Las claves del plan de choque del Gobierno para abaratar la luz un 22% hasta fin de año

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el esperado Real Decreto-Ley con el plan de choque del Gobierno para abaratar la luz, que según la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, va a suponer una rebaja de la factura de un consumidor medio de un 22% de aquí a final de año, porcentaje que sumada a las rebajas temporales de impuestos aprobadas en junio, alcanzaría el 30%.

El paquete persigue taponar el efecto de la espectacular subida del mercado mayorista de electricidad, cuya cotización media diaria va a superar este miércoles por primera vez los 170 euros por megavatio hora (MWh) por los precios récords del gas y el CO2. Estas son las principales medidas que contiene el decreto:

Detracción de ingresos a hidroeléctrica y nuclear. Es a buen seguro la medida que más van a contestar las empresas eléctricas. El decreto va a recortar temporalmente (hasta el 31 de marzo de 2022) los ingresos extra que están recibiendo esas plantas (también algunas renovables que no cobran prima ni están acogidas a las subastas de los últimos años) por el espectacular encarecimiento del denominado pool, derivado del alza de de los precios del gas, que no soportan, y que ha subido un 250% este año en los mercados internacionales. Este verano de precios récord, la hidroeléctrica (sin apenas costes variables) ha sido predominante en la casación del mercado diario, aprovechando los altos precios ofertados por las centrales de ciclo combinado (que queman gas natural) por el coste de la materia prima y el CO2, con el consiguiente exceso de beneficios a costa de los consumidores.

El Gobierno estima que las denominadas tecnologías inframarginales deberán devolver al sistema eléctrico 2.600 millones de euros, teniendo en cuenta la cotización actual del gas. Este importe es adicional al recorte de 650 millones por el encarecimiento del CO2 (en este caso definitivo y pendiente de aprobación). Se descontará a las empresas de forma proporcional, con un límite del 90%, en función de la cotización del mercado ibérico de gas (MibGas), a partir de un mínimo de 20 euros (ahora supera los 60 euros), correspondiente al precio medio de Mibgas desde su puesta en marcha en 2017. Se estima que afectará a unos 50 TWh de energía. El dinero se exigirá a las eléctricas a mes vencido para que lo devuelvan a unas cuentas específicas de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Con esos fondos se reducirán los cargos, la parte regulada del recibo que fija el Gobierno.

Subastas de CO2. Mediante un aumento del límite del dinero recaudado por derechos de emisión que puede destinarse a los cargos del sector eléctrico (pasa de 1.100 millones a 2.000 millones), el Estado aportará 900 millones procedentes de la recaudación extra obtenida por las subastas de carbono, cuya cotización también se ha disparado este año como consecuencia del rebote de la economía y la mayor ambición climática de la UE, lo que ha hecho que solo hasta el 21 de junio, cuando esta espiral de subidas había comenzado ya, los ingresos obtenidos por el Estado por esas subastas ascendieran ya a 1.014 millones.

Con esos 900 millones y los fondos de la detracción temporal de ingresos a hidroeléctrica y nuclear ya mencionada, se reducirán un 96% los cargos, que financian los costes de las primas a las renovables más antiguas, el sobrecoste de los sistemas extrapeninsulares o el déficit tarifario acumulado. Con ello, la parte regulada de la factura se reducirá casi un 50% para domésticos y pymes y entre un 40% y un 25% para la industria, según las previsiones del departamento de Ribera.

Límite a las subidas del gas en la factura. La escalada de esta materia prima también va a llevar al Ejecutivo a frenar durante dos trimestres la subida de la tarifa regulada del gas natural que tienen unos 1,5 millones de suministros. El incremento medio en las tres bandas de la tarifa de último recurso (TUR) en la próxima revisión trimestral, el 1 de octubre, será del 4,6% (de entre el 4,4% y el 5%, en función del consumo), en lugar del 29% que correspondería por la evolución de la materia prima. Las cantidades adeudadas se repercutirán en las siguientes revisiones, con un “mecanismo amortiguador” similar al existente para el butano. Las comercializadoras de último recurso (CUR) tendrán que financiar transitoriamente la diferencia. Las cantidades adeudadas se repercutirán en las siguientes revisiones. En marzo de 2021 (último dato disponible) había 6.412.454 clientes de gas suministrados a precio libre (80,23% del total) y el 19,77% restante (1.579.821 clientes) estaban en la TUR, según la CNMC.

