Un informe secreto de la CNMV revela que Bankia incumplió la ley con sus preferentes

Es un informe de febrero de 2013, pero pone luz a lo que pasó con las preferentes en España entre 2008 y 2011. No se trata de una denuncia de ninguna parte afectada ni de un borrador interno: es un documento oficial y confidencial de la Comisión Nacional de Mercado de Valores (CNMV), el organismo del Estado que entre otras cosas supervisa los mercados de valores españoles. En el dossier, al que ha tenido acceso eldiario.es, hay una recopilación de operaciones bancarias, comunicaciones oficiales al más alto nivel y acusaciones directas que retratan el comportamiento con sus clientes de dos de las cajas de ahorro más importantes de España y del gran banco surgido tras su fusión. Muchos de esos clientes, ahorradores humildes, creían estar contratando una inversión de bajo riesgo a un precio justo. La Justicia ya ha dicho que eran muy arriesgadas y ahora el regulador bursátil pone el acento en que el precio estaba inflado deliberadamente.

La CNMV hace una inspección parcial de las operaciones entre junio de 2010 hasta noviembre de 2011. Solo tomando como ejemplo seis emisiones, se calcula que decenas de miles de clientes de Bankia perdieron entre 140 y 225 millones de euros por culpa de prácticas irregulares en la venta de participaciones preferentes de Caja Madrid, Bancaja y luego Bankia y en los que se había invertido al menos 685 millones de euros. Estas cifras son apenas la punta del iceberg, ya que los cálculos elevan hasta 5.000 millones la inversión de los minoristas en este producto financiero solo en Bankia. En el propio informe se habla de anteriores documentos de la CNMV que detectaron un “incumplimiento generalizado” de las normas ya en 2008 y 2009.

Las pérdidas se calculan mediante una estimación del sobreprecio que pagaron en su momento los compradores por sus participaciones preferentes. Y lo hicieron porque compraron por el dinero que fijó el banco. El organismo regulador acusa directamente a las entidades de haber manipulado los precios de las participaciones preferentes en su beneficio, de hacerlo además de manera continuada y de mantener desinformados a los ahorradores afectados.

Las entidades “incumplieron” la Ley de Mercado de Valores, dice sin ambages el informe, que incluso cita específicamente los artículos violados: se trata sobre todo de una parte del artículo 70, que regula los “conflictos de interés”, pero también otras partes de la legislación. No fue cosa de un error o de una racha: las prácticas presuntamente ilegales se dieron “de forma no aislada o puntual”, certifica la CNMV, que es otra forma de decir que se trató de algo permanente y sistematizado.

Este informe ve la luz en un momento crítico para los afectados por las preferentes en este banco, que tienen que decidir si acuden al proceso de arbitraje, canjean sus preferentes por las acciones de la entidad, con la quita correspondiente que ya les ha anunciado el Banco de España o, directamente, se van a los juzgados.

El concepto sobre el que giran todas las irregularidades es el de “valor razonable”. El informe tiene claro que las cajas y Bankia ofrecían preferentes a sus clientes más modestos a precios “significativamente superiores” al “valor razonable”, es decir, al valor que habrían tenido si la operación se hubiera realizado entre clientes directamente en un mercado abierto para este tipo de productos, que de hecho existe. Para pequeños clientes, las entidades fijaban ellas mismas el precio con sistemas informáticos de cada caja diseñados para que la banca siempre ganara, para que el cliente vendedor siempre quedara satisfecho con su especulación y para que el que comprara no supiera en lo que se había metido.

Los números no dejan lugar a la duda. La CNMV revisó unas 65.400 operaciones de compraventa de participaciones preferentes, desde junio de 2010 hasta noviembre de 2011. Como estamos hablando de clientes “minoristas”, es decir, pequeños ahorradores que no se dedican a comprar y vender productos financieros sino que hacen una inversión puntual de sus ahorros, cabe pensar que cada operación pertenece a un cliente diferente. El informe habla por tanto de los ahorros de decenas de miles de personas, que invirtieron entre todos alrededor de 685 millones de euros en este producto. La pérdida media posible para estos inversores sería de 2.600 euros por operación, aunque hay diferencias abultadas entre unas emisiones y otras, así como entre una misma emisión en diferentes fechas.

Cojamos como ejemplo una de las emisiones de preferentes más voluminosas que analiza el organismo, la que tiene el número de serie ES011537021. Se realizan 28.044 operaciones con un importe invertido de alrededor de 340 millones de euros. Las pérdidas estimadas para esta serie oscilan entre los 95 y los 124 millones de euros. Para los clientes de esta emisión que acudieron a comprar en agosto de 2011, las pérdidas pueden llegar hasta rozar los 5.700 euros por persona, cuando un año antes apenas superaban los 2.100 euros. Además, en algunas emisiones, el organismo regulador hace más ejercicios para calcular impacto negativo, tomando como criterio una simulación de los clientes que acudieron a un canje y con el precio de referencia de las acciones de Bankia en ese momento.

