La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) reconoce que nunca llegó a elaborar el estudio que anunció en septiembre de 2015 sobre los posibles “beneficios extraordinarios” y “ventajas competitivas” en el mercado de generación eléctrica. El informe finalmente no se llevó a cabo. “Quedó aparcado”, confirman fuentes del 'súperregulador'.
El asunto de los llamados “beneficios caídos del cielo” está de plena actualidad. Con el precio de la energía disparado desde hace semanas en el mercado mayorista, junio amenaza con ser el mes con el recibo de la luz más caro de la historia, coincidiendo con la entrada en vigor de la nueva factura diseñada por la CNMC, que discrimina el consumo en las horas con más demanda.
Ante la escalada, el Gobierno anunció el 1 de junio un recorte de unos 1.000 millones a las eléctricas minorando los ingresos de hidráulica y nuclear por el CO2 que no emiten, medida que, según dijo el jueves el ministro de Consumo, Alberto Garzón, el Ejecutivo se plantea acelerar y aprobar por decreto. Un extremo que no confirma el Ministerio para la Transición Ecológica, que eligió el mecanismo del anteproyecto para consensuar su formato definitivo, por tratarse de una medida de carácter estructural que previsiblemente las eléctricas recurrirán en los tribunales.
El debate en España sobre los llamados windfall profits se abrió a raíz de un informe publicado en 2008 por la extinta Comisión Nacional de la Energía (CNE), uno de los organismos absorbidos en 2013 por la CNMC, que en septiembre de 2015 prometió abordar esta cuestión. En abril de 2019, fuentes de la CNMC, que entonces presidía José María Marín Quemada, todavía aseguraban a preguntas sobre ese informe que aún se estaba “trabajando en ello”, en la medida de sus posibilidades.
Pero desde la entidad que desde hace un año preside Cani Fernández confirman ahora que la elaboración del estudio se detuvo mucho antes, cuando todavía no había llegado al cargo el actual director de Competencia, Joaquín López Vallés. Vallés fue nombrado en noviembre de 2017.
Cuando se anunció la puesta en marcha de ese informe sobre el nivel de competencia en el mercado de generación eléctrica en España, la CNMC dijo haber detectado “de forma preliminar la posible existencia de una serie de impedimentos al desarrollo de una competencia efectiva” y una serie de “ineficiencias” en esta actividad.
El estudio tendría por objeto “determinar el grado de concentración en el mercado de generación eléctrica y sus posibles implicaciones en términos de competencia, así como la formación de precios en el mercado a plazo y en el llamado pool” o mercado mayorista de electricidad.
El organismo, además de velar por la libre competencia y de regular los sectores de energía, telecomunicaciones o transportes, tiene encomendado por ley “promover y realizar estudios y trabajos de investigación en materia de competencia, así como informes generales sobre sectores económicos”.
“Se trata de esclarecer si determinados operadores ostentan una situación de poder de mercado susceptible de alterar el funcionamiento normal del mercado”, explicó entonces la CNMC, en una nota de prensa hoy imposible de encontrar en su web.
Entonces, la dirección de Promoción de Competencia del organismo estaba todavía encabezada por el economista y técnico comercial Antonio Maudes, responsable de un informe a favor de la economía colaborativa que partió en dos el pleno del organismo y que acabaría dimitiendo en septiembre de 2017.
Activos “heredados” e “irreplicables”
Entre las empresas que, según indicó entonces la CNMC, podrían aprovecharse de ese hipotético poder de mercado, estarían “aquellas que cuentan con activos estratégicos (emplazamiento de las centrales, el acceso a los recursos hidroeléctricos, el acceso a combustibles, las restricciones de transporte o los derechos contractuales heredados) cuya propiedad les otorga una ventaja competitiva y que son, además, irreplicables”.
“Esto les permite obtener beneficios extraordinarios que, sin embargo, no conllevan una entrada de nuevos operadores, dado el carácter insustituible de los activos que los generan”, indicó Competencia, en alusión a los famosos beneficios caídos del cielo de las eléctricas, que ahora quiere atajar el Gobierno.
Alberto Garzón señaló el jueves que el Ejecutivo se ha abierto a rebajar el IVA de la factura, algo que no confirmó luego la ministra Portavoz y de Hacienda, María Jesús Montero, que prefirió “no especular” hasta no tener tomada una decisión que, recordó, corresponde a su departamento. Antes, las vicepresidentas Teresa Ribera y Nadia Calviño dieron a entender que el Ejecutivo podría suspender impuestos a las eléctricas como ya hizo en 2018.
Serían medidas de carácter extraordinario para contener la escalada mientras entran en vigor las medidas planteadas por el Gobierno. El mecanismo para minorar el exceso de ingresos que reciben por el encarecimiento del CO2, según las eléctricas, atenta contra la seguridad jurídica y adelantará el apagón nuclear. Se aprobaría en paralelo a la espera del fondo para sacar de la tarifa el coste de las renovables y cargarlo gradualmente al conjunto de los consumidores de energía que ha empezado a tramitarse en el Congreso. Este fondo tiene el rechazo de petroleras, gasistas y parte de la industria.
El pasado 7 de junio, Teresa Ribera instó a la CNMC a que “analice cualquier posible comportamiento irregular o mala práctica de mercado por parte de los operadores eléctricos coincidentes con la entrada en vigor de la nueva estructura tarifaria”. Dos ministros de Unidas Podemos también han pedido a la CNMC que adelante la hora más barata a las 22.00 horas, pero la CNMC ha asegurado que sería “precipitado” hacerlo. Sin embargo, el Gobierno tiene en su mano adelantar la hora valle en la parte regulada del recibo que depende de Transición Ecológica, los llamados cargos.