Subastas de energía primaria. Teresa Ribera lo definía este martes como “un nuevo modelo de fijación de precios de la electricidad” cuyo objetivo es “achicar” el peso del pool en la formación de los precios finales, en expresión de la vicepresidenta. Con estas subastas, se obligará a las grandes del sector a ceder parte de su energía (hasta un 25% de su generación, principalmente hidroeléctrica y nuclear) a comercializadores independientes y grandes consumidores, para conseguir reducir el peso del mercado mayorista en la formación de precios y fomentar la liquidez de los denominados mercados a plazo.

La primera subasta se celebrará antes de final de año con aproximadamente el 6,3% de la demanda nacional del año pasado, unos 15.830 GWh. Iberdrola, Endesa, EdP y Naturgy estarán obligadas a vender su energía y se establecerá un precio de reserva a propuesta de la CNMC (será confidencial) en función de los costes de generación. La norma prevé reformar la tarifa regulada del precio voluntario al pequeño consumidor (PVPC) que tienen más de 10 millones de consumidores domésticos para que incorpore la referencia de precio de esa subasta con una ponderación máxima del 10%. Pero la anunciada modificación de la tarifa regulada queda, si acaso, para más adelante.

Rebajas fiscales. El decreto aprobado incluye también las rebajas fiscales temporales de la factura ya anunciadas, que consisten en prorrogar hasta diciembre la rebaja del IVA al 10% para los domésticos, la suspensión del impuesto a la generación del 7% y la reducción hasta el límite que permite Bruselas (con una bonificación del 90%, hasta situar el tipo en el 0,5%) del Impuesto a la Electricidad del 5,11%. La recaudación de este tributo (unos 1.400 millones al año) está cedida a las Comunidades Autónomas, y el Gobierno deberá compensarlas por ello; según los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), supondrá una merma de ingresos de 380 millones de euros. En el Ejecutivo confían en que los mayores fiscales recibidos hasta ahora por las subidas de la luz de los últimos meses laminen la pérdida de ingresos.

Suministro mínimo vital. Es una de las medidas de carácter permanente. El Gobierno lo tenía previsto desde que aprobó en 2019 su Estrategia contra la Pobreza energética de 2019. Esta figura se introducirá en la Ley del Sector Eléctrico para ampliar la prohibición de corte del servicio eléctrico a los consumidores vulnerables severos durante seis meses más (diez en total), al tiempo que se garantiza un “abastecimiento mínimo de confort” con una potencia de 3,5 kv.

Medidas medioambientales. Se reformará la Ley de Aguas para, según Ribera, garantizar un “uso racional del recurso” y evitar súbitos desembalses de los pantanos tras las impactantes imágenes vistas en este verano de precios récord de la luz, “que a todos nos han dado vergüenza”. Al inicio de cada año hidrológico, las confederaciones hidrográficas fijarán un régimen mínimo y máximo de caudales mensuales a desembalsar en los embalses mayores de 50 Hm3, tanto para situaciones de normalidad hidrológica como de sequía prolongada, así como un régimen de volúmenes mínimos de reservas embalsadas para cada mes.

Estas medidas son independientes de las dos medidas “estructurales” que había planteado hasta ahora el Gobierno para abaratar el recibo: el fondo para sacar las primas a las renovables de la factura, que el Congreso ha empezado a tramitar esta semana, y el mecanismo para detraer los ingresos del CO2. Ambas iniciativas están recogidas en sendos proyectos de ley y el Consejo de Ministros ha aprobado este martes tramitarlos por vía de urgencia. El Foro Nuclear ha advertido este martes del “cese de actividad del parque nuclear si el proyecto de Ley del CO2 sale adelante en los términos planteados” porque, asegura, lleva a pérdidas a los reactores, que aportan un 20% de la electricidad.

Según el lobby nuclear, la excesiva presión fiscal que soporta el parque nuclear español y el impacto del proyecto de Ley del CO2 en su redacción actual (conjuntamente pueden superar los 30 €/MWh), unidos a los 3.000 millones de euros previstos de inversiones a realizar hasta el cese de la operación del parque nuclear en 2035“, conducirían al parque nuclear ”a su inviabilidad económico-financiera y le abocarían al cese anticipado de la actividad“. Todo ello, ”en un entorno de precios de futuro por debajo de 50 €/MWh desde al año 2024 y a la baja, por la masiva entrada de energías renovables en el sistema con costes marginales tendentes a cero“. Foro Nuclear señala que el decreto aprobado este martes, ”aun siendo de aplicación temporal, ahonda aún más en la penalización a la generación eléctrica de origen nuclear“.