Se cierra otro capítulo del conflicto entre los trabajadores de la planta de Coca-Cola en Fuenlabrada (Madrid) y la multinacional. La empresa y los empleados han llegado a un acuerdo que se concretará este miércoles en un acto de conciliación, según han explicado ambas partes a eldiario.es, para evitar que se celebre un macrojuicio que se iba a iniciar este jueves. La causa corresponde a unas 160 denuncias individuales de trabajadores para que Coca-Cola cumpla con las funciones que les había asignado en el centro logístico que creó la multionacional cuando tuvo que readmitir a los empleados, tras quedar anulado el ERE aprobado en 2014.
El conflicto laboral se ha alargado durante cuatro años, con sentencias a favor de una y otra parte y todavía quedan varios flecos en el aire. Los trabajadores consiguieron que la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo anularan el ERE que la multinacional aplicó en 2014 en varias fábricas y que afectó a 821 personas. La empresa estuvo obligada a readmitir a los trabajadores en sus puestos y a abonar los salarios de tramitación, es decir, los dejados de percibir desde la aplicación del despido colectivo hasta la sentencia.
En septiembre de 2015 Coca-Cola anunció la reapertura de la planta de Fuenlabrada, donde se enquistó el conflicto, pero no en las mismas condiciones que antes de que se produjera el ERE: ya no sería una planta de producción, sino un centro logístico (Centro de Operaciones Industriales y Logísticas, COIL).
La plantilla, respaldada por Comisiones Obreras, acudió de nuevo a los tribunales porque consideraba que no se estaba respetando la sentencia que obligaba a la readmisión si la fábrica no abría con el mismo estatus que tenía antes de los despidos. En este caso, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo fallaron a favor de Coca-Cola, y avalaron la readmisión de los empleados que aplicó la embotelladora.
“Esta batalla jurídica la hemos perdido en los tribunales españoles”, explica el abogado de los trabajadores, Enrique Lillo, de Comisiones Obreras, dado que el Tribunal Constitucional no admitió a trámite el recurso de amparo de los trabajadores. El letrado añade que los empleados de Coca-Cola en Lucha van a llevar su caso a Estrasburgo: “Estamos con el procedimiento especial del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”.
El cumplimiento del centro logístico
Pero la lucha en los tribunales españoles no terminó con estas sentencias y se ha alargado hasta hoy. La forma en la que la Coca-Cola readmitió a los trabajadores en el centro logístico de Fuenlabrada ha dado lugar a varios enfrentamientos. La empresa comunicó una serie de funciones en el nuevo centro logístico que más tarde modificó sustancialmente, aplicando el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores.
Los trabajadores recurrieron esta modificación de sus condiciones por dos vías, una denuncia colectiva y unas 160 demandas individuales. Respecto a la primera, el Juzgado de lo Social número 2 de Móstoles anuló la acción de la multinacional y obligó a respetar las condiciones pactadas previamente. Aunque Coca-Cola recurrió la sentencia en un primer momento, más tarde retiró el recurso y propuso negociar a los trabajadores.
El nuevo parecer de la multinacional, tras cambiar de bufete de abogados, venía acompañado de una llamada a “desjudicializar el conflicto” por parte de la compañía. Un mes antes también acordó evitó llegar a juicio con su compromiso de pagar los sueldos que reclamaban los empleados.
Las 160 denuncias individuales sobre las funciones de los trabajadores en el centro logístico aún quedaban pendientes y es el capítulo que van a cerrar ambas partes este miércoles. “La denuncia colectiva ya se juzgó y efectivamente la sentencia anula la puesta en marcha del artículo 41”, afirman fuentes de Coca-Cola a eldiario.es y explican que, como ya existe esa resolución, la compañía va a cumplir con las funciones previas a la modificación de las condiciones laborales y reitera su voluntad de “diálogo” con los trabajadores.
“El trabajador no es que esté de acuerdo con ello, pero desde el punto de vista legal son las condiciones que Coca-Cola debía haber desarrollado y no les da efectividad”, afirma Enrique Lillo. El letrado recuerda que los trabajadores defienden que la planta sea industrial, no logística, pero hasta que sepan si Estrasburgo falla a su favor van a pelear para que al menos se cumplan las condiciones acordadas en la readmisión. “Va a haber acuerdo, prácticamente lo tenemos hablado”, sostiene Lillo.
Por otra parte, la empresa mantiene su demanda contra Juan Carlos Asenjo, delegado sindical de CCOO y uno de los rostros más conocidos de Coca-Cola en Lucha, por “coacciones continuadas, usurpación y defraudación de fluido eléctrico”, de la etapa en la que los trabajadores mantuvieron un campamento a las puertas de la fábrica. La demanda ha sido admitida a trámite por un juzgado de Móstoles. Asenjo enfrenta una posible pena de 2 años y 9 meses de cárcel si resulta culpable de estos delitos, y una “pena simbólica de un euro” en concepto de responsabilidad civil, explican desde la empresa.
Los empleados exigen que Coca-Cola cumpla efectivamente con lo pactado y que las funciones prometidas se pongan en práctica cuanto antes, ya que denuncian que la multinacional no les asigna apenas trabajo como mecanismo de presión y que el centro logístico es “ficticio”, algo que niegan en la empresa. Enrique Lillo confía en llegar a soluciones lo antes posible, pero reflexiona sobre el coste del largo conflicto judicial: “Llevamos cuatro años de historias. ¿Cómo es posible?”.