Hace exactamente 15 meses, el 22 de septiembre de 2021, las vicepresidentas Nadia Calviño y Teresa Ribera enviaron un non-paper (un documento de posición) a Bruselas: insistían en la necesidad de reformar el mercado mayorista de electricidad y proponían la creación de una plataforma centralizada de compra de gas como forma de reducir la dependencia de la UE a través de la creación de reservas.
“Hemos pedido a la Comisión Europea que sea audaz en la respuesta”, decía el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el 6 de octubre de 2021 a su llegada a la cumbre UE-Balcanes en Eslovenia: “Estamos ante una crisis sin precedentes, que necesita de medidas extraordinarias, innovadoras, contundentes por parte de la UE para poder contener este alza de los precios de la electricidad. En este sentido, el Gobierno de España ha planteado la compra conjunta de gas. Y tenemos que revisar el sistema de fijación de precios, que está penalizando las fuentes de energía renovables”.
Lo que España representaba en otoño de 2021 era una posición minoritaria, acompañada parcialmente por países del sur, pero con la oposición total de Alemania y Países Bajos y el escepticismo de la Comisión Europea, que se limitaba a hacer una caja de herramientas sin una sola medida nueva.
Además, el 24 de febrero de 2022 el presidente ruso, Vladímir Putin, decide invadir Ucrania, lo que termina de agudizar la crisis energética y el uso de la energía como herramienta de defensa y sanción por parte de la UE –independizarse de la energía rusa a la par que aprobar embargos al carbón y el petróleo– y como arma –con los cortes del gas enviado a la UE realizados por Moscú–.
A partir de ahí, la inflación no dejó de escalar durante 17 meses, hasta el 10,6% de octubre pasado. Mientras el BCE decide subir los tipos, hasta el 2,50% el jueves pasado, y mientras la recesión se asoma en un invierno que ya empieza a notarse.
Lo que en septiembre de 2021 parecía un debate teórico alentado por la subida de la factura de la luz, en diciembre de 2022 se ha convertido en realidad. Y los ministros de Energía de la UE han terminado acordando las compras conjuntas de gas, la relajación de los permisos para acelerar las renovables y un tope al precio del gas para no pagar una cantidad excesivamente elevada, no para pagar un precio barato: 180 euros/MWh. Hace un año pensar en un tope al precio del gas parecía inverosímil, y ahora queda por delante otra reivindicación española que ya está en la agenda: la reforma del mercado eléctrico.
“Para nosotros este año ha sido un año complicado”, explica Ribera, “en el que hemos ido ganando apoyos en los argumentos y en el modo en el que explicábamos las preocupaciones y presentábamos las propuestas. Y esta es una de las cosas en las que habíamos fijado nuestra atención desde el primer momento, pero yo creo que lo más importante es que esta es una respuesta de todos, una respuesta de la que no debamos apropiarnos ninguno en particular. Lo más relevante del día de hoy es una respuesta del Consejo en general”.
El ministro de Industria y Comercio checo, Josef Síkela, presidente de turno del Consejo de la UE, ya lo dijo en julio: “Convocaremos todos los Consejos de Energía que sean necesarios [para alcanzar un acuerdo]”. Y al final, en el último del año y después de 11, lo han conseguido, y ha regalado una sudadera con esa frase al resto de colegas europeos.
Los ministros de Energía de la UE han alcanzado un acuerdo para que la UE cree un mecanismo de intervención del mercado del gas, llamado Mecanismo de Corrección del Mercado. Austria y Países Bajos se han abstenido, mientras que Hungría ha votado en contra.
El mecanismo se activará cuando, durante tres días consecutivos, el precio en el TTF alcance 180 euros/MWh y supere en 35 euros/MWh el precio de referencia de los mercados internacionales de gas natural licuado. En ese momento, pasará a actuar un “límite de precio dinámico” que se calcula como la suma del precio de los mercados internacionales de gas natural licuado + 35 euros/MWh.
Mientras el mecanismo esté activo, “no se permitirá la realización de transacciones relacionadas con los futuros de gas natural que estén dentro del alcance del mecanismo de corrección por encima del tope, llamado 'límite de precio dinámico'”, explican los ministros de Energía.
El “límite de precio dinámico” es el precio de referencia del gas natural licuado en los mercados internacionales (basado en una cesta internacional de centros de transacciones de gas natural licuado) más 35 euros/MWh. Es decir, si el precio de referencia del gas natural es inferior a 143 euros, el límite de oferta dinámica se mantendrá en la suma de 143 y 35 euros.
Una vez activado, el límite de precio dinámico se aplicará durante al menos 20 días hábiles. Si el límite es inferior a 180 euros/MWh –145+35– durante los últimos tres días laborables consecutivos, se desactivará automáticamente.
España no quería un tope fijo en una cantidad concreta. Defendía un plus al precio medio de los mercados internacionales, ni más ni menos. Es decir, un tope dinámico en función del precio medio del mercado.
