Visto bueno de Bruselas al primer tramo de los fondos europeos de recuperación solicitado por España. La Comisión Europea ha dado su aprobado preliminar a los 10.000 millones solicitados formalmente por España el 12 de noviembre. España se convirtió en el segundo país de la UE cuyo plan de recuperación aprobó Bruselas; en uno de los primeros en recibir la parte de la prefinanciación en agosto (9.000 millones); el primero en solicitar en noviembre el primer tramo y, también, el primero en recibir el visto bueno del Ejecutivo comunitario este viernes por la tarde.
“Hemos sido el primer país en solicitar el pago por el cumplimiento de hitos y objetivos y también en recibir una evaluación favorable, confirmando una vez más la confianza y la buena cooperación con las autoridades europeas”, ha afirmado la vicepresidenta Nadia Calviño en un texto publicado en Linkedin.: “Esta evaluación confirma el importante avance en las inversiones y reformas impulsadas por el Gobierno”.
A partir de aquí, el Consejo, los Gobiernos, tienen hasta cuatro semanas para evaluar la solicitud española. Si todo va como está previsto, España podría recibir el dinero antes de que acabe 2021 y cumplir los objetivos del Gobierno, que había presupuestado ese dinero en las cuentas de 2021.
“El plan español de recuperación y resiliencia incluye un amplio abanico de medidas de inversión y reforma en 30 componentes temáticos”, explica Bruselas: “Tiene un valor de 69.500 millones de euros en transferencias y subvenciones, el 13% de los cuales (9.000 millones de euros) ya se han desembolsad como prefinanciación el 17 de agosto de 2021. Los pagos en el marco del fondo de recuperación y resiliencia de la UE se basan en el rendimiento y dependen de que los Estados miembros cumplan las inversiones y reformas descritas en sus respectivos planes nacionales”.
Lo que ha evaluado en este caso la Comisión Europea para estos 10.000 millones es el cumplimiento de 52 hitos, desarrollados hasta mediados de 2021. La Comisión, que tenía hasta dos meses, ha terminado su evaluación en 4 semanas. Ahora el Consejo –los 27 Gobiernos– tiene hasta cuatro semanas.
Los hitos y objetivos aparecen descritos en una suerte de contrato –operational arrangement–, unas disposiciones operativas para los 27 que detallan el mecanismo de seguimiento del cumplimiento de los hitos y objetivos de las reformas. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, lo firmó el 4 de noviembre; el propio Gentiloni, el 9; y la Comisión y el Gobierno lo hicieron público el pasado 10 de noviembre.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha afirmado: “Hoy logramos un nuevo hito en la implementación de nuestro plan de recuperación NextGenerationEU. En nuestra opinión, el primer Estado miembro, España, está listo para recibir un pago de NextGenerationEU. Tan pronto como esto también sea aprobado por los Estados miembros, España recibirá 10.000 millones de euros. Esto se debe a que España ha avanzado mucho en la implementación del NextGenerationEU. Y vendrán más. Estamos ayudando a modernizar nuestras economías y crear buenos empleos para los europeos”.
Dinero a cambio de hitos
España contaba con que no hubiera problemas para estos 10.000 millones que ha aprobado el Ejecutivo comunitario. Pero las curvas pueden llegar con lo que está por venir, en particular la reforma del mercado de trabajo y de las pensiones. La primera, aún en el diálogo social, debe estar publicada en el BOE antes de que acabe el año. La segunda, antes del verano de 2022.
En relación con esta última, España y Bruselas han firmado la extensión del periodo de cómputo de años para la jubilación. Hubo muchos tiras y aflojas en la comisión del Pacto de Toledo, en el diálogo social y dentro del Gobierno de coalición. Hasta tal punto, que el Gobierno sopesó hasta el último minuto enviar a Bruselas una propuesta de reforma de las pensiones que recogiera expresamente un aumento de 25 a 35 del número de años cotizados para calcular la prestación a cobrar al llegar a la jubilación. Así consta en la penúltima versión de las fichas que el Ejecutivo ha remitido a la Comisión Europea, a la que tuvo acceso elDiario.es y que se distribuyó en las últimas semanas de 2020. La versión definitiva que envió a Bruselas ya no recogía esta precisión, aunque sí mantenía la intención de ampliar los años de cálculo.
En mayo se conoció el texto enviado a la Comisión Europea, el componente 30, que definía varias cuestiones de la reforma de pensiones, como el margen temporal en el que pretende aumentar lo que cotizan los salarios más altos de manera progresiva, durante las próximas tres décadas, y sobre el periodo de cómputo para calcular la pensión se usa el verbo “adecuar” a partir de 2023.
El componente 30 del Plan europeo de Recuperación tenía por título 'Sostenibilidad a largo plazo del sistema público de pensiones en el marco del Pacto de Toledo'. “La reforma de las pensiones está orientada a asegurar la sostenibilidad financiera del sistema en el corto, medio y largo plazo, mantener el poder adquisitivo, preservando su adecuación y suficiencia en la protección frente a la pobreza, y garantizando la equidad intergeneracional”, recoge el documento, que enfatiza la voluntad de la que la reforma adquiera el consenso en el diálogo social después de alcanzar el acuerdo político en las recomendaciones del Pacto de Toledo.
Un mes después, ya en junio, ese verbo “adecuar” da paso al verbo “extender” en los documentos. El hito 408, llamado “adecuación del periodo de cómputo para el cálculo de la pensión de jubilación”, se define como “entrada en vigor de la legislación relativa a la adecuación del período de cómputo, extendiendo el período de cómputo para el cálculo de la pensión de jubilación”.
Pues bien, en el contrato conocido en noviembre, las disposiciones operativas para la evaluación de los hitos y metas a los que se ha comprometido España para los fondos europeos, se vuelve a decir lo mismo.
Como confirma un portavoz de la Comisión Europea, “las disposiciones operativas acordadas con las autoridades españolas no establecen nuevos requisitos sobre el hito 408 correspondiente del anexo CID [Decisión de ejecución del Consejo por la que se aprobó el plan de recuperación español en junio] sobre la ampliación del plazo de cómputo para el cálculo de la pensión de jubilación. El hito 408 establece que esta legislación entrará en vigor a finales de 2022. De manera más general, corresponde a los Estados miembros determinar qué reformas o medidas incluir en el plan. La Comisión Europea evaluará los planes de recuperación y resiliencia sobre la base de los 11 criterios establecidos en el reglamento de los fondos europeos, que ha sido acordado por todos los Estados miembros y el Parlamento Europeo”.