Claves del plan anticrisis: el inquilino debe pedir la prórroga del alquiler y la rebaja del IVA del 'súper' depende del IPC

El Gobierno ha despedido este martes el año político con su último Consejo de Ministros de 2022. La principal medida de esta reunión semanal del Ejecutivo ha sido el anuncio del esperado nuevo paquete de medidas económicas frente a la crisis provocada por la inflación. El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido el encargado de anunciar las ayudas que entrarán en vigor este domingo, 1 de enero, y que en su mayoría se prolongarán hasta el 30 de junio. A continuación se desgranan los detalles de este nuevo decreto anticrisis.

La rebaja del IVA de los alimentos depende de la inflación subyacente

Una de las principales medidas del nuevo paquete de ayudas frente al impacto de la inflación es la que corresponde a la cesta de la compra. En concreto, el Ejecutivo ha aprobado una medida temporal, hasta el 30 de junio de 2023, para reducir los impuestos que se pagan en la compra de alimentos. El Consejo de Ministros ha aprobado una rebaja del IVA de los alimentos básicos que implementa la aplicación del tipo al 0%.

La bajada de impuestos “se mantendrá hasta el 30 de junio o hasta que el IPC subyacente baje del 5,5%”, aclara el Gobierno. Sánchez no expuso esta condición en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que implica una inflación muy alta en los próximos meses, y que sí quedó recogida en el comunicado explicativo de Moncloa. El IPC subyacente excluye en su cálculo la energía y los alimentos frescos por su mayor volatilidad, y se situó en noviembre en el 6,3%, solo una décima por encima del nivel de octubre. 

Este índice da una visión más estructural de las subidas de precios. Y en estos niveles tan altos indica un contagio total en la cesta de bienes y servicios, y supone persistencia de la inflación de cara a 2023, incluso aunque caigan carburantes o gas. Sin embargo, el Banco de España prevé que se reducirá en los próximos trimestres, sobre todo de primavera en adelante.

El IVA al 0% es una figura que hasta el momento no está muy implementada en España pero que tiene la cobertura de la nueva legislación comunitaria para el IVA. La última directiva incorpora la posibilidad de que determinados productos, entre los que se encuentran los alimentos, puedan ser gravados al 0%. En los últimos dos años, las vacunas o las mascarillas han tributado temporalmente con esta figura.

La cesta de la compra ya estaba gravada en gran parte por el tipo superreducido, que en España es del 4%. Serán estos productos los que se vean afectados por este nuevo tipo del 0%. El listado de estos productos incluye el pan, tanto el común como las masas congeladas, así como las harinas panificables. También se encuentran en este listado las leches producidas por cualquier animal, incluidas las desnatadas, las evaporadas o en polvo. Los quesos y los huevos tampoco estarán gravados. Por último, las frutas, verduras, hortalizas, legumbres, tubérculos y cereales completan la lista. Además, dos de los productos que actualmente tienen un IVA del 10%, como son el aceite y las pastas, pasarán a tener un tipo impositivo del 5%. 

Tanto Pedro Sánchez como Yolanda Díaz han defendido que se “prohíbe el traslado de la rebaja a los márgenes de las distribuidoras”. El Ministerio de Agricultura ha señalado que esta medida “beneficiará íntegramente al consumidor”. El departamento que dirige Luis Planas asegura que el importe de la rebaja “no puede dedicarse total o parcialmente a incrementar el margen de beneficio empresarial”. “Los sectores afectados pueden, por responsabilidad social, asumir otros compromisos adicionales que redunden en un descenso de los precios de la cesta de la compra”, asegura el Ministerio en un comunicado.

El sector ha celebrado este anuncio considerando que tiene un “impacto directo y positivo en el bolsillo de los consumidores y respalda el compromiso de la cadena agroalimentaria”. Sin embargo, no ha sido del gusto de todo el sector agroalimentario. Dos industrias críticas, la pesquera y la cárnica. “Consideramos que existe un agravio comparativo con otros sectores. La carne ha sido, es y será un alimento esencial. Los comercios de proximidad, entre ellos carnicerías y charcuterías, son los establecimientos que más están sufriendo la crisis. Cada día se compra menos porque las familias no pueden consumir carne”, asegura la patronal cárnica. En paralelo, la Confederación Española de Pesca (Cepesca) critica que el Gobierno no considere al pescado como alimento básico, “lo que no contribuirá a revertir el descenso del 25% que se viene produciendo en España en el consumo en hogares de pescados y mariscos en los últimos 14 años”, afirma.