“Hemos tenido que acercar posiciones”, responde Ribera: “A nuestro juicio, habría sido acertado un mecanismo dinámico en el que directamente se aplicara el precio medio de los mercados internacionales más un diferencial. Pero es verdad que había muchos Estados miembros que necesitaban que el momento en el que activar esta excepción estuviera vinculado a un precio considerado muy por encima del que fuera habitual”.
Por eso, el debate sobre cuál era ese umbral mínimo para activar la corrección del mercado ha sido tan difícil. “Del mismo modo que había Estados miembros, o la propia Comisión, que pretendían que no se activara nunca cuando estuviera por debajo de 275 euros, a nosotros nos habría gustado que no hubiera una barrera de entrada de estas características. Hemos encontrado una referencia que es excepcional, pero que es razonable desde el punto de vista de cuál es el umbral máximo de lo que estamos dispuestos a pagar”.
Podrá activarse a partir del 15 de febrero de 2023.
“Hace casi un año que venimos pidiendo poder establecer un sistema de plataforma para compras conjuntas; para poder fijar una referencia que dé una señal a los mercados sobre cuál es el precio máximo que Europa esté dispuesta a pagar”, ha dicho la vicepresidenta Teresa Ribera después de sellar el acuerdo. “Hoy hemos conseguido acordar este sistema de corrección del mercado de gas para las situaciones excepcionales en las que el gas suba hasta tal nivel que se distancia enormemente de la media de los mercados internacionales”, ha añadido.
El mecanismo se define como un límite de precio para los productos derivados del gas natural (con duración desde trimestral hasta anual), que tienen como punto de entrega el mercado TTF (Países Bajos) y se venden y compran en los mercados organizados.
A partir de aquí, el acuerdo de los 27 establece que la Comisión Europea podrá extender el alcance del mecanismo a otros hubs (mercados) europeos antes del 31 de marzo de 2023, siempre y cuando se verifique que se puede hacer de forma segura.
Al mismo tiempo, la Comisión Europea podría incluir unos hubs europeos y excluir otros, según sea el resultado del análisis que sus técnicos realicen.
El límite de precio se desactiva automáticamente cuando durante tres días consecutivos los precios globales están por debajo de 145 euros/MWh (es decir, 180-35 euros/MWh).
Existen una serie de condiciones que podrían llevar a la suspensión del mecanismo: la declaración de emergencia a escala general de la UE, o regional en la UE en el sector del gas natural; la inestabilidad de los mercados financieros, en particular por detectarse un incremento de los requerimientos de garantías (‘margin calls’) a las empresas que operan en los mercados organizados de gas; el descenso de la llegada de gas natural licuado a la UE que afecte a la seguridad de suministro; o el incremento importante de la demanda de gas respecto a años anteriores.
El mecanismo de corrección del mercado se suspenderá si la demanda de gas aumenta un 15% en un mes o un 10% en dos meses, las importaciones de gas natural licuado disminuyen significativamente o el volumen negociado en el TTF cae significativamente en comparación con el mismo período de hace un año.
“El sistema ofrece atractivos para el mercado europeo, pero sin caer en el error de lanzar la señal de estar dispuestos a pagar cualquier precio”, ha afirmado Ribera: “Estará supervisado por la propia Comisión. Habrá una evaluación de la Agencia de Reguladores Energéticos y del Sistema de Seguimiento de los Mercados Financieros en Europa, con la finalidad de poder modular, ampliar su aplicación o introducir algunas actualizaciones, en el supuesto de que veamos que no es suficientemente transparente, no es suficientemente eficaz o genera distorsiones en los mercados financieros o los mercados energéticos”.
Ribera ha recordado que el sistema cuenta “con algunas cláusulas que permiten suspender la aplicación del mecanismo: si de repente cayera drásticamente el consumo de gas natural en Europa o subiera drásticamente, o si cayera drásticamente la llegada de gas natural a Europa, o supuestos en los que, por la razón de urgencia que se considere justificada, pueda suspenderse la aplicación del mecanismo”.
Alemania siempre ha sido refractaria a un tope al precio del gas por considerarlo arriesgado para garantizar el suministro: tiene dinero, y prefiere pagar caro a que surjan problemas en un territorio inexplorado como la fijación de precios del gas.
Así, se ha incorporado algo que pedía Berlín en el acuerdo relativo a la facilitación de proyectos renovables (permitting), elementos de aceleración para redes y almacenamiento energético, pero con dos características fundamentales: estas disposiciones serán de aplicación totalmente voluntaria por parte de los Estados miembros y solo se aplicarán en caso de que los Estados miembros hayan definido zonas prioritarias para renovables o redes.
“Entendemos que algunos Estados miembros están en una situación excepcional y han pedido que haya una habilitación para que haya un levantamiento de la aplicación de la normativa ambiental en áreas en las que ya haya habido una evaluación previa y en áreas en las que se haya determinado que ese espacio debe ser ocupado”, ha abundado Ribera: “Debe ser utilizado para el desarrollo de energías renovables. Pero depende de la decisión nacional de cada uno de los Estados miembros”.
