In extremis, Luis de Guindos ha logrado aprobar la última de las reformas pendientes del Gobierno, la liberalización de los colegios profesionales. La redacción de esta norma ha sido uno de los pricipales quebraderos de cabeza del Ejecutivo, que ha retrasado más de medio año su puesta en marcha. El Consejo de Ministros aprobó este viernes el Anteproyecto de ley, pese a que durante el mes de agosto las partes implicadas, los colegios, tendrán muy difícil presentar alegaciones debido al periodo vacacional. Además, el texto es menos ambicioso de lo previsto inicialmente, ya que los farmacéuticos salen indemnes y no se abrirá al capital privado estos negocios híperregulados. Cabe destacar que la familia de De Guindos está muy ligada al mundo farmacéutico. Sus padres regentaban una oficina de farmacia y su hermano, Juan de Guindos, era consejero hasta el año pasado de Cofares, la principal cooperativa de distribución de medicamentos de España.
En un primer borrador de la ley de servicios profesionales, se barajó abrir el negocio de las farmacias al capital privado para dar entrada en España a grandes grupos del sector como Boots. En un segundo borrador, se restringía la aportación privada al capital de las oficinas de farmacia siempre y cuando el farmacéutico controlara la entidad. Finalmente, se ha eliminado en el texto cualquiera de estas opciones.
El asedio de los colegios profesionales al ministerio ha sido un goteo continuo en los casi diez meses que se ha tardado en perfilar la norma. Uno de los más beligerantes había sido el Consejo General de Colegios de Abogados, que ha pedido entrevistarse insistentemente con De Guindos y también con el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. Uno de los padres de la Constitución, Miquel Roca, llegó a advertir de la inconstitucionalidad de la medida anunciada. A falta de que el ministerio cuelge el texto del Anteproyecto y se conozcan los pormenores del nuevo sistema, en la lista de profesiones de obligatoria colegiación se conserva la de abogado y también la de procurador pero solo para asistir a juicios. Se introduce un cambio en estas dos actividades y es la posibilidad de compatibilizarlas, algo imposible hasta el momento. Se libera así a miles de abogados de empresa de la obligación de colegiarse. También se liberalizan los aranceles que pueden cobrar los procuradores lo que puede redundar en un abaratamiento de este servicio.
La lista de profesiones de obligada colegiación queda de la siguiente forma:
- Profesiones sanitarias: médicos, farmacéuticos, veterinarios, odontólogos, enfermeros, fisioterapeutas, ópticos-optometristas y podólogos.
- Profesiones jurídicas: abogados, procuradores, graduados sociales, registradores y notarios.
- Profesiones técnicas: se establece la colegiación obligatoria para los profesionales que realicen actividades para las que se exija visado (nueve actividades en el ámbito de la edificación y el manejo de explosivos, fundamentalmente).
En cuanto a la posibilidad de que un ingeniero pueda firmar un visado de una vivienda, algo prohibido por el momento, queda en el aire a la espera de que un grupo de expertos emita una recomendación al Gobierno sobre el tema. Así, se anuncia la creación de una Comisión que decida sobre las reservas de actividad, esto es, ciertas competencias que están atribuidas en exclusivas a determinadas profesiones, que según Economía son unas 120. Dentro de la Comisión un grupo de trabajo específico dirimirá si se pueden flexibilidar las reservas de actividad de las edificaciones permitiendo que, por ejemplo, un uso de vivienda lo pueda realizar un ingeniero o que un puente lo firme un arquitecto.
De Guindos ha querido quitar hierro a la polémica de la liberalización de los colegios asegurando en rueda de prensa que la parte más interesante de la norma es la que estipula reglas de buen gobierno y transparencia a estas entidades. Por ejemplo, no podrán dar trabajo a familiares de cargos de los Consejos y los consejeros no podrán acceder a cargos públicos.
También habrá un mayor control sobre las cuentas de estas instituciones a las que se les refuerza el papel de garantes del comportamiento y la deontología profesional de sus colegiados.
En un periodo indeterminado, el ministro Luis de Guindos ha asegurado que la medida redundaría en un impacto de 7.000 millones de euros en la economía española.