Esta medida ha sido solicitada en repetidas ocasiones por el PP y su líder, Alberto Núñez Feijóo. Si bien, desde la formación de derechas han criticado la medida porque “se queda corta”. Además, hay expertos que han puesto en duda el efecto que tienen este tipo de rebajas sobre los precios.

Cheque de 200 euros

El Gobierno ha aprobado este martes una ayuda puntual y específica para los hogares con menor renta. Se trata de un pago único de 200 euros para aquellas familias cuya renta no supere los 27.000 euros. Además del criterio de renta, el Gobierno ha puesto como condición que el patrimonio del hogar no supere los 75.000 euros, sin contar con la primera vivienda. Se tendrá de referencia la situación económica a 31 de diciembre de 2022 y podrán acceder desempleados, trabajadores por cuenta ajena y autónomos.

El objetivo del Gobierno es compensar con esta medida “la subida del precio de los alimentos”. El presidente ha defendido durante la rueda de prensa que son 4,2 millones de hogares los que se verían beneficiados con esta medida. “Con esta ayuda se reducen las situaciones de vulnerabilidad económica que no están cubiertas por otras prestaciones de carácter social, como es el caso de las pensiones o el Ingreso Mínimo Vital”, asegura el Ministerio de Hacienda en un comunicado.

El Ejecutivo ya aprobó en el último paquete de medidas otro cheque de 200 euros. Si bien, estaba limitado a hogares con menos de 14.000 euros de ingresos y que no fuesen perceptores del IMV ni pensionistas.

Prórroga de contratos de alquiler, siempre que el inquilino lo pida

Uno de los temas más discutidos en el Gobierno de coalición en este paquete de medidas ha sido el alquiler, disparado a la espera de que se apruebe la Ley de Vivienda. Desde marzo, ya estaban limitadas las revisiones de rentas de los contratos en vigor, a un máximo del 2%, pero siempre que casero e inquilino no acordaran otra cosa. Esa medida se prorroga. Además, desde el 1 de enero también se van a limitar las subidas de los contratos que tengan que renovarse. 

Esta medida afecta a los contratos de alquiler que finalicen antes del 30 de junio de 2023, que se prorrogará su vigencia, de forma extraordinaria, durante seis meses en los mismos términos y condiciones. Eso sí, tendrá que pedirlo el arrendatario. 

El arrendador deberá aceptar esa solicitud de prórroga. Con una salvedad: que las partes fijen “otros términos o condiciones por acuerdo” o que el arrendador “haya comunicado en tiempo y forma que necesita la vivienda para destinarla a vivienda permanente para sí o sus familiares en primer grado de consanguinidad o por adopción o para su cónyuge en los supuestos de sentencia firme de separación, divorcio o nulidad matrimonial”, explica el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Además, la renta de estas renovaciones de contratos -como las revisiones anuales de renta- no podrán ser superiores a la variación anual del Índice de Garantía de Competitividad, que será como máximo un 2%. En las revisiones de renta, igual. Será un alza de un máximo de un 2%, salvo que casero e inquilino decidan otra cosa.

Teórica suspensión de los desahucios de hogares vulnerables

El Gobierno también afirma que las nuevas medidas amplían el “escudo social” que se puso en marcha con la pandemia. Por ejemplo, en cuanto a desahucios de hogares vulnerables. Eso no significa que no se estén produciendo alzamientos de viviendas. 

Lo aprobado este martes por el Ejecutivo contempla ampliar hasta el 30 de junio medidas de protección para hogares que se enfrenten a procedimientos de desahucio de una vivienda habitual, que estén coordinados por órganos judiciales y servicios sociales. Estos incluyen a familias con personas dependientes, víctimas de violencia sobre la mujer o menores de edad a cargo, según indica el Gobierno.

En este último supuesto, “se establece la posibilidad de que el juez, previa valoración ponderada y proporcional del caso concreto, tenga la facultad de suspender el lanzamiento, cuando los propietarios de estos inmuebles sean personas físicas o jurídicas titulares de más de 10 viviendas” pero se solicitará un informe a los servicios sociales competentes con objeto de que puedan valorar la situación de vulnerabilidad económica e identificar las medidas a aplicar“.

Pese a estas medidas, en los últimos meses se han seguido produciendo desahucios. Por ejemplo, en Cádiz, este mes, se decretó la orden el desahucio de una mujer de Pilar, de 68 años y a su nieto, tras 11 meses de impago; o en noviembre, en Palma, se produjo el lanzamiento a un padre ciego con tres hijos menores a su cargo en la barriada El Vivero.