La respuesta la da la vicepresidenta Ribera: “Era muy importante que fuera un acuerdo del conjunto del Consejo de Energía [pese a las abstenciones de Austria y Países Bajos y el voto en contra de Hungría]. Me parece que las decisiones de estas características no pueden ser tomadas dejando fuera a actores muy relevantes en el conjunto de la economía y de la industria europea”.
“Sabiendo todos que para Alemania es un tema muy sensible”, ha dicho Ribera, “porque tienen el temor de cómo van a responder a las necesidades energéticas de su país, no debíamos regular, o tomar decisiones al margen o en contra de Alemania o consintiendo que Alemania se encontrara mal. Por eso, el hecho de que Alemania haya pedido una especial comprensión sobre cómo pueden acelerar todos sus procedimientos de permiso para el desarrollo de renovables, hay que entenderlo”.
Ribera añade: “Nunca se ha tomado una decisión de estas características y es importante monitorizar. Pensamos que es una respuesta compatible y familiar para los operadores del mercado de gas y, por tanto, habrá una capacidad de adaptación sin que haya ningún tipo de riesgo”.
Esta intervención de los precios acordada este lunes, se produce después de que los ministros de Energía acordaran el 9 de septiembre intervenir el mercado eléctrico, limitando el precio de las inframarginales –lignito, renovables y nuclear– en 180 euros/MWh; un impuesto del 33% a los súperbeneficios de las industrias fósiles y reducir el consumo de luz como aprobó en verano la reducción del consumo de gas.
Por el camino, el Gobierno español consiguió antes del verano el visto bueno a la excepción ibérica –tras ser aprobada por los 27 en la cumbre de marzo–, que permite a España y Portugal poner un tope al precio del gas por su escasa interconexión con el mercado único europeo, lo cual ha generado un ahorro de 2.300 millones de euros para los consumidores, a pesar de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho que lo suprimiría si llega al Gobierno, y de que su partido lo ha tachado de “timo ibérico”.
Además, España ha logrado que el recorte del 15% en el consumo de gas de la UE presente excepciones en países sin alternativas, islas o poco conectados, de nuevo como la Península Ibérica, que tienen que reducir el 7% en el consumo de gas, la mitad que el resto de la UE.
La excepción ibérica se aplica, en principio, hasta finales de mayo de 2023. Y es un mecanismo que permite disociar el precio del gas del precio de la electricidad, de la factura de la luz.
“Es una garantía importante para el funcionamiento del sistema eléctrico con precios razonables”, explica Ribera. Quien añade: “Y hoy de lo que estamos hablando es de una señal que va al origen del problema: el precio del gas. El precio del gas funciona, afecta al precio de la electricidad cuando generamos electricidad con gas, pero también a la industria cuando tiene que utilizar gas para su producción, y en general al conjunto de la economía. Por tanto, era importante también mandar esta señal con respecto al precio del gas. Desde el punto de vista de la excepción ibérica y del sistema eléctrico, del precio de la electricidad, lo que supone es que incorpora un precio máximo adicional al gas. Es decir, si en estos momentos en el mercado eléctrico estamos diciendo que no se aceptan ofertas por encima de un determinado umbral, pero hay que pagar el precio del gas en todo caso para quien ha generado electricidad con gas, ahora estamos diciendo que, además, usted no me podrá pagar una factura de gas por encima de 180”.
Los 27 han acordado que el mecanismo se aplique a los contratos de derivados con un mes de antelación, tres meses de antelación y un año de antelación. Se refiere al tiempo durante el cual se puede comprar el contrato a un precio determinado antes de que expire. El límite máximo no se aplicará a las transacciones extrabursátiles (OTC), donde los participantes negocian directamente entre dos partes, sin cotizar en una bolsa; las bolsas diarias y las bolsas intradiarias.
El 23 de enero de 2023, ESMA y ACER publicarán un informe de datos preliminares sobre la introducción del mecanismo de corrección de mercado.
ESMA y ACER evaluarán los efectos del mecanismo de corrección en los mercados financieros y energéticos y en la seguridad del suministro, para verificar si los elementos clave y el alcance del mecanismo de corrección del mercado siguen siendo adecuados a la luz del mercado y la seguridad financiera y energética y de la evolución del suministro, y presentarán informes a la Comisión Europea a más tardar el 1 de marzo de 2023.
La Comisión Europea propondrá entonces modificaciones para excluir a los centros distintos del TTF del reglamento en caso de que su inclusión tenga efectos negativos en el funcionamiento del mecanismo, a más tardar el 31 de marzo de 2023.
Antes del 1 de noviembre de 2023, la Comisión Europea llevará a cabo una revisión del reglamento a la vista de la situación general del suministro de gas y, en base a dicho informe, podrá proponer la prórroga de su vigencia.
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