 de junio de manera definitiva un reglamento que condiciona a una autorización previa el ejercicio de la actividad de los servicios urbanos de las licencias VTC. Así, los vehículos de alquiler con conductor tendrían que tener, a parte de la licencia de VTC, una segunda autorización del Instituto Metropolitano del Taxi. De prestar el servicio sin tenerla, se enfrentarían a multas de hasta 4.000 euros.
Sin embargo, el pasado 19 de julio el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) suspendió cautelarmente el reglamento del AMB que regula las licencias VTC al entender que esta norma “presenta toda la apariencia de pretender soslayar que las autorizaciones VTC son títulos habilitantes estatales que por sí mismos permiten la realización de servicios tanto urbanos como interurbanos en todo el territorio nacional”. El pasado viernes el TSJC acordó mantener esta suspensión cautelar, atendiendo así a la petición que le había hecho la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y después de que Fomento retirara su petición de cautelares.
¿Cuántas licencias VTC hay por cada taxista?
En España hay 65.973 licencias de taxi y unas 13.125 autorizaciones para conductores VTC a cierre de 2018. Esto significa que hay cinco taxistas por cada conductor de Uber o Cabify, una proporción muy alejada del decreto aprobado por el Gobierno. En septiembre de 2018, la proporción era de siete taxistas por cada vehículo VTC.
Si los taxistas son autónomos, ¿pueden hacer huelga?
Efectivamente, los titulares de las licencias de taxis son trabajadores autónomos. Lo que se llama huelga del sector del taxi es, técnicamente, un paro patronal, que es la denominación que tienen los paros cuando son las propias patronales las que deciden parar para reivindicar sus intereses. En los paros patronales, las empresas cierran ese día: ni sus trabajadores trabajan ni prestan sus servicios.
Pero además de los taxistas autónomos, están los taxistas asalariados: un taxista dueño de una licencia puede contratar a uno o varios conductores para que se hagan cargo de los viajes durante el tiempo que consideren.
¿Qué derechos laborales tienen sus trabajadores?
En cuanto a los asalariados, los taxistas se rigen por el convenio colectivo nacional para el sector de auto taxis y las empresas que usan licencias VTC tienen que cumplir los convenios colectivos de alquiler de vehículos con y sin conductor. Es decir, en ambos casos hay convenios colectivos que las patronales o patronos tienen que aplicar a sus conductores contratados. Los dos tienen que tener, por ejemplo, seguro de accidente y sus empleados tienen derecho a permisos como los de matrimonio, nacimiento o asistencia a citas médicas.
El salario base de un conductor de licencia VTC en Madrid es de 890 euros mensuales en 2019. El plus por hora extraordinaria era de 10,6 euros la hora . Para los taxistas, el salario mínimo garantizado en 2019 es de 13.236,71 euros anuales brutos en catorce pagas, es decir, unos 945 euros al mes. Sus horas extra se compensan con tiempo de descanso: dos horas por cada hora extra. Tanto taxistas como conductores VTC tienen complementos, como los de nocturnidad o antigüedad.
Hay un importante colectivo de autónomos que son dueños de las licencias y que también trabajan con el vehículo. En el caso de Cabify, un 60% son empresas (con empleados) y un 40% autónomos.
Pero, entonces, ¿esto va de modelos empresariales o de derechos laborales?
La disputa es fundamentalmente de modelo empresarial y de regulación. Las principales organizaciones de autónomos, ATA y UPTA, apoyan las reivindicaciones del taxi y también sindicatos como CCOO y UGT. Consideran que el taxi es un servicio público que hay que proteger y que la liberalización es perjudicial. Los defensores del taxi aseguran también que estos cambios precarizarán las condiciones de los taxistas.
¿Qué quieren decir con que son un servicio público?
Son considerados un servicio público porque las licencias son una concesión administrativa regulada y porque son las administraciones las que regulan las tarifas.
¿Puede cualquiera ser taxista?
Las personas que quieran ser taxistas tienen que tener el permiso de conducir y cumplir una serie de requisitos que dependen del Ayuntamiento. En el caso de Madrid hay que superar un examen, carecer de antecedentes penales, no padecer enfermedades infecto-contagiosas o impedimentos físicos o psíquicos que le impidan la conducción, no ser consumidor habitual de estupefacientes o bebidas alcohólicas y tener el título de Educación Secundaria Obligatoria o uno equivalente.
Además, para adquirir una licencia de taxi hay que tener un buen colchón ya que el precio puede varias de 140.000 a 250.000 euros. La bajada del precio de las licencias es una de las losas que más pesa en el conflicto, ya que muchos taxistas se han hipotecado para poder comprar una con el objetivo de revenderla. En el caso de las VTC, el precio de las licencias oficiales es de 30 euros pero en la reventa pueden llegar a 50.000 euros, ya que se han disparado en el último año. Unos y otros están sujetos a inspecciones.