Presión a CCAA y ayuntamientos para rebajar los abonos transporte

En transporte, el Gobierno ya había dado luz verde a la gratuidad en 2023 de los trenes de Cercanías, Rodalies y Media Distancia, pero hasta este martes quedaba por saber qué pasaba con el transporte que depende de comunidades autónomas y ayuntamientos, por ejemplo, con los abonos.

A partir de enero y durante la primera mitad del año, estos abonos y los títulos multiviaje que dependen de las administraciones locales y autonómicas podrán rebajarse, al menos, un 50%. Eso sí, para que bajen los precios, estos gobiernos tendrán que implicarse y asumir la parte que les toca. 

Un 30% de la reducción de precios correrá a cargo del Estado, lo que conlleva un coste de 380 millones de euros, pero siempre con la condición de que la suma restante -hasta llegar a ese 50% o superior- sea financiada por las comunidades o ayuntamientos con sus propios recursos, vía sus presupuestos. De esta forma, el Estado no pondrá el 30% si comunidades y ayuntamientos no rebajan lo suyo, que no podrán apuntarse tampoco como propio un descuento que financia el Estado.

Estas administraciones no tienen que decidir de forma inmediata, antes de que acabe 2022. Entre el 1 de enero y el 1 de febrero de 2023 podrán “habilitar un procedimiento para devolver o compensar las cantidades correspondientes por la compra” de estos títulos multiviaje o abonos, con una excepción los billetes de ida y vuelta. 

Fin del descuento general a los carburantes

Dentro del nuevo paquete de medidas para aliviar el daño de la inflación, el Gobierno ha retirado una de las medidas más criticadas y, al mismo tiempo, más populares: el descuento general de 20 céntimos a los carburantes. La bonificación del combustible será ahora solo para el transporte profesional por carretera, agricultores, navieras y pescadores. 

El descuento general a los carburantes ha sido hasta ahora la medida más cara, y estaba en cuestión porque no discriminaba por nivel de ingresos, favoreciendo a familias de rentas altas, con más vehículos y mayor gasto, y fomentaba el consumo de gasolina o diésel. Es decir, animaba la demanda y alimentaba la inflación, condicionada por la invasión rusa de Ucrania y las decisiones de las dictaduras exportadoras de petróleo de Oriente Medio.

En el caso del transporte profesional por carretera, la reformulación de la bonificación se articula en dos fases: la primera contempla un descuento de 20 céntimos por litro de combustible consumido entre el 1 de enero y el 31 de marzo, y la segunda una bonificación de 10 céntimos de euros entre el 1 de abril y el 30 de junio. 

Para las flotas movidas por gas se prevé una compensación de 27 céntimos hasta marzo y de 14 céntimos de euros durante el segundo trimestre del año, dadas las especiales circunstancias a las que se enfrenta este combustible. 

Un pago al final de mes

El nuevo Real Decreto-ley del Gobierno recoge dos mecanismos para calcular y abonar las ayudas de 20 y 10 céntimos de euros por litro a los transportistas en función de si tienen derecho o no a la devolución parcial del impuesto sobre hidrocarburos. 

En el caso de las empresas que se benefician de la devolución del gasóleo profesional, la ayuda se abonará al finalizar cada mes de aplicación de la medida, junto a la devolución parcial del impuesto de hidrocarburos, y se calculará en función de los litros consumidos y pagados con las tarjetas de gasóleo profesional, entre otros sistemas. 

Así, las compañías de transporte público de viajeros en autobús y taxi, y vehículos de transporte de mercancías por carretera mayores de 7,5 de masa máxima autorizada, que actualmente reciben 4,9 céntimos de devolución por litro consumido, sumarán a esta ayuda la bonificación al combustible.

Por otro lado, se establece un sistema de ayudas directas para las empresas y trabajadores autónomos del sector que no se benefician de la devolución del gasóleo profesional. Los beneficiarios deberán solicitar la ayuda a través de la sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria entre el 1 de febrero y el 31 de marzo de 2023, que, una vez aprobada, se abonará en un único pago.

Descuento para agricultores y pescadores

En el supuesto de los agricultores, la ayuda directa se realizará también mediante la devolución del impuesto especial de hidrocarburos. Se concederá a aquellos agricultores que ejerzan el derecho a la devolución de las cuotas de este impuesto especial satisfechas o soportadas con ocasión de las adquisiciones de gasóleo agrario. 

La subvención será de 20 céntimos por litro de gasóleo consumido y se tomará como referencia el consumo destinado en exclusiva al uso agrario realizado en 2022, por ser el último ejercicio con datos cerrados.

Unos 120.000 agricultores y ganaderos solicitan anualmente esta devolución, si bien se espera que el número que finalmente se beneficie de esta ayuda, calculada en 240 millones de euros, sea mayor. La devolución se podrá solicitar a partir del 1 de abril de 2023.