La situación de los inversores en preferentes de Bankia es especialmente delicada por dos circunstancias que se recogen en el propio informe. En primer lugar, porque cuando muchos de ellos se arriesgaron a comprar estos productos, conocidos en el argot financiero como híbridos, Bankia aseguraba tener unos beneficios de 321 millones de euros. En cuestión de semanas, los resultados de que fuera la gran caja madrileña, se dieron la vuelta y reflejaron unas pérdidas de 4.370 millones de euros. En el propio informe se refleja que la CNMV tuvo que rehacer los cálculos ante un cambio tan drástico de las cuentas.

Además, el posible canje de las preferentes por bankias hará desaparecer, prácticamente, la inversión del preferentista. Como ya es conocido, Bruselas y el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, FROB, el brazo armado del Estado que es de facto dueño del banco, valoraron cada título en 0,01 céntimos. En definitiva, la situación para el comprador se agrava, porque además de comprar a un precio injusto su inversión se ha convertido en un cúmulo de papeles de muy bajo valor en el presente.

El Estado ha fijado que la quita media para los inversores que decidan canjear sus preferentes por acciones de Bankia será del 38%. Una media que en algunos casos está en línea con el sobreprecio que la CNMV ve que se pagó en su momento por estos productos.

Sistemas internos, opacos e irregulares

El precio al que el cliente compra la preferente quedaba fijado, según denuncia el informe, a través de un sistema informático propio de la entidad: una especie de Intranet de preferentes, que cuadraba la oferta y la demanda dentro de la propia entidad para mantener el precio. Bancaja y Caja Madrid reconocieron ante la CNMV que utilizaban ese sistema interno para mantener los precios dentro “un margen” de “más/menos dos puntos”. Es decir, para que el que compre preferentes nunca pague mucho menos de lo que pagó el que se las vende. “En todos los casos”, dice el informe, se vendieron preferentes por un valor que no tenían. Se hizo de forma masiva.

Si la comercialización de estos productos se hubiera quedado en el perímetro de los inversores mayoristas, no se hubiera producido esta situación ya que este tipo de clientes tienen la capacidad y los canales para cruzar por sí mismos estos productos y formar un precio de mercado. Pero la necesidad de liquidez de las cajas, que se encontraban con una fuerte sequía de crédito, forzaron a sus responsables a salir a pedir a los minoristas liquidez mediante estos productos incomprensibles para la mayoría de ellos. La promesa de una alta rentabilidad y la confianza en la caja de ahorros de toda la vida convencieron a muchos de ellos.

La mayoría sufre y una minoria gana. No se dice una, ni dos, sino varias veces en el informe. “Se observa un claro conflicto de intereses entre los clientes que compraban las emisiones y los que las vendieron” porque “los compradores se veían perjudicados comprando al 100% títulos cuyo valor razonable era sensiblemente inferior, mientras que los vendedores se veían beneficiados al realizar la operación inversa”.

Bankia no hizo nada para remediar todo este desaguisado porque, de hecho, el sistema le beneficiaba al mantener el negocio sin alteraciones. Contra lo que dice la ley y contra el criterio de la CNMV, las entidades no comunicaron este conflicto de intereses a sus clientes. Las entidades mantuvieron el rumbo y fueron matizando su comportamiento sin avisar a los afectados para evitar, dice el informe, “posibles reclamaciones”, que se desatara una crisis “reputacional” (sic) o que hubiera “pérdida de clientes”. Es decir, el informe ayuda a comprender que Bancaja, Caja Madrid y Bankia operaron irregularmente y no lo comunicaron para no comprometer su futuro, que pasaba, entre otras cosas, por su fusión y la posterior salida a Bolsa, en julio de 2011.

El documento en poder de eldiario.es está elaborado por el departamento de Supervisión de la Dirección General de Entidades, va firmado por sus directores y tiene fecha de febrero de 2013. En él se insta a que la CNMV elabore un “dictamen de legalidad” y que se abra “un expediente sancionador” a Bancaja, Caja Madrid y Bankia. El informe se eleva, con todos los datos recabados en los últimos años, al Comité Ejecutivo de la CNMV, al frente del cual está la presidenta del organismo, la exdiputada del PP y exministra de José María Aznar, Elvira Rodríguez. Durante el tiempo en el que tuvieron lugar los hechos que se constatan en el informe, el Gobierno de España lo ejercía el PSOE, el control político de las cajas de ahorro de Madrid y Valencia pertenecía al PP y la dirección de Bankia la ostentaba Rodrigo Rato. Hoy el equipo directivo de Bankia ha cambiado por completo y la entidad ha sido rescatada con fondos públicos.

No hay constancia pública de que ni el actual ni el anterior equipo del Ministerio de Economía ni de la CNMV haya denunciado los hechos más allá de las comunicaciones internas con las entidades, a las que se advirtió en al menos dos ocasiones para que corrigieran una conducta calificada por la dirección de Supervisión del organismo como ilegal.

El informe