Hace una semana se anunció el acuerdo entre el Gobierno, sindicatos y organizaciones empresariales para la reforma del mercado de trabajo. Hace 48 horas la propuesta fue aprobada por el Consejo de Ministros. Y la Comisión Europea celebra el pacto alcanzado. “En tanto que la Comisión Europea ha respaldado al Gobierno español en sus esfuerzos por lograr un acuerdo con los interlocutores sociales sobre la reforma del mercado laboral, por supuesto acogemos con satisfacción el hecho de que se haya alcanzado dicho acuerdo”, explica un portavoz del Ejecutivo comunitario a elDiario.es.
Mientras, en España, el PP de Pablo Casado se ha apresurado a descalificar el acuerdo y a anunciar su oposición a la reforma laboral –aunque algunas voces en su partido piden una reflexión–, aunque haya sido un proceso auspiciado por una Comisión Europea presidida por alguien del PP europeo, Ursula von der Leyen, y cuyo vicepresidente económico, Valdis Dombrovskis, también es del PP europeo. Dombrovskis, además, es el principal interlocutor para los fondos europeos y el plan de reformas, en el que se incluyen las líneas generales de la reforma laboral pactadas con la Comisión Europea y que suponen el eje del acuerdo alcanzado por el Gobierno y los agentes sociales.
En todo caso, la Comisión Europea, como es habitual, evita pronunciarse sobre el fondo del acuerdo, en tanto que aún no está del todo cerrado por estar pendiente del trámite parlamentario. “Como siempre, no hacemos comentarios sobre procesos en curso que tienen lugar en los Estados miembros”, prosigue la fuente, que avanza: “Evaluaremos detenidamente los detalles de la reforma del mercado laboral español en su momento, de acuerdo con el reglamento del instrumento de recuperación y resiliencia”.
En efecto, la reforma laboral es uno de los compromisos del Gobierno español dentro del mecanismo europeo de recuperación, por el que el Gobierno tiene adjudicados 140.000 millones de euros hasta 2026, si bien el Ejecutivo, de momento, sólo ha pedido los 69.500 correspondientes a las transferencias y subvenciones.
De momento, España ya ha recibido en 2021 los 9.000 millones correspondientes a la prefinanciación (13%) y los 10.000 millones del primer tramo propiamente dicho –la transferencia se hizo el pasado lunes–.
El reglamento de los fondos europeos implica que la Unión Europea va liberando el dinero cada seis meses si se han ido cumpliendo una serie de hitos y objetivos –reformas, inversiones, trámites parlamentarios–. De esta manera, el compromiso del Gobierno era aprobar en el Consejo de Ministros la reforma laboral antes de que terminara 2021 y que entrara en la petición de los 12.000 millones del primer semestre de 2022.
Para recibir buena parte de esos 12.000 millones en los próximos seis meses, la reforma laboral debe haber pasado el proceso parlamentario en los próximos meses y ser coherente con el componente 23, es decir, con lo acordado entre Bruselas y Trabajo como líneas maestras de esa reforma laboral.
Y esto es lo que evaluará Bruselas para liberar el dinero, que cumpla los hitos y objetivos comprometidos en el componente 23 del plan de recuperación español entregado a la Comisión Europea en abril pasado.
De momento, el acuerdo entre Gobierno, sindicatos y organizaciones empresariales cumple con lo acordado con Bruselas, según los firmantes del pacto. ¿Por qué? “Porque recupera el papel central de la negociación colectiva, reforzando el poder de las organizaciones sindicales”, explican fuentes de la negociación: “Se recupera la ultraactividad de los convenios, que era una de las demandas principales de los trabajadores del metal de la bahía de Cádiz; deroga la prevalencia del convenio de empresa en materia salarial; y se acometen cambios de primera magnitud en el modelo de contratación para combatir la temporalidad y la precariedad, los dos grandes males del mercado de trabajo en España”.
En este sentido, Bruselas siempre ha apoyado el marco del diálogo social, como figura en su evaluación sobre España y como se ha comprometido el Gobierno en su plan de recuperación. “La reforma que aborde la segmentación del mercado laboral es tradicionalmente una de las principales recomendaciones”, explicó el comisario europeo de Finanzas, Paolo Gentiloni, en una reciente visita a Madrid: “Vamos a mirar la propuesta legislativa, las decisiones del Parlamento. Pero creo que el método que eligió el Gobierno para intentar construir esta propuesta a través del diálogo con los interlocutores sociales es un buen método. Cuando tienes reformas, especialmente reformas delicadas, si puedes lograr el apoyo de los interlocutores sociales, esto le da a tus propuestas una fuerza adicional”.
En una entrevista reciente con El País, el comisario europeo de Finanzas afirmaba: “El mercado laboral ha sido tradicionalmente un problema en España, con muchas diferencias entre los trabajadores más protegidos y los que menos. El camino elegido por España de negociar con los agentes sociales es una buena decisión. El Consejo aprobó el plan y en el mercado laboral pidió que la modernización de la negociación colectiva y la reorganización de los contratos se haga logrando un equilibrio entre la seguridad y el dinamismo económico. No es algo subjetivo. Son las decisiones del Consejo que acompañaban la aprobación del plan español que, por cierto, es el mayor en volumen de subvenciones, incluso más que el italiano”.
El comisario europeo de Finanzas, además, decía algo revelador: que la nueva fase de negociación con Bruselas, después de la llevada a cabo por Trabajo con el componente 23 del plan de reformas, no se va a producir hasta que haya un texto: “Nuestra evaluación llegará cuando tengamos las propuestas. Sé que el Gobierno español es consciente de esto. Tenemos una buena cooperación. El mensaje es que la estructura del plan ya está definida. Lo que evaluaremos cuando tengamos las propuestas legislativas será cómo se equilibrará la seguridad laboral con la flexibilidad”.