Por otra parte, el Gobierno ha tenido en cuenta que la escasez de fertilizantes, derivada de la guerra en Ucrania, ha sido un problema para el sector agrícola durante la mayor parte de 2022. La Comisión Europea calcula que este año, el precio de los fertilizantes se ha duplicado o triplicado, lo que ha tenido una derivada, que la fertilización de las cosechas se ha reducido hasta un 20%. 

Ahora, en este nuevo paquete de medidas, se incluyen ayudas directas al sector primario, para compensar esta subida de costes. Serán de 22 euros por hectárea en el caso de superficie de secano y de 55 euros para el regadío, hasta un máximo de 300 hectáreas. En total, está previsto que se beneficien 300.000 agricultores y el presupuesto de la medida es de 300 millones de euros.

En el caso del sector pesquero, con un presupuesto de 120 millones de euros, se han previsto ayudas directas en función de la estimación del consumo de gasóleo de las embarcaciones. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación calcula que un total de 8.900 buques pesqueros se verán favorecidos por esta medida.

Por otro lado, el sector también se beneficia, por otros seis meses más, de la exención de las tasas pesqueras, lo que supondrá un ahorro de unos 500.000 euros en total.

Navieras

Asimismo, el Real Decreto-ley recoge una subvención de 0,1375266 céntimos de euro por cada milla navegada para el transporte marítimo regular de interés público de competencia autonómica y estatal. Esta medida tendrá una duración de seis meses, prorrogable por otros seis meses más.

Con el fin de potenciar el beneficio medioambiental, se establece como requisito que el buque emplee en sus motores principales exclusivamente combustibles de bajo contenido de azufre, como son el gas natural licuado (GNL), el gasóleo de uso marino (MGO) y el fuelóleo de bajo contenido en azufre (VLSFO).

450 millones para sectores electrointensivos y 500 más en préstamos del ICO

El Gobierno ha diseñado nuevas medidas para las industrias más gasintensivas, en nuestro país y, por tanto, las más dañadas por la escalada del precio de esta materia prima. Entre ellas, se encuentran los azulejos, el papel, el vidrio, el hierro, el acero, el aluminio, las fibras sintéticas y productos alimenticios y las fibras artificiales y sintéticas.

Por un lado, el ICO abrirá una nueva línea de financiación de 500 millones “para garantizar la liquidez de estos sectores”, según destacó Pedro Sánchez. Y, por otra parte, 450 millones en ayudas directas, dado que son “industrias muy importantes para nuestra economía”, incidió.

Las ayudas se distribuirán entre las actividades seleccionadas teniendo en cuenta “parámetros vinculados al consumo intensivo de gas, a la evolución de precios y beneficios de las actividades industriales y a su impacto medioambiental”, según ha detallado el Ministerio de Industria.

Medidas que se prorrogan: IMV, pensiones o rebajas en la factura de la luz

El paquete aprobado este martes por el Consejo de Ministros incluye la ampliación de buena parte de las medidas que ya figuraban en los anteriores. Por un lado, hasta el 30 de junio del próximo año se mantienen prorrogados los descuentos fiscales que se aplican en el IVA y los impuestos especiales de la factura de la luz y el gas. Algunas de estas rebajas siguen en vigor desde el verano de 2021. Esto incluye la suspensión del Impuesto sobre la Venta de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE), que grava la generación con un 7%, así como mantener el IVA de la luz en el tipo reducido del 5%, así como para el gas, y el tipo del 0,5% en el Impuesto Especial sobre la Electricidad. Además, se prolonga la congelación del precio de la bombona de butano, en 19,55 euros.

Por otro lado, se ha confirmado una medida anunciada hace unas semanas. El Gobierno ha prorrogado la subida temporal del 15% para el Ingreso Mínimo Vital y las pensiones contributivas. Esta ayuda se implementó a comienzos del pasado verano y se prorroga ahora hasta el 31 de diciembre. El Gobierno había pactado hace un mes con EH Bildu la prolongación de estas ayudas durante todo el próximo ejercicio a cambio de su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado. El Ejecutivo asegura que esta medida beneficia a un millón de hogares y tendrá un coste de 283 millones.

Escudo social

Dos medidas cruciales del escudo social establecido durante la pandemia serán prorrogadas: la prohibición de interrumpir por impago los suministros básicos de electricidad, agua y gas natural a los consumidores vulnerables y la posibilidad de que los trabajadores en situación de desempleo puedan acogerse al bono social.

Información realizada por Diego Larrouy, Daniel Yebra y Cristina G. Bolinches.