Cofely esquiva la quiebra técnica por las pérdidas: 55 millones en números rojos desde el estallido de Púnica

Cofely España, una de las empresas de la trama Púnica, perteneciente a la multinacional francesa Engie, acaba de esquivar la quiebra técnica en la que estaba sumida como consecuencia de las pérdidas continuadas que arrastra desde hace años. La filial de la antigua GDF-Suez acumula más de 55 millones de euros en números rojos solo desde 2014, cuando estalló ese escándalo de presuntos sobornos a cambio de contratos públicos en ayuntamientos de la Comunidad de Madrid.

El caso Púnica, por el que Cofely está imputada como persona jurídica en la Audiencia Nacional junto con varios directivos y exdirectivos, derivó en una macrocausa que implica a medio centenar de políticos y empresarios y compañías como la multinacional española Indra. El viernes pasado, la Fiscalía Anticorrupción pidió la imputación de Esperanza Aguirre y de Cristina Cifuentes en la pieza en la que se investiga la supuesta financiación ilegal del PP madrileño.

En el caso de Cofely, la trama que encabezaba Francisco Granados, ex mano derecha en Madrid de Aguirre, supuso un duro golpe reputacional, aunque las pérdidas de la filial vienen de atrás. Su último año en beneficios fue 2010, cuando ganó apenas 1,3 millones tras facturar más de 305 millones. Desde entonces, acumula más de 87 millones en resultados negativos.

Las mayores pérdidas se registraron al año siguiente de estallar Púnica en octubre de 2014: casi 31 millones, por las fuertes provisiones que tuvo que dotar en 2015. Ese año presentó un expediente de regulación de empleo (ERE) para despedir a más de 300 empleados.

La filial, que actualmente emplea a unas 2.000 personas, se anotó el pasado ejercicio números rojos de casi 4 millones. “A pesar de las difíciles condiciones del mercado, de una fuerte competencia y del deterioro de la imagen de Cofely España”, su cifra de ventas (que tocó fondo en 2016, cuando ascendió a 153 millones) creció un 16%, hasta 182 millones. Se acelera así el repunte que comenzó en 2017, cuando sus ventas aumentaron un 3%.

La sucesión de pérdidas de los últimos años ha propiciado un desequilibrio entre el capital y el patrimonio neto de Cofely que quedó solventado el pasado 28 de junio a través de una reducción de capital de 13 millones.

Se trata, explican fuentes de la empresa, de “un tecnicismo muy habitual que se aplica para mantener la situación patrimonial de las compañías tras varios ejercicios negativos y, lógicamente, evitar la quiebra técnica y seguir, como es el caso de Cofely, con absoluta normalidad su actividad y proyección de cara al futuro”.

Las mismas fuentes destacan que la compañía ha conseguido incrementar su facturación en 2018 “tras implantar un modelo de negocio enfocado en servicios de eficiencia energética de valor, centrados en la descarbonización, digitalización y descentralización, completamente en línea con los objetivos de la transición energética”. Aseguran que, “salvo en 2015, que fue cuando más incidencia tuvo el caso, no se puede decir que, posteriormente, haya habido una relación directa” entre Púnica y los malos resultados de la empresa.

7 años de investigación

Como consecuencia del procedimiento que se sigue en el Juzgado de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, la mayoría de los contratos investigados han quedado suspendidos o rescindidos, con excepción del de Móstoles (el de mayor cuantía), que seguía vigente a cierre de 2018. El proceso va para largo. En sus últimas cuentas anuales, la matriz de Cofely, Engie, señala que la investigación del caso Púnica, que afecta a “12 empleados de Cofely España y a la propia compañía”, “se espera que esté resuelta el 30 de marzo de 2022”, cuatro años más tarde de lo previsto a cierre de 2017.

“Las fechas de cierre y retrasos son decisiones del Ministerio Fiscal y juez donde nosotros no entramos”, dicen en Cofely España, que señala que “la mayoría de los directivos imputados no están en la actualidad en la compañía”.

Como consecuencia de ese procedimiento penal, Cofely tiene provisionados en sus cuentas 17,7 millones por deterioro de deudas comerciales correspondientes a los contratos de eficiencia energética con ayuntamientos bajo investigación judicial. En 2015, depositó en el juzgado una garantía de 5 millones para cubrirse de eventuales responsabilidades.

Sostiene que “los pasivos que pudieran originarse por estos compromisos y garantías, si los hubiera, no resultarían significativos”. Su auditor, EY, advierte de que “el desenlace final podría diferir de las conclusiones alcanzadas por los Administradores”.

Fuentes de la empresa subrayan que, “ante cualquier indicio de mala praxis, en Cofely se ha actuado con rapidez. Todos los clientes fueron informados puntualmente de las medidas éticas adoptadas por la empresa que es la primera interesada en evitar malas praxis profesionales”.

“Judicialmente, la compañía ha colaborado, colabora y colaborará con la Justicia para lograr el esclarecimiento de los hechos y ha puesto a disposición de la Justicia la documentación disponible sobre su actividad, las adjudicaciones investigadas y las medidas para evitar casos similares”, concluye Cofely.