En este sentido, Bruselas destaca que “el plan [del Gobierno español] incluye medidas para reducir la alta proporción de contratos temporales y reforzar las políticas activas del mercado laboral que se espera mejoren su funcionamiento” y confía en que “ayude a abordar la fragmentación existente de la protección por desempleo, la provisión de habilidades y calificaciones relevantes para el mercado laboral que deberían acompañar la transición verde y digital del país”.
El documento español enuncia la reforma del mercado laboral, “cuyo diseño final se ha dejado abierto, ya que está sujeto al resultado del proceso de diálogo social”, afirmaba la evaluación de Bruselas: “Con el objetivo de preservar el empleo, el plan incluye la puesta en marcha de un mecanismo de flexibilidad y estabilidad laboral que se basa en el uso de esquemas de jornada reducida. Se espera que el nuevo mecanismo promueva el acceso a la formación y la movilidad voluntaria de los trabajadores en caso de recesiones. El plan también incluye una modernización del sistema de negociación colectiva, que se llevará a cabo sobre la base de una evaluación que identifique las deficiencias existentes en el sistema”.
Bruselas confía en que el paquete general de reformas del mercado laboral “logre el equilibrio adecuado entre flexibilidad y seguridad”.
La recuperación de la negociación colectiva enterrada por la reforma laboral de Mariano Rajoy, el mecanismo permanente de flexibilidad interna (ERTE estructurales) y la estabilidad en el empleo, por ejemplo, son algunos de los aspectos de la reforma negociados con sindicatos y patronal.
En este sentido, Bruselas “espera que la mayoría de los componentes del plan contribuyan a un crecimiento inteligente, inclusivo y sostenible. Un número importante de componentes contribuyen significativamente a la cohesión social y territorial, principalmente a través de medidas para abordar los desafíos en el mercado laboral y mejorar la empleabilidad, inversiones en inclusión social y mejoras en el despliegue de servicios públicos e infraestructura en todo el territorio”.
Asuntos pendientes
Cuando llegó al poder, el PP lanzó una segunda oleada de reformas tras los ajustes europeos aprobados en 2010 con José Luis Rodríguez Zapatero en el Gobierno. En febrero de 2012, una cámara captó a De Guindos diciéndole al entonces comisario europeo de Finanzas Olli Rehn en un Consejo de ministros de Economía de la UE en Bruselas: “Mañana aprobaremos una reforma laboral extraordinariamente agresiva”.
Entre otras cosas, la reforma de Rajoy redujo la indemnización por despido improcedente de 45 a 33 días, se ampliaron las causas del despido objetivo, las empresas ya no tuvieron que pedir permiso a la administración para poner en marcha ERE, mientras que los trabajadores perdieron poder negociador y se otorgó mucho poder a los empresarios para modificar las condiciones laborales.
A menudo circula la idea de que la Comisión Europea se siente identificada con la reforma laboral de Mariano Rajoy. Y, durante la pasada crisis financiera, es verdad que recibió el respaldo comunitario. Sin embargo, en los últimos años Bruselas no deja de insistir en asuntos pendientes que han ido pasando de reforma en reforma –la precariedad, la dualidad, el paro juvenil, el paro estructural– y que la reforma de 2012 no ha logrado resolver.
El Gobierno de coalición se pactó con un programa que comprometía una reforma del mercado de trabajo que incluyera el desmontaje de la normativa de Rajoy, que, además de no sacar a España del pódium de países de la UE con más paro, se ha llevado toques de atención por parte de la Comisión Europea por ser tan lesiva con los convenios colectivos.
“Es bastante sorprendente que, a pesar de las recomendaciones que viene haciendo la propia Comisión Europea al Reino de España desde hace años”, explicó Yolanda Díaz en Bruselas, “que tienen que ver con el déficit estructural del mercado de trabajo, sustancialmente la falta de estabilidad, el gran problema que supone la segmentación del mercado de trabajo español o de la dualidad, vayan a ser abordadas ahora por primera vez en nuestro país. Hay una absoluta anomalía en el mercado de trabajo español que se alarga desde hace más de 36 años. Los problemas del mercado de trabajo español son el paro estructural, el paro coyuntural, el paro estacional, el paro juvenil y una precariedad que es absolutamente insoportable. Pues bien, es la primera vez que el Gobierno de España, de la mano de la Comisión Europea, va a abordar estas reformas. Y digo más, son absolutamente corresponsables de la misma”.
¿Es la reforma que quiere Bruselas? “Sinceramente, creo que sí”, respondía entonces Díaz: “Si se miran los datos de paro y de temporalidad y precariedad a lo largo de la democracia española, en sus series históricas, es difícilmente explicable que a lo largo de estos 40 años no se hubieran cambiado las dinámicas. Lo vamos a intentar y este es el objetivo de las reformas. Los agentes sociales conocen el alcance de las reformas y les doy las gracias porque están a la altura de las circunstancias. Comparten el diagnóstico y saben bien que tenemos mucha tarea para cambiar por fin el mercado de trabajo español en conjunto”.
“Por primera vez, España se ha comprometido con Europa a hacer frente a los problemas de la temporalidad y precariedad”, explican en Trabajo, “y es uno de los elementos de las reformas estructurales clave del componente del mercado de trabajo. España asume el compromiso de mitigar en su ordenamiento laboral todos los dispositivos que han dado lugar a esta enorme tasa de temporalidad. Para ello, se revisarán los contratos y se hará todo lo posible para que la estabilidad en el empleo sea el mecanismo ordinario de contratación de los trabajadores, entre otras cosas”.